LA PRORROGA EN EL PROCESO PENAL DE JUJUY: IMPORTANCIA DE LA CUESTIÓN.

Actualizado: 16 abr 2021



Autores:

Ezequiel Elgoyhen

Leonardo Aráoz


Argentina

 

El proceso penal jujeño se halla gobernado por un sistema acusatorio que dista en demasía de ser lo adversarial que pretende, y la tratada aquí es solo una de las tantas cuestiones que demuestran dicha hipótesis.


Por mandato constitucional ese camino necesario que se debe desandar para derribar el estado jurídico de inocencia, del que goza toda persona, requiere ser el debido (art. 18 CN). Para lograrlo se deben respetar todos los derechos y garantías reconocidos a quienes participan del mismo. De lo contrario se correría el riesgo de activar el aparato jurisdiccional (con todo el desgaste que ello implica) de manera improductiva, generándose nulidades que echen por la borda costosas investigaciones criminales y, seguramente, desconociéndose y avasallándose derechos elementales de las personas que se encuentren siendo sospechadas de la comisión de injustos penales.


En ese contexto el factor tiempo juega un papel preponderante, erigiéndose su respeto como un legítimo derecho del justiciable, y del que no se debe abusar en su extensión para no violentar las mandas legales debiendo, su decurso, estar justificado por quien pretende su prolongación.


El rito jujeño se conforma, fundamentalmente, de dos etapas: la investigación y el juicio. La primera es una etapa preparatoria de la segunda, destinada, fundamentalmente, a colectar los elementos probatorios de los que se valdrán las partes para reproducirlos en el debate oral, haciendo efectiva la inmediación propia de esa instancia.


Ahora bien, según lo normado por el art. 367 del Código Procesal Penal local, esta instancia preparatoria debe tener una duración de cuatro (4) meses a contar desde la declaración defensiva del encartado, pudiendo el juez de control interviniente, a solicitud de la parte acusadora, extenderla por otro lapso igual, y hasta llegar a concederse 12 meses más en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación.


Para una mayor claridad expositiva transcribiremos el artículo en cuestión: Art. 367 – Duración: La investigación fiscal deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar desde la declaración del imputado. Si resultare insuficiente, el fiscal podrá solicitar prórroga al juez de control, quien podrá acordarla por otro tanto, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga podrá concederse hasta doce (12) meses más. No será necesaria la solicitud de prórroga en las causas sin preso.


Lo regulado por esta disposición resulta ser el disparador que nos lleva al análisis de ciertas situaciones que se presentan en la práctica procesal cotidiana del foro jujeño. Veamos:


En primer lugar, a título recordatorio, diremos que la persona imputada penalmente goza de un estado jurídico de inocencia según lo normado por el art. 29, inc. 4 de la Constitución de la Provincia de Jujuy. Esto, a su vez, emerge de la CN y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. A partir de ello se entiende que ese estado de inocencia del que goza el imputado ya viene consigo, y es al órgano titular de la vindicta pública a quien le compete demostrar lo contrario. Más precisamente, es a quien le cabe la labor de dirigir e impulsar la investigación a los fines de colectar las probanzas necesarias que derrumben aquél estado, o que lo confirmen definitivamente respecto a una situación de hecho puntual, teniendo en cuenta que su accionar debe estar guiado por la, no muchas veces honrada, objetividad.


Pero dicha investigación de manera alguna puede ser dejada a su merced. En su ejecución debe observar y respetar ciertas exigencias formales y temporales para cumplir con el mandato de que el proceso sea el “debido”.


La parte acusada puede incorporar pruebas y solicitar el impulso de la pesquisa mediante la proposición de actos procesales que tiendan a ello. Es su derecho, y le está reconocido expresamente por el rito (art. 11). Pero también puede no hacerlo, y esperar a que la unidad fiscal interviniente colecte las probanzas que crea necesarias para derrumbar o comprobar la inocencia del encartado. Ese también es su derecho, e incluso hasta puede usarlo como estrategia procesal y nadie podrá cuestionar su legitimidad.


Ahora bien: ocurre que en innumerable cantidad de causas, luego de formarse el sumario policial y acercadas las actuaciones a sede acusatoria, el fiscal decide imputar la comisión de tal delito a determinada o determinadas personas, solicitándole al juez de control la autorización para la aplicación de una medida de coerción. Esta medida (en contraposición a lo que indica el principio general establecido en los artículos 304 y 305 del rito local) suele ser la detención del inculpado, con todo lo que ello implica y, dicho sea de paso, de cuyo pedido no se le corre vista a la defensa para que participe en una legítima “discusión” sobre su procedencia (aunque esta es una cuestión que motiva otro tipo de análisis).


Tras confirmarse la detención y operada la misma, se le hace conocer al imputado la causa por la que se encuentra detenido e imputado y luego (generalmente al día siguiente) el acusado brinda su declaración defensiva, iniciándose allí el plazo normado por el transcripto art. 367 del CPP.


A nuestro humilde parecer, como se deslizara anteriormente, correspondería la celebración de una audiencia a los fines de que el juzgador determine la procedencia y legitimidad de la coerción solicitada, como ocurre, por ejemplo, en el proceso penal de la provincia de Neuquén. En dicha instancia ambas partes esgrimirían sus argumentos respecto a la procedencia o no de la coerción y el juez de garantías decidiría en consecuencia. Sin embargo esto no ocurre en el foro jujeño. Ante tal ausencia celebramos que ciertos resolutorios judiciales le señalen al órgano acusador los actos que se consideran urgentes y aquellos otros cuyo tiempo de celebración decidirá la permanencia del justiciable bajo encierro. Operados los mismos se podría gestionar su libertad, siempre con los argumentos que sustenten dicho pedido. Pero lamentablemente esto ocurre en escasos decisorios, dejándole al agente fiscal una peligrosa discrecionalidad temporal a su merced para dirigir la pesquisa. Y aquí encontramos el problema que nos estimula a escribir estas líneas.


En la práctica suele ocurrir que de por sí se utilicen esos cuatro meses brindados por el código para la investigación. En ciertas ocasiones esto se ve acotado por encontrarse reunido cierto caudal probatorio y acordar las partes la celebración de un juicio abreviado. Pero cuando ello no ocurre debemos transitar ese camino temporal estipulado en su totalidad.


No son pocos los supuestos en los que, una vez transcurrido ese lapso y operado el término del mismo, la parte acusadora le solicita al magistrado interviniente la prórroga de la investigación. Y aquí es donde queremos hacer foco: es en ese momento donde a nuestro parecer debería el órgano jurisdiccional correr vista a la defensa a los fines de que la misma participe y opine respecto a la procedencia o no de la extensión.


Esta posibilidad no se encuentra expresamente establecida en nuestro ordenamiento procesal. Sin embargo no debemos olvidar que el art. 19 incluye un principio general: el de la “igualdad de las partes” (o paridad de armas) y es a partir del mismo que debería darse la posibilidad a la parte acusada de participar en la decisión de una cuestión para nada menor.


Dice la citada norma: Art. 19 CPP - “Se garantizará la intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución de la Nación, de la Provincia y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal debiendo allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten”.


Como puede observarse, incluso de su literalidad, puede el juez “allanar los obstáculos” (en este caso la falta de previsión legal expresa) que impidan la pretendida igualdad. Y si volvemos al art. 367 vemos que el mismo solo le confiere al fiscal la posibilidad de solicitar la prórroga, lo que nos lleva a preguntarnos si la defensa no podría también estar interesada en ello, a pesar de que el fiscal no coincida en un caso puntual. Piénsese, por ejemplo, en un supuesto en el que la defensa no pueda encontrar a un testigo clave para sus intereses y que el tiempo de una prórroga le permitiría contar con tal testimonio. Y si bien se nos podría cuestionar que los dichos de ese testigo clave podrían válidamente reproducirse en el juicio oral, no debemos desconocer la realidad; esa que desnuda las f