DEBIDO PROCESO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA PENA. Un gran avance en Jujuy.

Actualizado: 16 abr 2021





DEBIDO PROCESO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA PENA. Un gran avance en Jujuy.



Durante mucho tiempo la tesitura del Juzgado de Ejecución de la Pena de Jujuy fue la de considerar a la etapa de ejecución penal como una mera etapa administrativa. Esto traía aparejados serios inconvenientes cuando se daba la situación de la imposición de sanciones disciplinarias a los internos, ya que las mismas eran impuestas prácticamente sin contralor alguno sobre el proceder de la autoridad penitenciaria. En sendas oportunidades las sanciones se imponían sin que el interno tuviese una oportunidad real de defenderse, lo que es más, se imponían a internos que no tenían defensor penal, sin hacerles saber que podían designar un abogado para que los asistiera en esta etapa. En otras ocasiones, habiéndose apersonado un defensor, las sanciones se tramitaban sin notificación alguna al mismo.


Cabe destacar que se trata de una cuestión que ya había sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera verdaderamente acertada. Así, podemos mencionar someramente como hito jurisprudencial el fallo en el caso "ROMERO CACHARANE" (C.S.J.N. fallo del 09/03/2004", R. 230. XXXIV), en el cual la Corte manifestó que el juzgamiento de las infracciones atribuidas durante la ejecución de la pena a condenados, deben ser rodeadas de todas las garantías procesales que establece nuestro régimen constitucional.


Así pues, los principios fundamentales del sistema adversarial deben extenderse más allá de la culminación del proceso y traspasar hacia la etapa de ejecución penal, pues ¨sus principios rectores de inmediación, contradicción e igualdad de armas deben coadyuvar a mejorar la valoración de los informes penitenciarios y mitigar la preeminente visión de órganos ajenos al poder judicial, (Servicio Penitenciario), tomada en ocasiones como exclusiva fuente de evaluación del interno¨, toda vez que la imposición de una sanción disciplinaria sobre éste, al margen de tratarse de una cuestión de índole administrativo, impacta directamente sobre el concepto del penado, obstaculizando la obtención de beneficios que la ley 24.660 concede bajo requisito de buena conducta.


Versa el Art. 91 de la Ley 24.660: El interno debe ser informado de la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el director del establecimiento antes de dictar resolución, la que en todos los casos deberá ser fundada. La resolución se pronunciará dentro del plazo que fije el reglamento.


Si bien es cierto que mediante las Actas de Notificación y Descargo se le notifican a los internos los hechos que se le imputan y se les toma declaración, no basta, sin embargo, que este acto procesal prescrito por el Art. 40 del Decreto 18/97 se limite sólo a informar cuáles son sus derechos, sino que se debe garantizar el efectivo ejercicio de los mismos, de lo contrario se cae un una mera apariencia de respeto hacia ellos. ¨La intimación que debe efectuarse en el marco de toda declaración indagatoria debe… llenar todas y cada una de las condiciones que sean indispensables para que el imputado pueda oponer eficazmente sus medios de defensa e impugnar así los medios que la acusación haya empleado en su contra¨ (CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal Tomo II, Ed. Temis, 3° Edición, Colombia, p 363.).



Lo cierto es que la ejecución penal es una etapa muy peculiar sobre la cual la mayoría de los abogados particulares no suele volcarse, quedando esta etapa, por lo general, en manos de la Defensa Pública. Así pues, es encomiable la labor del Ministerio Público de la Defensa y del Servicio Público de la Defensa Penal de Jujuy, organismo de reciente creación en la provincia, que a través de la labor de la Defensoría de Ejecución de la Pena ha logrado en los últimos años reconducir la postura judicial hacia un respeto de los derechos fundamentales también dentro de la etapa de ejecución de la pena.


A continuación, transcripción del reciente fallo del Juzgado de Ejecución Penal haciendo lugar al planteo de nulidad del procedimiento administrativo de sanción disciplinaria, en el cual se exhorta al Servicio Penitenciario la observar las reglas del debido proceso en este tipo de procedimientos:

 

San Salvador de Jujuy, 28 de octubre del 2020

AUTOS Y VISTO:

Las constancias de este Expte. N° 104/I/20 caratulado: “Incidente de Nulidad de L., M. Oscar”.


CONSIDERANDO:

I - Se inician las presentes actuaciones a instancias del planteo de Nulidad formulado por la Sra. Defensora de Ejecución Penal, Dra. María Gabriela Sánchez de Bustamante, quien se presenta a fojas 04/07 solicitando que se declare la nulidad de la Orden N° 281 D.E.P. N° 120 de fecha 03 de junio del año 2020, que en su parte resolutiva dispone: “Artículo Primero: APLICAR al interno penado mayor provincial L., M. Oscar el correctivo disciplinario consistente en quince (quince) días ininterrumpidos de permanencia en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención según lo estipulado en el art. 19 inciso “e” del Decreto 18/97 del Régimen Disciplinario de Internos …”.


El incidente se articula en relación a las actuaciones administrativas caratuladas Expediente Administrativo N° 216 letra “I” /20: “Supuesta Falta Disciplinaria por parte del interno L., M. Oscar “alteraciones al orden y a la disciplina del sector. Falta de respeto al personal penitenciario”, iniciado por la Dirección de Internos Penados EP N° 1 el 29 de mayo de 2020.


Que la acción se fundamenta en que, en dichas actuaciones, se habrían vulnerado en forma grave los derechos y garantías que le asisten al interno L., esencialmente la garantía del debido proceso y derecho de defensa consagrada en el Art. 18 de la Constitución Nacional, 29 de la Constitución Provincial y Tratados Internacionales que fueran incorporados a nuestro derecho interno mediante la reforma del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.


Que el planteo persigue concretamente que se declare la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en el expediente administrativo antes mencionado, y esencialmente la Orden N° 281 D.E.P. N° 120 del 03 de junio del corriente año.


Así, la defensa del interno solicita la revisión judicial de un proceder administrativo que estima irregular por vicios que lo invalidan en forma absoluta.


Algunos de las irregularidades enunciadas son: que el art. 40 del Reglamento N° 18/97 exige que el sumariante en el plazo de un día, debe notificar al imputado sobre los "cargos existentes en su contra", los derechos que le asisten, y en el mismo acto el interno puede realizar su descargo y ofrecer prueba. Que, sin embargo, de las constancias de la causa -esencialmente de fs. 22- ACTA DE NOTIFICACIÓN Y DESCARGO DEL INTERNO PENADO MAYOR PROVINCIAL LAVALLEN M. OSCAR - ART. 40 DEL DECRETO 18/97 DEL R.D-I)- “no surge que en forma fehaciente se le haya hecho saber en forma cierta cuáles eran los hechos que se le imputaban, ya que en ése acto la oficial sumariante únicamente le hace saber la normativa que supuestamente habría infringido. No le hace mención de la prueba recolectada en su contra hasta ése momento”.


Que, con relación a esa audiencia, o sea la prevista en el art. 40 del Dec. N° 18/97, expresamente se establece que: "...constituye el primer acto de defensa del interno..." que queda asimilado a una declaración indagatoria. Mediante este acto, se le hacen conocer al interno los hechos que le son reprochados, se le presentan las pruebas existentes y se lo invita a formular descargo que considere conveniente y a ofrecer los elementos necesarios para la mejor defensa de su interés (JNEjec. Pen. N° 3, octubre de 2007, "Ruíz, Gisela Elizabeth s/ Legajo de ejecución".


Que la jurisprudencia aplicable a la materia: "...ha entendido que era nula una sanción impuesta al interno si de las constancias del legajo surgía que el interno no había tenido acceso a la prueba colectada para efectuar un descargo efectivo, toda vez que pese a haber sido informado de la infracción que se le imputaba, los cargos existentes y los derechos que le asistían, las actas que dában cuenta de las declaraciones testimoniales de los agentes penitenciarios se habían confeccionado con posterioridad" (JNEjec. Pen. N° 2, juniode 2009, Leg. N° 6508, "López Abarca, Kevin Alejandro" - sanción impuesta el 29-1-2209).


Que la garantía del debido proceso enunciada en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 29 de la Provincial, 91 de la Ley N° 24.660 y 7° del Decreto N° 396/99, disponen en líneas generales que en el marco de la imputación que le sea formulada al interno, "...se le describa en forma precisa la conducta por él desplegada, y cuyo reproche se le atribuye". Ya que es esencial la enunciación del hecho imputado, que permita a las partes verificar e impugnar su calificación legal, asegurando el cumplimiento de los principios, como el debido proceso y la defensa en juicio.