• Andrea Soledad Olmos

STJ - ABSOLUCION; DEFENSA EN JUICIO; RECURSO DE REVISION (PROCESAL); COSA JUZGADA IRRITA; PERPETUA

Actualizado: abr 18




  • Expediente: PE-13025-2016

  • Tribunal: Superior Tribunal de Justicia

  • Competencia: Recursiva

  • Fecha: 31/07/2018

  • Libro de Acuerdos: 3

  • N° de Registro: 105


Voces Jurídicas

ABSOLUCIÓN; DEFENSA EN JUICIO; RECURSO DE REVISIÓN (PROCESAL); COSA JUZGADA IRRITA; PRISIÓN PERPETUA;


TEMAS: RECURSO DE REVISIÓN (PROCESAL). HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA. ASISTENCIA LETRADA. DEFENSA EN JUICIO. COSA JUZGADA ÍRRITA. PRISIÓN PERPETUA. SENTENCIA FIRME. HECHO NUEVO. PROCEDENCIA DEL RECURSO. ABSOLUCIÓN. VOTO EN DISIDENCIA. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. PREJUZGAMIENTO. NULIDAD ABSOLUTA.


(Libro de Acuerdos Nº: 3, Fº 369/413, Nº: 105). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil dieciocho, los señores jueces integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, doctores José Manuel del Campo, Laura Nilda Lamas González y Clara D. L. de Falcone -bajo la presidencia del nombrado en primer término- vieron el Expte. Nº PE-13.025/16, caratulado “Recurso de Revisión interpuesto en el Expte. Nº 204/12 (Tribunal en lo Criminal Nº 2) R. Á. C. y J. C. M., homicidio calificado en ocasión de robo”.


El doctor del Campo dijo:

I) A fojas 7/10 se presentan los doctores J.M.P y G.D, defensores técnicos de J. C. M. P., y solicitan la revisión de la condena firme de prisión perpetua por homicidio calificado (artículo 80.7 del Código Penal), en base a las declaraciones de R. Á. C. (co-condenado) que desvinculan totalmente a su defendido de la participación en el hecho juzgado.


Los defensores señalan que aquellas declaraciones fueron vertidas ante la Escribana Pública Laura Nora Viera de Ome, en presencia del Defensor Oficial Martín Darío Meriles, y plasmadas en la Escritura Pública Nº 99 del 9 de octubre de 2015 (original agregado a fojas 51/52).


Indican que R. Á. C. manifestó -en el acta notarial referida- ser el único responsable en el hecho y que J. C. M. P. “no estuvo con él ese día” y que “no participó de ninguna manera”. Los letrados afirman, además, que J. C. M. P. es inocente no solo en función de aquellas expresiones sino también por la escasa prueba que pesó en su contra. En este último aspecto manifiestan que los elementos aportados a la causa son contundentes contra R. Á. C. mas no comprometen a su defendido (v.gr. sábanas de comunicaciones telefónicas, testimoniales y medidas de secuestro).


Integrada la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, los autos fueron remitidos al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, quien se expidió por el rechazo del recurso de revisión (fojas 44/46).

A fojas 63 se dio por decaído el derecho a contestar el traslado conferido a los querellantes particulares, N. M. C. y M. V. A.


II) Que el recurso de revisión es formalmente admisible dado que se está ante una pretensión contra una sentencia firme interpuesta por el defensor del condenado y mediante un escrito que contiene la referencia concreta a los motivos en que se funda y a las disposiciones legales aplicables (artículo 488 del Código Procesal Penal, Ley 3584). Y, principalmente, porque se alegan, prima facie, nuevos hechos o elementos de prueba, que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, permitirían inferir que el penado no cometió el delito (artículo 485, inciso 2º, ídem).


Cuadra precisar que J. C. M. P. y R. Á. C. fueron condenados -como se dijo- a prisión perpetua como autores materiales y responsables de un homicidio criminis causae. En cuanto aquí concierne, es necesario recordar que la responsabilidad penal del primero de los nombrados se apoyó, esencialmente, en el reconocimiento en rueda de personas que hiciera N. M. C., padre de la víctima; circunstancia que permitió al tribunal afirmar que M. P. había concurrido al domicilio de aquél, el 20/01/2010, para contratar el flete; de allí sostuvo que ese comportamiento fue asumido en directa y necesaria vinculación con el posterior homicidio y robo ocurrido el 21/01/2010. Así, textualmente, concluyó que “el indubitable reconocimiento … constituye un fuerte indicio, inmediato anterior y próximo de su participación en el hecho.” (confrontar fojas 760 vuelta, tercer párrafo, del expediente principal).


III) Ahora bien, ante el nuevo hecho denunciado -en 2015 [1] y que consta en la Escritura Pública-, este Superior Tribunal se ve obligado a reexaminar los fundamentos sobre los que se estructuró la condena de J. C. M. P. ya que la desincriminación del nombrado que efectuó el co-condenado R. Á. C. aparece relevante en retrospectiva; especialmente cuando no se advierte otro interés que justifique la desvinculación y en nada mejora su posición jurídica frente a la condena.


En orden a ello es forzoso precisar que, si bien es cierto que el reconocimiento por N. M. C. de M. P. -como la persona que había contratado el flete- lo coloca en el domicilio de la víctima el 20/01/2010, de allí no se sigue que M. P. hubiese participado en el homicidio criminis causae el 21/01/2010. Extremo que tampoco se desprende del rechazo de su versión exculpatoria (dirigida a situarlo en un lugar distinto de aquél en el que ocurrió el suceso). Adviértase que su presencia el día 21/01/2010 en la escena del crimen se sustentó únicamente en indicios, los que ahora pierden entidad frente a la desincriminación que realizó R. Á. C.


Cabe señalar que la reconstrucción de los hechos sobre la que se apoyó la condena de M. P. pudo ser razonable, en ese entonces, dados los elementos de convicción existentes, en su gran mayoría -según se anticipó- de naturaleza indiciaria. Sin embargo, la nueva declaración de R. Á. C. conduce a este Superior Tribunal a analizar la totalidad de la prueba a la luz de su versión y bajo el prisma de la presunción de inocencia; es decir, se impone evaluar la hipótesis de que aquél hubiese cometido el delito sin la ayuda de M. P.


Esta conjetura es factible a poco que se tenga en cuenta que, más allá de los aludidos indicios, no existen pruebas que acrediten la autoría de dos personas en el delito del 21/01/2010.


En efecto, por un lado, el hermano de la víctima (G. F. M.) declaró haber visto a su hermano conduciendo el camión con alguien sentado en el sitio del acompañante, una silueta masculina y añadió que detrás de la cortina pudo haber otras personas pero no las vio (fojas 1648 vuelta del expediente principal, énfasis añadido). Y, por otro, la aserción de E. E. V. no puede considerarse concluyente para indicar que en el camión -antes del homicidio- iban tres personas porque al momento en que este testigo se cruzó con el rodado (después de horas 20 del 21/01/2010) el crimen ya se había producido (a horas 18, aproximadamente, según el informe médico obrante a fojas 119).


Además, los bienes secuestrados vinculados al hecho delictivo y de propiedad de la víctima fueron encontrados en poder de R. Á. C.; a saber: partes del camión, el teléfono celular y el psicofármaco “Trapax”; mientras que ningún objeto fue hallado en posesión de M. P. Y, por último, las llamadas posteriores al hecho -desde el móvil del difunto- no pueden ser atribuidas a M. P. pues los informes que dan cuenta de la existencia de esas llamadas no determinan quién las realizó y tampoco se conoce el contenido de las mismas.


Y estos aspectos de orden fáctico sumados a la declaración de C. que afirma categóricamente haber actuado solo y las de M. P. a lo largo del expediente vinculadas a su completa ajenidad a los hechos que se le atribuyeron, generan un estado de duda insuperable, que resulta incompatible con la necesaria certeza que requiere la sentencia de condena. Es necesario enfatizar que tal estándar no se apoya en la pura subjetividad, por el contrario, deriva de una minuciosa, racional y objetiva evaluación del conjunto de instrumentos probatorios (Fallos 314:346 y 321:2990 entre otros).


Y en este punto, conviene destacar que en el proceso penal la importancia de los intereses individuales involucrados exige que la sentencia de condena sea el resultado de un convencimiento que esté mas allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad del acusado (confrontar Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso “Winship”, 397 U.S. 358).


IV) En atención a lo señalado y a las facultades conferidas por el artículo 491 del Código Procesal Penal (Ley 3584) corresponde hacer lugar -en este caso- al recurso de revisión deducido por los doctores J.M.P y G.D, defensores técnicos de J. C. M. P., con costas y, en consecuencia, anular la condena en lo que a él respecta, absolverlo por el delito de homicidio calificado y ordenar su inmediata libertad. Regular los honorarios de los profesionales antes nombrados en la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) para cada uno de ellos, en base a la doctrina sobre honorarios mínimos y acordada Nº 3/18; cantidades a las que se les adicionará el impuesto al valor agregado si correspondiere.


La doctora Lamas González dijo:

I.- A modo de introito, no puede pasar inadvertido –al menos para la suscripta- el derrotero procesal cumplido en estos obrados.

Con motivo del Recurso de Revisión que obra a fs. 7/10 para conocimiento y resolución, el Tribunal ha quedado integrado por el Dr. José Manuel del Campo en el carácter de Presidente de trámite, la suscripta y la Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.


La presente causa ingresó –por primera vez- a estudio de la suscripta el 4 de Mayo de 2017, habiendo sido devuelta -con voto- el 5 de Julio de 2017 a la Vocalía a cargo de la Presidencia de trámite, quien ya había emitido el suyo.

Posteriormente, el 4 de Julio de 2018, la misma reingresó a esta Vocalía con proyecto de voto del doctor del Campo juntamente con el voto de la doctora de Falcone.


Efectúo ese detalle a los efectos que correspondan y conforme constancias que obran en los libros de esta Vocalía.


II.- Ahora bien, hecha esta introducción, sobre la cuestión sometida a juzgamiento, respetuosamente me permito disentir con la solución que propone el Sr. Presidente de Trámite, conforme los argumentos que seguidamente paso a exponer.


III.- Para una mayor comprensión, se impone efectuar el relato pormenorizado de las actuaciones que precedieron a esta instancia.


3.1.- En lo que aquí interesa, el 13 de Abril de 2012, el Tribunal en lo Criminal Nº 2, declaró a R. Á. C. y J. C. M., coautores penalmente responsables del delito de Homicidio Calificado previsto en el Art. 80 Inc. 7º del C.Penal, condenándolos a la pena de prisión perpetua, conforme Arts. 40, 41, 45 1º parte, 12 y 29 Inc. 3º del citado Código (fs. 1740/1766 del Expte. Nº 204/2011).


Para fallar en el sentido mencionado, tuvo por cierto que: “...el día 20 de Enero de 2010 a Hs 16:00 aproximadamente uno de los imputados se apersonó hasta la casa del Sr. M., N. (fletero), con el propósito de contratar un flete desde la Localidad del Piquete hasta la Ciudad de Monterrico, para el día 21 de Enero de 2010, lo que sería confirmado vía telefónica. Que el día 21 de Enero, desde la mañana en varias oportunidades uno de los imputados intentó comunicarse telefónicamente hablando con la hija del Sr. M. y con el Sr. M. con quien después de lograr comunicarse llegaron a un acuerdo para realizar el servicio ese mismo día por la tarde. Llegado el mediodía se comunicaron con la víctima O. L. M. con quien acordaron el horario, razón por la cual éste salió de inmediato para encontrarse con los contratantes, los imputados C., R. Á. y M. P., J. C., ya reunido con ellos y a bordo del camión de propiedad de la víctima, en el trayecto por Ruta Provincial Nº 1 hacia el destino pactado, aprovecharon para hacerle ingerir pastillas para dormir (trapax) las cuales le provocaron a la víctima un sueño profundo, que con posterioridad a este hecho procedieron a llevarlo hasta las inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 1 en cercanías de la Localidad de El Piquete, donde lo tiraron al cauce de un canal de riego provocándole la muerte por asfixia por inmersión, procediendo posteriormente a abandonar el cuerpo de la víctima y retirarse del lugar del hecho sustrayéndole el camión marca Mercedez Benz, Modelo 1114, Dominio … para trasladarlo a Salta donde fue desarmado para luego vender sus partes.”


En cuanto a la participación y responsabilidad penal de M. en el hecho, el sentenciante las tuvo por acreditadas valorando –principalmente- los siguientes elementos probatorios: la declaración indagatoria del acusado C. –incorporada al debate en los términos del Art. 391 del C.P.Penal Ley Nº 3584-; las testimoniales rendidas en el debate por G. F. M. y N. M. C. (padre de la víctima), y la de E. E. V. incorporada al plenario en los términos del Art. 404 del Idem.; y las llamadas telefónicas efectuadas desde el teléfono de la víctima al teléfono de la esposa de J. C. M., N. C.


En tal sentido, merituó como decisivo el reconocimiento de M. por parte del padre de la víctima, quien indicó al nombrado como la persona que concurrió el 20 de Enero de 2010 a su domicilio para contratar con su hijo el flete, siendo éste un fuerte indicio –a su juicio- inmediato y anterior de la participación de aquél en el hecho. Ello, corroborado –además- con la correspondencia que observó el Tribunal al momento de la audiencia de debate, entre las características morfológicas del inculpado y el identikit obrante a fs. 97 del principal, realizado por personal policial según la descripción efectuada por M. C. en los albores de la investigación.

A partir del reconocimiento mencionado y valorando la declaración del inculpado, admitió que el accionar de M. –al no tener previsto realizar mudanza alguna entre el Piquete y Perico en aquel momento- guardaba conexión con un hecho distinto al que se pretendió esbozar con el supuesto flete, circunstancia directamente conectada con el accionar delictivo posterior (ocurrido el día siguiente), pues el flete que salió a realizar la víctima fue el mismo sobre el que M. pretendió averiguar el día anterior. Igualmente, juzgó relevantes las insistentes llamadas efectuadas por el contratante del flete –a la postre M.- ocurridas el día del hecho, referidas en la deposición de M. C.


Luego de meritar los testimonios del Dr. Gabriel Hernán Duarte y de L. I. A., desestimó los argumentos defensivos de M. -quien sostenía que el día del hecho se encontraba en esta Ciudad Capital realizando otras actividades – para tener por cierto que fue el mismo quien se apersonó en la vivienda de la víctima el 20 de Enero de 2010, para entablar contacto con aquél, conseguir su confianza y perpetrar el injusto, lo que ocurrió al día siguiente con la intervención –también- de C. Por ello, al no encontrar acreditada la versión exculpatoria del acusado, valoró la misma como un “indicio de mala justificación”, admitiéndolo como un elemento más para reforzar su razonamiento.


3.2.-En contra del mencionado pronunciamiento, los defensores técnicos de ambos acusados dedujeron Recurso de Inconstitucionalidad, los que fueron rechazados por el Superior Tribunal de Justicia –en su anterior integración- por sentencia de fecha 6 de Junio de 2013 (Expte. Nº 8918/12; L.A. Nº 56, Fº 978/983, Nº 315; fs. 147/152 de aquella causa).


En esa oportunidad y en lo concerniente a la impugnación en examen, ese Cuerpo –integrado como se aludiera supra- para sustentar su decisión, reconoció que: “...las declaraciones de Gabriel Hernán Duarte (fs. 673 del Expte. 204/11) y de L. I. A. (fs. 674) no alcanzan para corroborar los dichos del imputado -que se encontraría en la ciudad de San Salvador de Jujuy el día del hecho-. Duarte manifestó “que no puede precisar la fecha que vino a su estudio el Sr. M. que entiende que fue en la feria de enero que a la tarde no, porque normalmente no va al estudio a la tarde en el mes de enero” y A. que “entró a trabajar el trece o catorce de enero y trabajó hasta el 25… que M. no iba todos los días. Contrariamente a lo sostenido por el defensor de M., las conclusiones arribadas por el a-quo se encuentran debidamente sustentadas. Ello así, debido a que las interpretaciones efectuadas por los sentenciantes resultan pertinentes y acordes al material convictivo reunido en la causa, por ende no se advierte la presencia de algún vicio valorativo de una entidad y magnitud tal que habilite la competencia excepcional de este Superior Tribunal de Justicia.”


Firme la resolución en tanto ni la Defensa Material ni la Defensa Técnica recurrieron el pronunciamiento a la Máxima instancia Nacional –en el caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación- pudiendo y debiendo hacerlo si la confirmación de la sentencia adolecía de vicios o defectos que ahora se pretende introducir por instrumento público; el 17 de Octubre de 2013, el A quo remitió fotocopia certificada de la condena al Juzgado de Ejecución, sin cómputo.


IV.- Luego de transcurridos tres años, tres meses y diecisiete días de haber quedado firme y consentida la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (según informe de fs. 1947 del principal), se presentan los Dres. Julián Ernesto Martín Palmieri y Gabriel Hernán Duarte (fs. 7/10), en el carácter de defensores técnicos del condenado J. C. M., deduciendo Recurso de Revisión, con el objeto que –luego del examen de la documental que acompañan- se revea la prueba producida en la causa de origen y en su mérito, se anulen las sentencias que por este medio cuestionan, pues aseguran que la participación de su asistido fue “nula o escasa” (tal lo dicho) en el hecho por el cual fuera hallado penalmente responsable.


Para fundar la impugnación, aluden a lo que califican una nueva prueba contundente y determinante, consistente en la declaración –mediante acta notarial- de R. Á. C., condenado también a prisión perpetua como ya se hiciera referencia al inicio. En ese instrumento, de fecha 9 de Octubre de 2015, autorizado por la Esc. Laura Nora Viera de Ome -cuyo primer testimonio luce agregado a fs. 51/52 vta.-, y que fuera labrado a requerimiento de B. S. M. P., consta que el nombrado (C.) aseveró haber actuado solo en el hecho motivo de la condena, asegurando que J. C. P. M. (sic) no estuvo con él ese día y que aquél nunca participó de ninguna manera.


Califican los recurrentes de errónea a la sentencia, proclamando a C. como único autor del Homicidio y la inocencia de M., a lo que se suma –según sus dichos- la escasa prueba incorporada y la falta de valoración de elementos aportados a la causa, que corroboran –a su modo de ver- la tesis defensiva oportunamente esgrimida por su asistido durante el Juicio.


Finalmente, citan jurisprudencia y peticionan.


V.- Integrado el Tribunal, se remitieron estos obrados a dictamen del Sr. Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, quien se expidió en sentido desfavorable al progreso de la impugnación por los fundamentos expuestos a fs. 44/46 vta., a los que me remito brevitatis causae, por lo que los presentes autos se encuentran en estado de ser resueltos, correspondiendo pronunciarse sobre la cuestión traída a conocimiento de este Cuerpo.


VI.- Como cuestión preliminar, habiendo tenido a la vista el expediente principal, advierto que la condena cuya revisión ahora se pretende, fue confirmada –como se hiciera referencia al inicio- por el Superior Tribunal de Justicia, mediante sentencia del 6 de Junio de 2013 (Expte. Nº 8918/12; L.A. Nº 56, Fº 978/983, Nº 315), que rechazó el Recurso de Inconstitucionalidad deducido por los Dres. Raúl Arnaldo Cruz y Joaquín Campos, defensores técnicos –en aquélla oportunidad- de J. C. M. y R. Á. C., respectivamente.

Tal pronunciamiento, fue suscripto por los Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Sergio Ricardo González, María Silvia Bernal, Clara Aurora De Langhe de Falcone y José Manuel del Campo. De ello resulta, que quienes integran con la suscripta para conocer y resolver la revisión de la sentencia firme de condena promovida a fs. 7/10, han dictado sentencia o resolución sobre los puntos –ahora- a decidir, contribuyendo –entonces- a conformar la cosa juzgada que ahora se pretende conmover.


En ese contexto, surge que se ha configurado la causal prevista en el Art. 44 Inc. 5º del C.P.Penal Ley Nº 3584 aplicable a la causa, en tanto dos de los Jueces que ahora deben expedirse ya han dictado sentencia en el proceso sobre los puntos a decidir habiendo – incluso- efectuado el mérito de la prueba en la causa. Estas circunstancias obligaban a actuar conforme el Art. 46 de la citada Ley de Rito, que establece el deber de los magistrados de inhibirse en casos como el que se analiza.


Por ello, al haber quedado configurada la causal que imponía la obligación de inhibirse aludida, reparo que la eventual resolución a la que se arribe, llevará ínsita una irregularidad en su génesis que importa su nulidad absoluta en los términos y con el alcance previsto en los Arts. 161, 162 Inc. 1, 163 párrafo segundo y 167 del C.P.Penal que estatuyen la declaración de nulidad cuando los actos no se hayan ajustado a las disposiciones expresamente prescriptas bajo sanción de nulidad. Las normas referidas imponen la obligación de procurar la eliminación de causas de nulidad en un proceso que se precie de ser justo, respetando no sólo la disciplina de las formas, sino además, las garantías que incumben a todas las partes e interesados, involucrados en el proceso penal (también las víctimas o sus herederos).


En efecto, se trata de la inobservancia a las disposiciones concernientes: “1...[a la] constitución del tribunal...” (Art. 162 Inc. 1 del citado Código) con la consiguiente obligación de la eliminación inmediata –por el juez o tribunal- y aun declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso, en relación a las nulidades como la que se trata y que impliquen violación de normas constitucionales (Art. 163 del mismo cuerpo de normas ya citado), que en el caso lo constituye la del Juez Natural.


En ese contexto, se impone –entonces- y en tal sentido me expido, por declarar la nulidad parcial del decreto de fs. 36 en cuanto ordena hacer saber a las partes que la Sala II Penal del Superior Tribunal de Justicia ha quedado integrada por el Sr. Presidente de trámite y la Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone y de los actos consecutivos y posteriores que de aquél dependan (Arts. 163 y 167 del C.P.Penal Ley 3584).

VII.- Efectuada la salvedad precedente –en subsidio- procedo a abordar el fondo de la cuestión a decidir.


7.1.- Partiendo de las previsiones de la Ley de Rito aplicable al sub lite –C.P.Penal Ley Nº 3584 como ya se mencionara-, el objeto de la vía intentada se ciñe a efectuar una nueva revisión de la sentencia atacada –pasada en autoridad de cosa juzgada- a la luz del instrumento aportado por la defensa –Acta Notarial en Escritura Nro. 99-, pues los recurrentes han invocado la causal prevista en el Inc. 2º del Art. 485 del citado Código de Forma. Ello en tanto: “La revisión se instituye como medio de remover una condena que se considera injusta, atacando de ineficacia la sentencia firme en la cual se contiene, ante la invocación de hechos nuevos que ab initio muestran como posible un error en el juicio.” (CLARIÁ OLMEDO, Jorge A.; Tratado de Derecho Procesal Penal; Tomo VII; Ediar; Año 1968).


Sabido es que la idea de revocabilidad de la cosa juzgada fue admitida desde antaño, presentándose ya en el Derecho Romano, donde se aceptaba –entre otros casos- que aquélla cedía si era posible demostrar que la decisión había sido obtenida con prevaricato, tergiversatio o vi, o aún como consecuencia de calumnia, en cuyos casos había lugar a la recisión de la sentencia y a la resitutio in integrum (cfr. FLORIAN citado por HITTERS, Juan Carlos; “Revisión de la Cosa Juzgada”; Librería Editora Platense; La Plata; Año 2001; pág. 188).


Tampoco fue ajena a esta concepción la legislación europea, principalmente hasta fines del siglo XVIII. No obstante, con posterioridad a la Revolución Francesa, se limitó esta posibilidad en el entendimiento que, con la creación de los jurados y la designación de jueces a partir del acto revolucionario –otrora efectuada por el monarca-, se evitarían los errores judiciales. Así, atento a la falacia de tal premisa -pues resulta innato al hombre la falibilidad-, en el año 1895, el legislador francés amplió los supuestos de revisión, proceder que fuera seguido a posteriori por el derecho holandés, italiano y español. Sin embargo, éste último –desde el año 1870- admitía la retractación de la cosa juzgada, al regular la casación criminal.


Por su parte, en nuestro país, ya el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires Ley Nº 3.589, sancionado el 15 de Enero de 1915, como el antiguo Código de Procedimiento Penal para la Capital y Justicia Federal, regulaban este instituto, el cual actualmente receptan las Leyes Procesales vigentes en las jurisdicciones mencionadas.


En la provincia de Jujuy, el Código Procesal Penal Ley Nº 182 sancionado en el año 1950, expresamente legisló este remedio excepcional (Arts. 468 y ss. del Idem), extremo que se mantuvo en las subsiguientes Leyes de Forma Nros. 3584/1978 y 5623/2009. De igual modo, la Constitución de la Provincia del año 1986 contempla el instituto expresamente en los siguientes términos: “El condenado por sentencia firme tiene derecho a solicitar la revisión del proceso, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidas por la ley. (Art. 29 Inc. 10 de la citada Ley Fundamental).


7.2.- Ahora bien, no escapa a la suscripta que dados los principios que se encuentran en pugna, al efectuar la revisión de una condena firme, el examen debe ser sumamente cauteloso, sin descuidar el carácter excepcional y extraordinario que reviste el recurso.


Como primera aproximación, debemos tener presente que la cosa juzgada, si bien originariamente no tenía una recepción constitucional expresa, a partir de la reforma del año 1994 y con la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional enumerados en el Art. 75 Inc. 22 de la Carta Magna, la misma surge consagrada en los Arts. 8 Inc. 4 de la C.A.D.H. y 14 Inc. 7 del P.I.D.C. y P., al referir este último que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido condenado o absuelto por sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.” A pesar de ello, y con anterioridad a la aludida reforma, este principio era considerado por la jurisprudencia como una garantía implícita del sistema republicano y del Estado de Derecho. Otro tanto ocurrió en el Derecho Público local, pues recién en la Constitución de 1986 referida precedentemente, se la consagró expresamente en el Art. 29 Inc. 9.


En ese entendimiento, el Alto Tribunal de la Nación ha admitido que la cosa juzgada se erige como un factor determinante de la seguridad jurídica, cuyo celoso custodio es el Poder Judicial, al reconocer que el respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (Fallos 311:495) y tiene jerarquía constitucional (Fallos 313:904).


Ciertamente, el valor de la res iudicata –entendida a priori como la prohibición de que en otro pleito se decida en forma contraria a lo ya fallado (HITTERS, Juan Carlos; Ob. cit. Pág. 130)- surge innegable para el Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico, pues no se los puede concebir si los juicios no tuviesen fin; de allí que la doctrina clásica conciba a este instituto como –al decir de COUTURE- “una exigencia política y no propiamente jurídica: no es de razón natural sino de exigencia práctica”, admitiendo este autor –también- que: “la necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas condiciones, ante la necesidad de que triunfe la verdad.” (FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL; 3º Edición Depalma; Buenos Aires; Año 1988; págs. 406/407).


A lo expuesto, cabe agregar que la condena ahora en crisis, fue el resultado del minucioso y prolijo análisis efectuado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 –integrado por los Dres. Luis Ernesto Kamada, Antonio Llermanos y Liliana Fernández de Montiel (por habilitación)- que se vio reflejado en los extensos considerandos del aludido pronunciamiento.


No escapa a la suscripta, que el sentenciante tuvo contacto directo con la prueba fruto del principio de inmediación, lo que le permitió un examen acabado e integral de aquélla, propio de los magistrados que han integrado el Tribunal en el Juicio Oral y Público. Tal percepción no se presenta en las subsiguientes etapas recursivas, de allí que puede colegirse que el A quo se encuentra –siempre- en una posición privilegiada para valorar las probanzas de la causa; y que ello no se circunscribe –como en el sub lite- a la única versión ahora promovida por los condenados –a Prisión Perpetua- por el delito de Homicidio Calificado (Art. 80 Inc. 7º del C.Penal) cuya víctima fuera O. L. M.


Advierto asimismo, la endeblez, fragilidad e inconsistencia del instrumento al que se le pretende asignar –en su forma y contenido- un valor que no tiene a la luz de los principios que constituyen la base del Estado de Derecho. En efecto, el instrumento fue labrado a requerimiento de B. S. M. P., y el condenado a favor de quien se promueve el recurso que tratamos, tiene el mismo apellido. Nos preguntamos entonces ¿Le corresponden las generales de la ley y demás circunstancias que sirven para apreciar la veracidad de su declaración (Art. 266 del C.P.Penal)? ¿Cuál es el vínculo o interés con alguna de las partes?


Por otro lado, repárese que la condena cuya revisión se pretende fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia –en su anterior integración- como ya se pusiera de manifiesto al inicio del presente relato. Entonces, admitir su procedencia, no sólo implicaría afectar los principios enunciados, sino que además, significaría reconocer en aquel examen, un desacierto en el conocimiento y resolución de la causa que no se compadece –lógicamente- con la recta administración de justicia.


Tampoco puedo dejar de mencionar que la decisión de este Cuerpo, no fue cuestionada –en su oportunidad- por los Sres. Defensores de los acusados, al no haber interpuesto Recurso Extraordinario Federal según surge de las constancias del Expte. Nº 8918/12 ya mencionado. Es decir, que la inactividad de las partes también contribuyó a que adquiriese firmeza el pronunciamiento en cuestión.


Aún más, admitir otra solución representaría abrir una brecha para avalar y legitimar mecanismos como el empleado en autos, que involucran “prefabricar” o preconstituir piezas de convicción para conmover las sentencias firmes, proceder que no puede ser admitido, ya que ello afectaría los pilares del Derecho Penal Liberal y la esencia misma del Estado de Derecho. Es que no se puede ignorar que el valor de las decisiones judiciales no sólo afinca en la resolución de una controversia particular, sino que además, interesa como precedente –incluso- para el Tribunal que la acogió para casos análogos. Así, se ha reconocido que “si las circunstancias del caso a fallarse no revelan claramente el error o la inconveniencia de las decisiones anteriormente adoptadas con respecto a la misma cuestión jurídica haciendo ineludible un cambio de criterio, corresponde aplicar la doctrina de los mencionados antecedentes.” (CSJN Fallos: 183:409).


Adviértase que en el instrumento en cuestión, C. expresamente manifiesta: ”...Después de haberle contado a mi abogado defensor, Joaquín Campos, como sucedieron los hechos del juicio por el que estoy cumpliendo condena, me hizo abstener de declarar la verdad, lo que me perjudicó e hizo que, con mi silencio, perjudique a otra persona que nunca tuvo nada que ver con el hecho por el que nos condenaron a cadena perpetua en la Cámara del segundo piso de Tribunales. J. C. M. P. no estuvo conmigo ese día; él nunca participó de ninguna manera. Quiero contar como fueron los hechos en realidad...”


A poco que se repare en la clara disposición del Art. 258 del C.P.Penal Ley 3584 que textualmente establece “EXCEPCION DEL JURAMENTO. Cuando algún imputado por el mismo delito, o por otro conexo ya hubiere sido juzgado, no podrá deponer como testigo, salvo que su testimonio se considerase necesario, en cuyo caso, se le recibirá declaración pero sin exigírsele juramento.”, se advertirá la inconsistencia de la versión exculpatoria que busca modificar los efectos y alcances de la cosa juzgada.


Además, tales manifestaciones permiten avizorar un acuerdo de ambos condenados-, no puede prevalecer sobre la inmediación, la valoración de la prueba, el análisis de credibilidad de los testigos y por fin, sobre la sana crítica en la apreciación de la prueba efectuada por los magistrados en su tarea de fundar las sentencias, máxime si ésta fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.


Desde otro costado, se impone precisar que –recientemente- esta Sala –integrada por la suscripta, en el carácter de Presidente de trámite, y los doctores del Campo y Otaola- por sentencia dictada en Expte. PE-13.908/17, de fecha 5 de Junio de 2018, registrada en L.A. Nº 3, Fº 259/267, Nº 78, se ha expedido en una causa análoga en la instrumentación y forma de la nueva prueba alegada, consagrando todos los postulados precedentes. En efecto, en aquella oportunidad se resolvió el rechazo del Recurso de Revisión deducido por la defensa del penado, donde se discutía –al igual que en el sub lite- la procedencia de este remedio excepcional fundado en una presunta prueba novedosa, que en el caso la constituía una declaración mediante Acta Notarial de una testigo, promovida por el mismo letrado –Dr. Julián Ernesto Martín Palmieri– que ahora deduce el presente, por el mismo medio –acta notarial- y con igual objeto.


Nos preguntamos entonces ¿es dable atribuir al Juez que ha sentenciado con la seguridad de haber alcanzado la certeza exigible para condenar –circunstancia infranqueable para otras instancias- el error o duda sobre el ilícito consumado y la autoría que celosa y responsablemente han admitido obtener? ¿ Cuál fue el error, vicio que antes no se advirtió, máxime si la sentencia fue confirmada y la defensa no ocurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación –pudiendo y debiendo hacerlo como ya se dijera- si la sentencia adolecía de fallas que ahora se proclaman? En su caso, ¿cual es perjuicio y en cabeza de quién corresponde asumir sus consecuencias?


7.3.- En otro orden de ideas, no podemos desconocer que la meta final del proceso penal –amén de procurar la realización de la justicia- es el descubrimiento de la verdad, siendo la difícil tarea del Juez desentrañarla, en relación a un hecho pasado e irrepetible, en función de lo que las partes arrimen a la causa, para generar en aquél la convicción que resuelva la controversia. Sostenemos esta máxima, aún sin desconocer las dificultades que presenta desentrañar el concepto “verdad” desde el punto de vista ius filosófico. Ello sin perjuicio de admitir que su búsqueda debe orientar y orienta –en todo momento- el criterio del Juzgador.


Acertadamente se ha dicho que: “La verdad se asemeja a la estrella polar que guía al navegante hasta conducirlo a buen puerto, sin que éste pueda alcanzarla ni llegar hasta ella...Afirmar que se puede conseguir y aseverar una verdad objetiva o absolutamente cierta es, en realidad, una ingenuidad epistemológica que las doctrinas jurídicas ilustradas del juicio como aplicación mecánica de la ley comparten con el realismo gnoseológico vulgar.”... Entonces, “...el objeto del proceso penal es la obtención de la verdad sólo y en la medida en que se empleen para ello los medios legalmente reconocidos. Esta “verdad forense” no siempre coincide con la verdad material...El proceso penal de un Estado de Derecho no solamente debe lograr el equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la dignidad de los acusados, sino que debe entender la verdad misma no como una verdad absoluta, sino como el deber de apoyar una condena sólo sobre aquello que indubitada e intersubjetivamente puede darse como probado” (PARMA, Carlos; siguiendo a MUÑOZ CONDE; Recursos y Acciones contra una Sentencia Penal Arbitraria; Editorial Hammurabi; Buenos Aires; Año 2011; págs. 23 y 35/36).


En la misma línea argumental, JAUCHEN –al caracterizar el sistema acusatorio que califica como el más compatible con el Estado de Derecho-, refiere que:”...el objetivo de la mayor aproximación a la verdad de lo acontecido en cuanto al hecho del proceso, debe ser canalizado únicamente por vías de investigación, obtención, incautación e incorporación de la prueba que en modo alguno se contrapongan con las garantías constitucionales y las formas procesales que las regulan...”, pregonando –en consecuencia- que “...la verdad como fundamento de una condena es la verdad formal o procesal...” (Tratado de la Prueba Penal en el sistema adversarial Acusatorio; Edit. Rubinzal – Culzoni; Santa Fe; Año 2017, pág. 34).


7.4.- En consideración de todo lo expuesto, se ha admitido que el altísimo principio de la seguridad jurídica, cuya máxima expresión se consagra en la cosa juzgada, debe ceder –aunque sea excepcionalmente- cuando el pronunciamiento no se ajusta a la verdad –en el sentido referido líneas arriba-; es fruto del error judicial en los casos taxativamente admitidos por la ley o bien cuando la decisión resulta repugnante a la Justicia, en tanto –desde el punto de vista axiológico- la meta final de nuestro ordenamiento jurídico es afianzar aquel valor, como bien lo establecen los Preámbulos de las Constituciones Nacional y Provincial.


De forma coincidente con lo expuesto, diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han admitido que: “...los casos de revisión presuponen la existencia de una sentencia condenatoria penal firme y su principio rector reside en la renuncia a la cosa juzgada cuando la sentencia sea manifiestamente incorrecta de manera insoportable para la idea de justicia (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt en Fallos: 323:4130); y que: “Las excepciones a la inalterabilidad de la cosa juzgada han sido previstas en honor a principios de alto valor cuya observancia, a pesar de la lesión del carácter definitivo de las decisiones jurisdiccionales, salvaguarda la autoridad de éstas en la medida que propugna su justicia material y su sentido moral (confr. Fallos: 294:434, considerando 6º).” (Del voto del Dr. Enrique S. Petracchi en Fallos 320:985)


Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha acogido la posibilidad de la revocabilidad de las sentencias firmes –en materia penal- al declarar que: "Todo proceso está integrado por actos jurídicos que guardan entre sí relación cronológica, lógica y teleológica. Unos son soporte o supuesto de los otros y todos se ordenan a un fin supremo y común: la solución de la controversia por medio de una sentencia. Los actos procesales corresponden al género de los actos jurídicos, y por ello se encuentran sujetos a las reglas que determinan la aparición y los efectos de aquéllos. Por ende, cada acto debe ajustarse a las normas que presiden su creación y le confieren valor jurídico, presupuesto para que produzca efectos de este carácter. Si ello no ocurre, el acto carecerá de esa validez y no producirá tales efectos. La validez de cada uno de los actos jurídicos influye sobre la validez del conjunto, puesto que en éste cada uno se halla sustentado en otro precedente y es, a su turno, sustento de otros más. La culminación de esa secuencia de actos es la sentencia, que dirime la controversia y establece la verdad legal, con autoridad de cosa juzgada. Si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá. Carecerá de su soporte necesario: un proceso realizado conforme a Derecho. Es bien conocida la figura de la reposición del procedimiento, que acarrea la invalidación de diversos actos y la repetición de las actuaciones a partir de aquélla en que se cometió la violación que determina dicha invalidación. Esto implica, en su caso, que se dicte nueva sentencia. La validez del proceso es condición de la validez de la sentencia.” (“Castillo Petruzzi”; sentencia dictada el 30 de mayo de 1999, párr. 218/219)"


VIII.- Bajo el prisma de los principios mencionados en el apartado anterior, corresponde ahora adentrarnos al examen del recurso promovido, circunscribiendo tal proceder –exclusivamente- a la causal invocada por los quejosos; esto es, la presencia de un vicio in iudicando de hecho en el pronunciamiento atacado, que según los defensores de M., surge patente de la prueba en la que fundan su pretensión (fs. 50/53), pues aquella demostraría –a su juicio de manera inequívoca- la inocencia de aquel en el hecho motivo de reproche.


8.1.- En este sentido, siguiendo a calificada doctrina, el primer análisis que corresponde efectuar, es si las pruebas arrimadas por la defensa, revisten la calidad de “novedosas o sobrevinientes” conforme la exigencia legal del Art. 485 Inc. 2º de la Ley de Rito Nº 3584, y si las mismas no pueden ser conciliadas con el fallo que se cuestiona, encontrándose –por lo tanto- en flagrante contradicción con la reconstrucción de los hechos que realizara el Juzgador (iudicium rescindens). Vale aclarar que, de no presentarse los requisitos expuestos, no corresponde avanzar al siguiente estadio del examen (iudicium rescissorium), pues aquél tiene por objeto determinar la forma en que esas circunstancias pueden modificar el contenido de la sentencia en crisis.


Al respecto, el maestro MANZINI enseña que: “Nuevos hechos o nuevos elementos de prueba son expresiones equivalentes, ya que también los “hechos” deben ser elementos de prueba, toda vez que la ley sólo los admite en cuanto tengan eficacia probatoria...Los hechos y los otros elementos de prueba deben ser nuevos, o sea que no deben haber sido valorados ya en el procedimiento que llevó a la condena...La eficacia probatoria de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de prueba debe ser tal, que haga evidente que el hecho no existe o que el condenado no lo ha cometido.”(MANZINI, Vicenzo; Tratado de Derecho Procesal Penal; T.V; Edit. EJEA; Año 1954; págs. 274 y 276/277).


En la misma línea argumental, NUÑEZ nos ilustra afirmando que: “El elemento de prueba es nuevo sí, por no haber sido introducido oportunamente en el proceso, no pudo ser valorado por el Juez que pronunció la sentencia impugnada en el recurso de revisión...Por el contrario, no es un elemento de prueba la distinta interpretación que se haga del elemento que ya estaba en el proceso o que fue utilizado por el Juez para fundar la sentencia. El nuevo elemento de prueba debe ser, en el momento de su proposición, eficaz por si sólo o unido a los ya examinado o existentes en el proceso, para hacer evidente que el hecho objeto de la condena no existió o que el condenado no lo cometió o no tomó parte en él o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable.” (NUÑEZ, Ricardo C.; Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba; Edit. Lerner; Año 1978; pág. 515).


8.2.- En esa inteligencia, examinada que fuera el Acta Notarial, prima facie advierto que la declaración efectuada por C. en el mencionado instrumento no reviste el aludido carácter, extremo que se erige como una valla infranqueable de sortear que sella la suerte del recurso, pues obliga a este Tribunal a desestimarlo in limine.


Ello así, pues la prueba invocada –declaración del entonces acusado- fue oportunamente introducida al proceso y valorada por el A quo al momento del dictado de la sentencia de condena. Pretender asignarle –como lo hace la defensa- una interpretación diversa en tanto el nombrado habría variado la versión brindada en el Juicio, no basta para lograr la apertura de la instancia que se peticiona. Es que -como ya dijéramos-, la vía intentada resulta excepcional y extraordinaria, ya que se dirige a destruir una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada, que hace a la esencia misma del Estado de Derecho cuando le asigna al Poder Judicial la tarea de administrar Justicia. Igual temperamento ha adoptado este Tribunal -en su anterior integración- en L.A. Nº 58, Fº 285/289, Nº 82 (Voto de la doctora de Falcone), a cuyas consideraciones me remito en honor de la brevedad.


Refuerza lo argumentado, el valor convictivo que corresponde asignarle a la declaración del condenado C., la que aún cuando se haya efectuado con la intervención de un Escribano Público, igualmente no se la puede catalogar como prueba dirimente o decisiva, en atención a las particulares propias de las actas notariales. Y digo ésto, pues como bien lo dispone el Código Civil y Comercial, debemos tener presente que: “El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se circunscribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial.” (Art. 312 del citado Código).


Así, las manifestaciones vertidas por C. deben ser examinadas estrictamente, correspondiendo exigir un mínimo de elementos que avalen la seriedad de tales dichos, pues la forma de su instrumentación, sólo otorga certeza sobre el hecho de la declaración, más no de la verdad de lo narrado. En igual sentido lo ha entendido el Sr. Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, cuyas consideraciones expuestas en el dictamen de fs. 44/46 vta. hago propias y doy por reproducidas, como parte integrante de este voto.


Sobre el este tema, se ha dicho que: “...la declaración del particular, vertida ante el notario atribuyéndose determinada calidad, es intrascendente, por cuanto la sinceridad del contenido (dicho particular) no está protegida por la fe pública, precisamente porque el oficial público (escribano) sólo puede dar fe de los dichos que se dijo o hizo en su presencia, pero no puede atestiguar la verdad de los dichos.” (cfr. fallo citado por el STJ de Río Negro; Expte. Nº 17023/02; Sentencia Nº 129; fecha 23/10/2002).


Siguiendo ese orden de ideas, no puedo dejar de mencionar que conforme se advierte de la simple lectura del acta en cuestión, la misma fue confeccionada al sólo efecto de interponer el presente recurso y en aras a desincriminar a M., de allí que se deben extremar –aún más- los recaudos para ponderar este instrumento.


Es de notar que lo afirmado por el declarante no tiene otro respaldo probatorio que dé sustento a sus afirmaciones y, por otra parte, que el iter de su génesis luce –cuando menos- sospechoso. En tal sentido, advierto que el acta se efectuó a requerimiento de S. M. P. –quien podría ser pariente del penado-, con la finalidad exclusiva de dejar constancia de la declaración de C.; motivo por el cual la requirente conocía –de antemano- el propósito de este último.


Amén de ello, también se debe reparar –conforme surge de la literalidad del acta- que además de la intervención de “su Defensor Oficial, Dr. Meriles” (tal lo dicho), también actuaron en la formación de este instrumento, los Dres. Raúl Armando Cruz y Vicente Raúl Antonio Cruz, sin que se explicite o surja del propio instrumento, el motivo al cual obedecía la presencia de estos últimos en aquella oportunidad. O bien C. tenía un Defensor Público o un letrado particular, no pudiendo admitirse la intervención concomitante de ambas formas de representación.


Todo ello, me lleva a colegir –sin duda alguna- que no se trata de una declaración espontanea ni ajena a los intereses de los condenados, sino que por el contrario, deliberadamente preparada, de allí que no sea suficiente para sortear la primera etapa (iudicium rescindens) para habilitar el examen que se pretende indicada al inicio, máxime valorando que la misma fue efectuada extrajudicialmente, y no en el marco del proceso penal. Ello así, pues para admitir la procedencia de la revisión fundada en nuevos hechos o nueva prueba: “...se exige la evidencia, no es admisible la demanda de revisión cuando se propongan hechos o elementos de prueba susceptibles solamente de engendrar duda acerca de la culpabilidad del condenado.” (MANZINI, Vicenzo; Ob. cit.; pág. 277).


8.3.- Por lo demás, no escapa a la suscripta que los ocurrentes dan por cierto que, de haber considerado el sentenciante la versión de los hechos que expone ahora C., la condena no se hubiera dictado en contra de M., afirmación que no luce acertada ni se compadece con las constancias de la causa principal. Y digo ello, ya que como se advierte de los fundamentos cuidadosamente expuestos en el pronunciamiento en crisis, existieron elementos suficientes para tener certeza positiva respecto de la participación de M. en el injusto motivo de reproche, como bien lo ha admitido –también- este Cuerpo en su anterior integración en la decisión adoptada –de forma unánime- el día 6 de Junio de 2013 (L.A. Nº 56, Fº 978/983, Nº 315), que rechazó los Recursos de Inconstitucionalidad deducidos por ambos penados, luego de un pormenorizado examen de la sentencia y de las probanzas obrantes en la causa principal.


Lo expuesto, echa por tierra cualquier análisis ulterior, pues –como anticipáramos- la prueba que funda la pretensión recursiva, no demuestra inequívocamente que “el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió”, como lo exige la Ley de Rito, por lo que deviene forzoso adoptar la solución que propicio. Es que lo que realmente pretenden los defensores de M. –enmascarando a su proceder bajo el ropaje del Recurso de Revisión-, es inducir a este Cuerpo a efectuar una nueva valoración de todo el plexo probatorio producido en la causa, extremo que nos está vedado por el ya mencionado principio de la cosa juzgada.


Tal proceder no puede ser avalado por este Alto Cuerpo, pues implicaría avasallar los elementales principios que hacen al Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la esencia del proceso penal.


IX.- Por lo expuesto, me pronuncio en el sentido indicado supra VI y subsidiariamente, por el rechazo del Recurso de Revisión interpuesto por los Dres. Julián Ernesto Martín Palmieri y Gabriel Hernán Duarte, en el ejercicio de la defensa técnica de J. C. M. Propongo que las costas de esta instancia sean impuestas al recurrente en su calidad de vencido (Art. 494 del C.P.Penal Ley Nº 3584).


La regulación de los honorarios profesionales corresponde que se efectúe conforme a lo establecido por la Acordada Nº 3/18, por lo que propongo que se fijen los correspondientes a la actuación de los Dres. Palmieri y Duarte, en la suma de pesos dos mil ($ 2.000) para cada uno de ellos, importe al que se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), si así correspondiera.

Tal es mi voto.


La doctora de Falcone dijo:


I.- Adhiero a la solución a la que arriba en su voto el doctor del Campo, empero lo hago conforme a los motivos que a continuación expongo.


El 13 de abril del año 2012, la Sala II de la Cámara en lo Penal condenó a R. Á. C. y a J. C. M. a cumplir la pena de prisión perpetua por hallarlos coautores materiales y responsables del delito de homicidio calificado, previsto y penado en el art. 80 inc. 7 del C.P.


Contra esa sentencia interpusieron recurso de inconstitucionalidad los defensores de ambos imputados. Mediante resolución de fecha 6/6/2013, el Superior Tribunal de Justicia -en su anterior integración- resolvió rechazar ambos recursos (fs. 147/152 [2] ).


Esta decisión no fue notificada personalmente a J. C. M. y no fue recurrida.


En fecha 20/10/2016, los doctores J.M.P y G.D dedujeron recurso de revisión en contra de la sentencia condenatoria de J. C. M. En lo sustancial arguyen que su representado se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena por un delito que no cometió y que en su oportunidad fue mal defendido. Sostienen que es aplicable al caso la previsión normativa establecida en el art. 485, inciso 2º de la ley 3584, pues el co-condenado, R. Á. C., se ha responsabilizado de forma exclusiva por el hecho delictivo que motivara la condena de ambos. Acompañan para acreditar este aserto, la escritura pública Nº 99 de fecha 9/10/2015 labrada por la escribana titular del registro Nº 39, Laura Nora Viera de Ome.


Llamado a dictaminar el representante del Ministerio Público de la Acusación, opina que el recurso debe ser desestimado por los argumentos a los que me remito, brevitatis causae (fs. 45/47).


II.- Considero que el recurso de revisión debe ser acogido. Doy razones.

La Corte Federal, tiene dicho, que "no a toda sentencia judicial puede reconocérsele fuerza de resolución inmutable, sino sólo a aquéllas que han sido precedidas de un proceso contradictorio, en el que el vencido haya tenido adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba" (Fallos: 238:18). Sucede “que la expresión res judicata no equivale a decisión definitiva e inapelable –como erróneamente suele creerse-, pues solamente hay cosa juzgada cuando ha habido contienda promovida por la lesión de un derecho o de un interés legítimo, y la decisión a la cual se refiere ha sido dictada en virtud de un procedimiento regular, con garantía de defensa, audiencia, prueba y alegación” (Bielsa, Rafael; “La cuestión de las jurisdicciones especiales”, LL 1975 – 797).


El proceso que culminó con la sentencia condenatoria de M., no cumple con tales exigencias.


Los recurrentes, basan su pretensión al amparo de lo establecido en el inciso 2 del art. 485 de la ley 3584. En este sentido arguyen que los dichos de C., explicando que M. no tuvo ninguna participación en el homicidio M., constituiría un elemento de prueba sobreviniente que haría evidente que M., no cometió el delito por el que fue condenado.


Sin embargo no son sólo las declaraciones documentadas en una escritura pública, las que definen mi postura; sino más bien la evidencia de que J. C. M., no contó en el proceso penal con una defensa técnica eficaz, se lo privó de ofrecer prueba y no se le otorgó el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, todo lo cual influyó decisivamente en el dictado de una sentencia írrita.


III. Una defensa técnica eficaz.


Sabido es que en “…materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34 La Ley, 21555; 308:1557, entre muchos otros). ("Cáseres, Martín H.", 25/9/1997, publicado en L.L. 1998 B, 387).


La Constitución Nacional y la Constitución Provincial establecen que es inviolable la defensa en juicio, de la persona y de los derechos (art. 18, C.N., 29, inc.1º, C.Pcial.). Se ha comentado de esta disposición que: “En cuanto al imputado, el espíritu de la cláusula constitucional y los intereses (social e individual) que el proceso penal tutela (puesto que la sociedad tiene interés en que la defensa sea eficaz) revelan, en primer término, que la norma se refiere, tanto a la defensa material como a la formal o técnica; es decir, la tutela no se circunscribe a la primera…” (Cfr. Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, t. II, p. 204).


Es decir, “…el Derecho procesal penal, de alguna manera muy particular, no considera al imputado suficientemente capaz para resistir la persecución penal –estatal, pero también la privada- por sí solo, salvo casos excepcionales; esto es, admite que no posee la plena capacidad para estar o intervenir en el procedimiento penal por sí mismo, con excepción del caso en el que se permite su autodefensa técnica. El defensor viene, así, a completar o complementar la capacidad del imputado para estar en juicio penal y esa es la auténtica función que él cumple.” (Maier, Julio B.J. Derecho Procesal Penal. Actos Procesales. Editores del Puerto. Bs. As. 2011. t. I, p. 551).


La defensa técnica del imputado consiste en la actividad desarrollada por el letrado: “…que informará y aconsejará a aquél, elaborará la estrategia defensiva y propondrá pruebas, controlará y participará en su producción y en las de cargo que ofrezca el procurador, argumentará sobre su eficacia conviccional, discutirá el encuadramiento jurídico de los hechos que se le imputan a su defendido y la sanción que se le pretenda imponer, y podrá recurrir en su interés. La posibilidad misma de la defensa implica la equivalencia de conocimientos jurídicos entre acusador y acusado, lo que requiere que el imputado cuente con un abogado para no encontrarse en la situación de ‘quien no sabe hablar la lengua que necesita para hacerse entender’”. (Cafferata Nores, José I y Tarditti Aída, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado, t I, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2009, p. 353.).


La Corte Federal a través de la doctrina de “la defensa técnica eficaz” ha desarrollado algunas pautas respecto a cómo debe ser la actividad de un defensor en el proceso penal, para ser considerada adecuada y así cumplir con el patrocinio que exige el art. 18 de la Constitución Nacional.


Específicamente, en el precedente “Domínguez” (Fallos 330:5052) el Tribunal Supremo hizo tres precisiones “... una respecto a la calidad que debe guardar la defensa, otra respecto a la actitud que deben asumir los magistrados ante situaciones de indefensión y otra relativa a las consecuencias de una defensa inefectiva:


1. Contenido o calidad de la defensa que se debe garantizar. El derecho de defensa no puede considerarse satisfecho con la intervención meramente formal del abogado defensor, si no que este asesoramiento debe ser efectivo.

2. La actividad que deben desplegar los tribunales para garantizar el patrocinio efectivo. Quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir la negligencia del imputado en la provisión de un abogado defensor.

3. Las consecuencias de no garantizar un patrocinio efectivo.

a) Una actitud contraria a las enunciadas no garantiza un verdadero juicio contradictorio.

b) Una actitud contraria a las enunciadas no asegura el cabal ejercicio del derecho a que la condena sea revisada por un tribunal superior.” (Álvarez Nakagawa, Alexis; “Defensa Técnica Eficaz”, Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 6, pág. 192).


A continuación centraré el análisis en la asistencia letrada recibida por M. en el tránsito por las distintas etapas del proceso penal y en la actividad desplegada por los jueces para garantizarla.


IV. El proceso penal de J. C. M.


IV.-1) La instrucción judicial.

J. C. M. fue privado de su libertad el 4/6/2010 imputado por el delito de homicidio calificado en ocasión de robo (fs. 797). Recién se le hizo conocer el motivo de su detención y se lo invitó a designar un defensor el 15/6/2010. Optó por un abogado de la matrícula y el juez instructor decretó que su indagatoria se llevaría a cabo ese mismo día quince (fs. 819 vta.). Sin embargo sin que conste por qué, la indagatoria se llevó a cabo el día dieciséis del mismo mes y año.


El imputado declaró sin asistencia letrada (fs. 822/823 vta.) y no sólo no consta que el abogado propuesto haya sido notificado del acto de indagatoria, sino que inclusive ni siquiera puede afirmarse que al momento de su realización, este letrado hubiera aceptado el cargo de defensor [3].


En fecha 8/7/2010 se realizó un reconocimiento en rueda de personas (fs. 866). Sin perjuicio del análisis que efectuaré en otro acápite respecto de este acto procesal en particular, resalto aquí, que el acta que lo documentó sólo menciona la presencia del testigo identificador, el magistrado interviniente y la fedataria, no así la del abogado defensor.


A más de estos actos, en esta etapa investigativa, bajo la dirección de los jueces [4] que se encargaron sucesivamente de la instrucción, se recolectaron la mayoría de los elementos probatorios [5], que luego sirvieron para fundar la condena. Sin embargo, no consta que quienes ejercieron la defensa técnica de M. [6] hayan tenido aunque más no fuere una mínima intervención. No participaron en las audiencias que se fijaron para recibir testimonios, no ofrecieron prueba, no contradijeron ningún proveído del magistrado instructor y tampoco se opusieron a las resoluciones que posibilitaron el avance de la causa.


Esta exasperante pasividad de los letrados, contrasta notoriamente con la actitud asumida por el acusado que presentó muchísimas notas manuscritas requiriendo al juez instructor ser oído y manifestando desconocer su situación procesal. Así, mediante nota de fecha 21/9/2010 pidió una audiencia y agregó “…Me encuentro detenido desde el mes de junio. Soy inocente de lo que se me acusa, le ruego por fabor que se haga justicia con mi persona…” [7] (sic); reiteró este pedido el 8/10/2010 (fs. 1060); renovó esta solicitud el día 2/12/2010 y aclaró que “…en varias oportunidades, curse notas de mi parte a vuestro Juzgado. Sin encontrar eco a mis requisitorias.” (fs. 1122); solicitó se lo escuche el 4/3/2011 y explicó que se encuentra detenido desde el 2/6/2010 y que desconoce el “real estado” de su detención [8]; manifestó el 18/3/2011 que desconoce su situación y agregó que ha presentado pruebas que deslindan su responsabilidad en la causa (fs.1246); el día 4/4/2011 por medio de un escrito redactado en máquina de escribir y sin patrocinio letrado, ofreció prueba y agregó “…nada tengo que ver con el ilícito que se investiga en autos…” (fs. 1248).


Los autos dan cuenta además que el día 12/04/2011 requirió la incorporación del expediente Nº 481/10, aclaró que esas actuaciones fueron presentadas por su familia y dijo que necesitaba explayarse respecto de ellas (fs. 1269); el día 9/5/2011 instó la intervención del juzgado actuante para que proteja a su esposa e hijos, peticionó que se aclarara su situación procesal y reiteró que es ajeno a la causa (fs. 1275). En fecha 26/5/2011 pidió audiencia con la magistrado instructor y explicó que pretendía que le designara un defensor oficial y separara del cargo al abogado de la matrícula (fs. 1359). Salvo este último requerimiento ninguno de los demás fue atendido [9].


El día 3/6/2011, la juez de instrucción lo procesó como supuesto coautor responsable del delito de “HOMICIDIO CALIFICADO Y PARTICIPACION CRIMINAL” (sic) y convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo desde hacía un año atrás (1324/1349). La defensora no apeló esta resolución.


Con posterioridad, el ahora procesado cambió su estrategia; ya no pidió más que la autoridad jurisdiccional lo escuchara, sino que intentó en vano que lo hiciera la letrada que había asumido su defensa. El día 6/6/2011 requirió una audiencia con su nueva asistente (fs. 1403), como no tuvo respuesta, reiteró este pedido en fechas: 27/6/2011 (fs. 1457), 2/8/2011 (fs. 1490), 3/8/2011 (fs. 1488), 5/9/2011 (fs. 1544) y 20/9/2011 (fs. 1555). Ninguno de ellos fue atendido, a no ser por el último, que mereció de la magistrado, un lacónico “Téngase presente para su oportunidad” (fs. 1557).


El día 6/12/2011 el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión de la causa a juicio (fs. 1563/1564). La juez de instrucción declaró cerrada la instrucción y elevó la causa a la Sala II de la Cámara en lo Penal (fs. 1578). Su defensora no efectúo observación alguna a esta decisión. Como surge evidente, M. se encontraba indefenso y así lo puso de manifiesto en cada oportunidad que tuvo. Esta falta de defensa permitió el desarrollo de la causa sin ningún tipo de resistencia.


IV.-2) Las diligencias preliminares al debate.


En fecha 20/12/2011 el juez presidente de trámite de la Sala II de la Cámara en lo Penal, citó a las partes para que en el término de diez días comparecieran a juicio (fs. 1583). El encartado presentó un escrito con patrocinio letrado designando un nuevo abogado para que ejerciera su defensa y pidió la suspensión del plazo para ofrecer prueba. Justificó este pedido refiriendo que no tenía asistente técnico y que el expediente se encontraba en la fiscalía (fs. 1588).


El día 10/2/2012 se hizo comparecer a M. ante el juez, reiteró la designación de un nuevo defensor, ratificó el pedido de suspensión y expresó: “…que él no tiene nada que ver con el hecho y ya lleva veinte meses detenido, quiere saber cuándo se fijara la fecha de juicio.” (fs. 1592).


El juez, en fecha 16/2/2012, denegó la solicitud de suspensión del plazo para ofrecer prueba, porque entendió que el pedido era extemporáneo (fs. 1595). Enseguida el nuevo defensor [10] requirió el franqueo del expediente para compulsarlo por primera vez y solicitó además un tiempo prudencial “…para poder leer y comprender los ocho cuerpos del mismo…” Explicó que aunque requirió el expediente en dos oportunidades por mesa de entradas del tribunal, no había podido tener acceso a él porque estaba a despacho. Finalmente cuestionó la notificación que se valoró para tener por extemporáneo el pedido de suspensión de plazos. Manifestó que sólo se cumplía formalmente con las etapas del proceso y requirió por ello se le otorgue a su defendido “…un verdadero y real plazo para ofrecer pruebas…” (fs. 1598).


El juez rechazó nuevamente este pedido. Basó su decisión en que hasta la designación del último letrado, el inculpado había sido asistido por la defensora de pobres “…que actuó a lo largo del expediente…” y ella había sido notificada del decreto que citaba a las partes para ofrecer prueba. Sumó a este argumento la afirmación de que el acusado había sido anoticiado personalmente de dicho proveído y que por eso no podía desconocer el estado de la causa. Señaló que el plazo en cuestión era improrrogable y que la resolución que marcaba su inicio se encontraba firme y consentida por no haber sido recurrida. Finalmente le concedió al defensor el préstamo del expediente por el término de tres días (fs. 1599/1600).


Advierto que el juez, lejos de paliar la situación de indefensión que padecía el reo, la agravó, pues valoró para tener por cumplido el anoticiamiento del proveído: primero, la mera designación formal de su letrada; luego, la ficción de que la notificación personal al imputado -carente de conocimientos jurídicos y privado de su libertad- lo ponía efectivamente en conocimiento del estado de la causa, cuestión que inclusive obstaculizaba su redacción, pues ponía los autos a disposición de las partes “…a los fines y efectos que determina el art. 366 del Código Procesal Penal de la Provincia…” (fs.1583).


De otro costado, resalto que, en la misma foja en la que obra este decreto, en la parte inferior, el actuario hizo constar que ese mismo día 20/12/2011 se libraron cédulas a los abogados defensores y que el día 22/12/2011 son notificados personalmente los inculpados. Empero figurar de seguido “notifiqué al Sr. Fiscal de Sala”, se lo notificó recién más de 40 días después, el día 2/2/2012.


Esto es, al imputado y a su defensora, se los tiene por notificados los días 22 y 23 de diciembre del año 2011 respectivamente, en cambio al representante del Ministerio Público Fiscal “se lo notificó” el 2/2/2012, constando todo en una misma foja. Esta notable disparidad, no sólo contradijo en el caso del fiscal, el art. 128 del digesto procesal (ley 3584) que ordena que: “Las resoluciones judiciales se harán conocer a quienes corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas de dictadas….”, sino que alteró la correlación cronológica de las actuaciones, pues no se notificó al fiscal de este decreto, pero se continuó anoticiándolo de proveídos de fecha posterior (fs. 1584).


La rigurosidad formal con la que se juzgó el pedido de suspensión de plazos del imputado (que alertaba sobre su indefensión), desentona con el tratamiento que se le brindó al fiscal de Cámara, pues se toleró que quien tiene su despacho en el mismo edificio y en el mismo piso que el tribunal, dejara constancia de su notificación cuando lo creyera conveniente, en cambio se rechazó el pedido de M., evaluando para hacerlo, una notificación por cédula [11] cursada a la defensora oficial de la ciudad de San Pedro.


Todo pasando por alto que las fechas de los cargos de los escritos de ofrecimiento de prueba del fiscal y del pedido de suspensión de plazos de la defensa, presentan notorias irregularidades; en el primero, la fecha esta sobrescrita (fs. 1590), en el segundo, tachada y sobrescrita (fs. 1588), sin que ninguna de las dos hayan sido debidamente salvadas por el fedatario.


Relacionado con las circunstancias narradas, se ha analizado que: “Una problemática que se reitera con cierta regularidad, es la situación provocada ante la renuncia –cuando no abandono implícito- o necesidad de revocatoria de mandato de abogados particulares, mientras se encuentran corriendo plazos procesales; o en los períodos inmediatamente anteriores al inicio de una audiencia de juicio oral. Esta situación, más allá de provocar un sobrecarga imposible de prever a los fines de superposición de audiencias de los defensores oficiales –ya que no suele ser común que otro letrado particular asuma el caso en estas condiciones-, redunda en una evidente limitación para una defensa técnica efectiva. Es claro que los plazos procesales de las partes se estipulan con criterio de realidad, a fin de que las peticiones que en ellos se invoquen tengan posibilidad cierta de ser ejercitadas. Sin embargo, no siempre los jueces reconocen que la situación planteada, si es convalidada, otorga una desventaja fundamental para las oportunidades de defensa y para las estrategias consensuadas entre defensa material y técnica.” [12].


La Cámara Nacional de Casación Penal en el precedente “Lupo” [13] donde se discutía entre otras cuestiones, el rechazo del ofrecimiento de prueba peticionado por la defensa, consideró que de adherir a la mayoría del tribunal a quo [14] “…implicaría llevar a cabo el juicio oral contando, exclusivamente, con la prueba aportada por las partes acusadoras, negándole así a la defensa, invocando razones de orden procesal –esto es la extemporaneidad de su presentación-, la posibilidad –en iguales condiciones- de presentar siquiera una prueba de descargo que haga a su legítimo derecho, lo que se traduciría en un exceso ritual manifiesto que equivaldría transformar la actividad jurisdiccional en un conjunto de solemnidades desprovistas de sentido rector, cual es la realización de la justicia. Cabe señalar que a través de diversos pronunciamientos la Corte ha ido perfilando el contenido de la garantía de la defensa en juicio en sentido genérico. Así, se ha entendido que a toda persona sometida a proceso debe acordársele la oportunidad de ser oída, de conocer los cargos en su contra y de presentar y producir pruebas en su favor -Fallos, 121:285; 128:417, 183:296, 193:408; 198: 467- (cfr. Alejandro D. Carrió “Garantías constitucionales en el proceso penal”, 5° edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2006, pág. 118)”.


En definitiva, el juez presidente de trámite debió advertir que el acusado se encontraba en estado de indefensión y resguardar su asistencia jurídica brindándole la oportunidad para que ofreciera prueba.


IV.- 3) El debate.


El 20 de marzo del año 2012 comenzaron las audiencias que conformaron el plenario. En la primera oportunidad que tuvo, el defensor de M. pidió la palabra y le manifestó al tribunal que materialmente no había tenido posibilidad de conocer en plenitud las constancias de autos, ya que sólo había podido compulsar los primeros cuerpos y que de ellos no surgía que estuviera involucrado su defendido. Estimaba entonces procedente solicitar “…la suspensión de los términos que le estén corriendo, para no desperdiciar ninguna de las defensas que hubieren, o hacer algún planteo de nulidad, al estar imposibilitado de realizarlo al no conocer la causa…” (fs. 1646).


Este pedido fue rechazado por el presidente del tribunal porque no había plazos corriendo en su contra y porque se le había prestado el expediente por tres días. Replicó entonces el defensor, que nunca pudo retirar las actuaciones porque siempre le informaron por mesa de entradas que estaba en trámite. El juez le contestó: “Se tiene presente lo manifestado”, con posterioridad declaró abierto el debate e hizo leer por secretaria la requisitoria fiscal (fs. 1646 vta.). Esto es, decidió avanzar de todas formas con el juicio propiamente dicho.


El art. 14.3.b) del PIDCP sostiene que: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección…”. Coherente con la manda supranacional, el art. 29.5.3 de la Constitución Provincial establece que toda persona en una causa criminal tiene derecho a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa; regla esta que reproduce el actual C.P.P. de la Provincia en su artículo 9º [15] .


Asimismo, el principio 21 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, sostiene que: “Las autoridades competentes tienen la obligación de velar para que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso se facilitará lo antes posible.” (Subrayado me pertenece).


La manifestación del defensor relativa a que no estaba preparado para asistir a su defendido porque apenas conocía algunos cuerpos del expediente (3 de 8), no tuvo una respuesta satisfactoria por parte del tribunal, que lejos de subsanar esta situación para garantizar al imputado una defensa efectiva, decidió avanzar de todas formas con la realización del debate.


El desconocimiento de las actuaciones por parte del letrado, permitió legitimar una condena que fue dictada sin que M. haya sido efectivamente defendido. Cuestión que fácilmente se infiere, no sólo por las cuestiones puntualizadas, sino por su nefasta influencia en la convicción de los jueces, que sin resistencia defensiva, efectuaron una valoración sesgada del material probatorio y adunaron a la violación del derecho de defensa en juicio, la vulneración del principio de inocencia.


En adelante doy cuenta de esto último.


V.- La sentencia.


V.- 1) El hecho y su calificación legal.

El 13 de abril del año 2012, la Sala II de la Cámara en lo Penal condenó a R. Á. C. y a J. C. M. a cumplir la pena de prisión perpetua por hallarlos coautores materiales y responsables del delito de homicidio calificado, previsto y penado en el art. 80 inc. 7 del C.P.


Para fallar de esta forma los jueces tuvieron por acreditado el siguiente hecho:

“ … que el día 20 de enero de 2010, en horario diurno, el Sr. J. C. M. se apersonó en el domicilio de O. M. a efectos de contratar sus servicios para la realización de un flete desde la ciudad de El Piquete. En la ocasión fue atendido por el padre de M., el Sr. N. M. C., quien al haber tenido oportunidad de tomar contacto directo y personal con el primero, pudo reconocerlo a fs. 866. Al día siguiente, esto es, el 21 de enero de 2010, siendo horas 11:56 y 12:01, aproximadamente, los procesados realizaron sendos llamados telefónicos al celular del padre de la víctima –nº …- desde un telecentro sito en la ciudad de Monterrico, conforme surge de fs. 101, por el mismo motivo invocado el día anterior, esto es, la realización del flete hasta que, finalmente, a las trece horas de ese día, luego de haber mantenido un nuevo contacto telefónico con O. M., éste salió de su domicilio en su camión para realizar el trabajo de marras, indicando que era desde la localidad de El Piquete a Perico, es decir, el mismo transporte por el que había consultado M. el 20 de enero.


Luego de egresar de su vivienda, M. se dirigió a buscar a los procesados quienes se encontraban en las inmediaciones. Para afirmar esto debe tenerse en cuenta que las llamadas que se hicieron al teléfono del Sr. M. C. se originaron en un telecentro de Monterrico, según lo informado por la Policía de la Provincia, a fs. 101, ratificando la impresión de éste en cuanto le pareció que quienes llamaban estaban pendientes del arribo de su hijo a la casa. Por otra parte, el dato temporal aportado por el hermano de la víctima corrobora esta circunstancia pues permite saber que en el trayecto entre el domicilio de O. M. y el punto en que fue visto por última vez por aquél, recogió –por lo menos- a una persona de sexo masculino que, ahora, lo acompañaba, tal como lo pudo apreciar este testigo, sin descartar la presencia de otro sujeto en el rodado.


La presencia de M. en el lugar y momento inicial del hecho se torna cierto ante el cuádruple bloque indiciario constituido por su presencia en el domicilio de la víctima el día anterior, inquiriendo sobre el mismo flete; la falta de efectividad de su coartada, pretendiendo probar que estuvo en la ciudad de San Salvador de Jujuy; su conocimiento previo de C. y la llamada realizada más tarde a su esposa, N. C.


En el derrotero seguido por la víctima, en compañía de C. y M., se dirigieron a la localidad de El Piquete, debiendo hacer un alto en algún punto a efectos de ofrecerle al conductor algo para beber, en lo que mezclaron el medicamento conteniendo la droga denominada benzodiacepina a efectos de provocarle la pérdida de la conciencia, cuyos rastros quedaron en el cuerpo de O. M., según lo informado por el Lic. Aramayo a fs. 180 y explicitado en la audiencia de debate. En lo que respecta a la determinación del medicamento proporcionado por los procesados como “Trapax”, ello quedó acreditado mediante el secuestro, en el domicilio de C., de un blíster de tal producto y a través de la identificación que media entre la droga encontrada en M. y el contenido de este psicofármaco en los comprimidos en cuestión, según lo consigna el mismo profesional a fs. 491.

Respecto de la necesidad de que los acusados debieron efectuar un alto en el camino para suministrarle el fármaco a la víctima tampoco pueden caber dudas a poco que se aprecie la rapidez con la que la droga hace efecto, a saber, diez minutos, según lo referido por el Lic. Aramayo, no resultando razonable que los procesados se arriesgaran a que sus efectos afectaran a M. mientras conducía el camión con ellos a bordo.


Una vez conseguido el propósito de adormecer totalmente a la víctima, ambos procesados la condujeron hasta el paraje denominado El Cuerudo, distante a unos tres kilómetros de la ciudad de El Piquete, que era el destino inicial de M., para arrojarlo al canal que atraviesa la ruta nº 1, a sabiendas que por los efectos de la droga suministrada éste no podría ejecutar acto alguno destinado a conseguir su supervivencia en el agua. A mérito de las conclusiones del informe médico de fs. 119, el deceso de la víctima se produjo el 21 de enero de 2010, a horas 18:00, aproximadamente, lo que coincide con el tiempo que tardaron en llegar al lugar desde el punto de partida, Monterrico.


Esta conducta revela con cabal suficiencia el dolo de homicidio que inspiraba a ambos procesados, habida cuenta que ninguno de ellos podía ignorar la absoluta indefensión en la que se encontraba el transportista, así como la amenaza cierta que, para su vida, significaba dejarlo en el cauce de un canal, con caudal abundante, como lo indicaran de consuno los testigos G., M., C. y F.


Este obrar de los acusados, motivado en su conocimiento de que M. podría reconocerlos con certidumbre, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el hecho, los condujo a suprimir la vida de la víctima a título de conducta preordenada para cometer el desapoderamiento, conforme lo estatuye el art. 80, inc. 7, del Código Penal.”.


V.- 2) La prueba.


V.- 2.A. El reconocimiento en rueda de personas y las llamadas telefónicas.

Para fundamentar la responsabilidad que le atribuyó a J. C. M., el tribunal consideró en primer lugar lo siguiente:


“Liminarmente, debo decir que ninguna duda cabe que el Sr. M. C. realizó un reconocimiento positivo del procesado J. C. M. en el acto instrumentado a fs. 866. Ello es así porque, efectivamente, fue M. quien se apersonó el día anterior en el domicilio de la víctima invocando su supuesta pretensión de contratar con ésta un flete. La seguridad y solvencia con la que el testigo ratificó este reconocimiento por ante estos estrados dan debida cuenta de la importancia de esta prueba en orden a tener por certera su individualización del acusado.


Ello nos conduce, irremediablemente, a analizar el aspecto que se presenta como inmediato, en esta secuencia de razonamientos. Si se tiene por cierto –como lo hago- que fue M. quien concurrió al domicilio de M. para proponer su contratación, tampoco es posible dudar que tal conducta fue asumida en directa –y necesaria- vinculación con el posterior homicidio y robo perpetrado. Me explico.


En primer lugar, que M. haya aparecido en la vivienda de la víctima, cuando no tenía previsto realizar mudanza alguna entre El Piquete y Perico no hace más que ratificar que su accionar guardaba conexión con un hecho distinto que se pretendió embozar con el supuesto flete. En otras palabras, si M. hubiera concurrido a realizar las averiguaciones enderezadas a contratar los servicios de M. porque verdaderamente los requería, existiría un justificativo adecuado para su presencia en el lugar. Pero como ello no se produjo de esta forma, la conducta previa de M. se transforma en un indicio fuerte que debe ser ponderado por el Tribunal.


En segundo término, tampoco pueden albergarse dudas de que el obrar de M. no estuvo desconectado del accionar delictivo posterior. Digo esto porque el flete que M. salió a realizar el día 21 de enero de 2010 fue el mismo sobre el que M. pretendió averiguar el día anterior, y sobre el que se insistió telefónicamente el 21 de enero. Nótese a este respecto que, durante el lapso que medió entre la presencia de este procesado y la partida de la víctima de su domicilio, aproximadamente a las trece horas del 21 de enero, ningún otro requerimiento de servicios distinto se le hizo a O. M. Ello se torna en otro indicio significativo sobre la conducta de M., pues limita absolutamente las posibilidades de separación entre lo realizado el 20 y lo acontecido el 21 de enero.


En tercer lugar, el Sr. M. C. hizo un aporte sustancial en la audiencia de debate que no puede ser desatendido en aras de vincular el obrar de M. con la muerte de O. M. Me refiero a su descripción de las llamadas, en relación a la insistencia demostrada por el presunto contratante del flete, como si estuvieran vigilando –“cuidando”, dijo en la audiencia- a su hijo, pues se produjeron no bien éste llegó al domicilio. Ello se compadece con el origen de las llamadas, a saber, un telecentro ubicado en las inmediaciones de la vivienda, en la ciudad de Monterrico.” (fs. 757 vta./fs. 758).


V.- 2.A.1. Análisis.

V.- 2.A.2. Introducción.


El único soporte de toda la reconstrucción histórica relativa a la participación de M. en el evento criminoso, es el reconocimiento por parte del padre de la víctima, como quien el día 20 de enero del año 2010 habría pretendido contratar un servicio de flete para realizar una mudanza.


Observo en el inicio de estos considerandos la falacia de petición de principio. Pues, es el “reconocimiento” el que prueba el hecho, no el hecho el que convalida el “reconocimiento”. Sin embargo para los jueces “ … ninguna duda cabe que el Sr. M. C. realizó un reconocimiento positivo del procesado J. C. M. en el acto instrumentado a fs. 866. Ello es así porque, efectivamente, fue M. quien se apersonó el día anterior en el domicilio de la víctima invocando su supuesta pretensión de contratar con ésta un flete…”. De esta forma supusieron la verdad de lo que se debía probar utilizando para ello un argumento circular. El hecho es verdadero porque lo determina la prueba, la prueba es válida porque lo determina el hecho.


V.- 2.A.3. La llamada.


N. M. C. al momento de efectuar la denuncia explicó que el día 20 de enero del año 2010, se acercó una persona a su domicilio a contratar sus servicios para efectuar un flete. Agregó que acordó con ella que el trabajo se haría al día siguiente, un día 21. Relató también, luego de mencionar que le había dado su número celular y el fijo de su casa, que “ … siendo horas 12:10 aproximadamente el jueves 21-01-10 en circunstancias que (…) se encontraba en la finca la Ovejería (…) recibió un llamado a su celular, y al contestar textualmente le dijeron: “CHE VAMOS A HACER EL FLETE O NO”(…), entonces (…) le pidió una hora hasta quedar desocupado (…), luego se cortó la comunicación…”. Con posterioridad señaló “…que por la voz se trataría del mismo sujeto con quien dialogó el día anterior …” (fs. 40 vta.).


Es decir, para el padre de la víctima, la persona con la que conversó cara a cara era la misma con la que dialogó telefónicamente al día siguiente. Y si bien es cierto que M. C. con mucha seguridad detalló el diálogo telefónico mantenido el día del hecho; no lo es menos que al momento de declarar en el debate fue categórico al afirmar que “…ninguna persona lo llamó, sólo conversó personalmente…” y especificó que“…recibió las llamadas en su casa solamente…”, y que “…su hijo lo llamó a la finca y le avisó del flete…” (fs. 1649 vta.).


O sea, N. M. C. nunca habló vía celular el día 21 con quién había conversado “personalmente” el día 20, o lo que es igual, nunca tuvo siquiera la oportunidad de reconocerle la voz.


Me permito aquí una pequeña digresión, contrastando el número que denunció este testigo como perteneciente a su dispositivo móvil (…) y el informe que registra el listado de llamadas efectuadas el día 21 de enero desde el celular de la víctima (…), no consta tampoco -como afirmó- que su hijo lo hubiese llamado para avisarle del flete (fs. 101/102).


V.- 2.A.4. El reconocimiento en rueda de personas.

V.- 2.A.4.a. La realización del reconocimiento en rueda de personas.


El expediente da cuenta que durante la instrucción muchos actos procesales que debió llevar a cabo la autoridad judicial fueron realizados por la autoridad policial. Uno de los más significativos, sin dudas, es el que tiene como protagonista a G. E. M. [16], pues imputado originariamente en esta causa, se le recibió declaración indagatoria en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Pedro, “oficiando” de juez y secretario respectivamente, el Sub Comisario Andrés Panozo y el Oficial Inspector Javier Tolaba (fs. 309/310).


En lo que atañe al reconocimiento en rueda, es menester resaltar, que mediante proveído de fecha 5 de julio del año 2010 el juez instructor dispuso que se hiciera comparecer a M. A. Q. [17] a fin de que amplíe su declaración indagatoria. Ordenó también –en el mismo decreto- que se cite a N. M. C. “a fin de que se practique un reconocimiento en rueda de personas”. La fecha fijada para la realización de ambos actos procesales fue el jueves 8 de julio de 2010; el primero, para llevarse a cabo a las horas 9, el segundo, a las horas 10 (fs. 847).

Mas este Alto Cuerpo mediante acordada Nº 11 de fecha 6/7/2010, resolvió: “Declarar asueto para el día 8 del mes de julio del año en curso a partir de hs. 10:00, e inhábil a todos los efectos procesales, únicamente para los Tribunales, Juzgados y Organismos Judiciales de la ciudad de San Pedro de Jujuy…” [18] . Q. nunca declaró el día 8 de julio como estaba fijado, sino que, sin que quede explícito el motivo, recién amplió su deposición en fecha 20/8/2010 (fs. 963). Sí consta en cambio, que en esa fecha (8/7/2010) se llevó a cabo el reconocimiento en rueda de personas (fs. 866).


El imputado luego de su realización manifestó que lo detuvieron junto a sus hijos y que lo trasladaron a la Brigada de San Pedro; que apenas ingresó le sacaron fotos y le tomaron sus medidas; que el día del reconocimiento en rueda de personas lo tuvieron como una hora en la camioneta de judiciales; que se acercó el oficial Tolaba y que anotó como estaba vestido con la finalidad de transmitir esa información al testigo identificador (fs. 1552).


En síntesis, existía evidencia que permitía considerar que la realización del acto había sido indebidamente delegada en la autoridad policial. Lo sugería así; la ejecución de otros actos anteriores a éste; la acordada declarando asueto judicial en la fecha prevista para su concreción; la postergación de una indagatoria fijada para llevarse a cabo ese mismo día; e inclusive que el reconocimiento se documentara con un formato de texto distinto al utilizado por el juzgado [19] y con una redacción ajena al estilo forense.


Las irregularidades denunciadas por M., en este contexto, merecían ser escuchadas, sin embargo la defensa técnica nunca requirió la nulidad de la diligencia con base en ellas.


En el debate el oficial Tolaba -señalado por M. como quien le había indicado al testigo que lo apuntara- descartó de cuajo cualquier suspicacia al respecto refiriendo que no tuvo ninguna participación en el reconocimiento “porque se hace en sede judicial” (fs. 1692), sin embargo llegado el momento de la discusión final, el representante [20] de la querella, al referirse expresamente al lugar donde se llevó a cabo este acto, dijo: “…se hizo el reconocimiento en la Brigada rodeado de todas las garantías procesales…” (fs. 1736).


V.- 2.A.4.b. Forma.


Nuestro digesto procesal (ley 3584) establece que: “Para fechar un acto deberá indicarse el lugar, día, mes y año en que se cumple...” (art. 99) y que “Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. El Juez será asistido por el Secretario…” (art. 104).


Asimismo ordena que:

“Las actas deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que actuaren; en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si estas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, si las dictaron los declarantes; previa lectura, la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo, o cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, la mención de ello. Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta puede ser leída y suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar.” (art. 105).


Específicamente, en lo que respecta al acto de reconocimiento el rito prescribe que:

“…se le preguntará previamente a quien deba practicar el reconocimiento, que haga la descripción aproximada del sujeto que ha de ser reconocido, requiriéndole después para que manifieste si antes fue llamado por alguna otra autoridad para verificar el mismo reconocimiento, o si con posterioridad al hecho del proceso vio a la persona en cuestión y ésta le fue señalada por alguien o si vio fotografías de la misma de cuyas declaraciones se dejará constancia, bajo sanción de nulidad. Inmediatamente el Juez o funcionario encargado de la instrucción, procurará la presencia de otras dos o más personas que tengan semejanza con la que ha de ser reconocida la que se presentará, en cuanto sea posible, en las mismas condiciones en que pudo ser vista por el que va a practicar el reconocimiento. Colocada en una fila de personas destinadas a la confrontación, quien podrá elegir el orden de colocación que le parezca conveniente, sobre cuya facultad se le instruirá debidamente en el momento de la diligencia así como para separarse de cualquier persona sospechosa y solicitar el aumento de los componentes, al que se hará lugar siempre que no se advierta malicia, se le hará comparecer al declarante y después de tomarle juramento de decir verdad, se le preguntará si entre las personas que forman la rueda se encuentra la persona que designó en su declaración o imputación, y en caso afirmativo, la señalará clara y terminantemente. En el acta que se levantará de la diligencia se hará constar los detalles de la misma, con indicación de día, hora y sitio en que se realizó, así como el nombre, domicilio y edad de las personas que han integrado la fila.” (art. 229).


Estos recaudos “…no revisten el carácter de meras formalidades sino que, desde la perspectiva del derecho de defensa, configuran requisitos estrechamente ligados a la seguridad de la prueba de reconocimiento, toda vez que tanto la rueda de personas como el interrogatorio previo a los testigos que hayan de practicarlo constituyen verdaderas válvulas de garantía que operan en favor de la exactitud, seriedad y fidelidad del acto en la medida en que tienden a disminuir las posibilidades de error a fin de resguardar la sinceridad de la identificación” (CSJN, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Miguel Jorge A.D., 12/12/2006).


En el sub judice no se han respetado los presupuestos que el legislador ha considerado como salvaguarda del derecho de defensa del imputado, al extremo de que no es posible, atendiendo al acta que lo registra, conocer si estuvieron presentes los representantes de las partes, quiénes integraron efectivamente la rueda de personas y a quién señaló el testigo identificador. Todas irregularidades estas que no permiten establecer con certeza los datos que juzgó fehacientes la sentencia condenatoria y que no pueden ser salvadas ni acudiendo con ese objeto, a otros elementos probatorios conexos con él.


V.- 2.A.4.c. El testigo identificador.


N. M. C. fue citado como testigo identificador al acto de reconocimiento en rueda de personas. Al momento de hacer la denuncia refirió algunos rasgos fisonómicos de la persona que conversó con él personalmente el día 20/1/2010. Sostuvo que se trataba de una persona de: “1,75 mts. de altura aprox., tez trigueña, de unos 35 a 40 años, contextura física normal, cabellos cortos, color negro, lacio, tonada de la zona, rostro delgado, nariz y boca normal, labios pronunciados, mentón prominente, orejas chicas, ojos oscuros, dentadura normal, sin señas particulares en el rostro, vestía una gorra tipo jokey color gris con franjas amarillas, una chomba a rayas amarillas, una campera tipo vaquera color celeste (prelavada), pantalón vaquero color azul (prelavado), calzaba zapatillas color blanca, también llevaba un bolso formato cilíndrico color negro, con dos piolas del mismo color, no precisando marca ni otros detalles, si agrega que le dio la impresión de una persona jornalera (común)…” (fs. 40). En esta oportunidad se le preguntó si reconocería a esta persona y aseguró que sí (fs. 41).


En el debate, C., encontrándose en presencia de M., inició su declaración manifestando: “…un señor fue a su casa a pedir un flete, no lo conocía, ellos trabajaban en un camioncito, quería un viaje al Piquete, pactaron el precio, el viaje era para el otro día, esta persona lo llamo dos veces, una su hijo no estaba, en la segunda lo encontró y después salió”. Describiendo este encuentro dijo: “Fue a la mañana, como a las diez u once, era mayor de edad, no tan alto, pelo corto, llevaba una mochila, campera vaquera…” y aclaró que: “…conversó cinco o diez minutos con el contratante, pudo apreciarle el rostro, un poquito, no pude decir exactamente como es,…” (fs. 1649 vta.).

Como es fácil advertir, durante el juicio propiamente dicho, se mostró dubitativo.

V.- 2.A.4.d. El identikit.


Para reforzar la individualización de M. en el reconocimiento en rueda efectuado por C., los jueces compararon el rostro del imputado con un retrato hablado confeccionado cuando se inauguraba el proceso penal.


La sentencia expone el siguiente argumento:


“Asimismo, y como un elemento de ponderación a tener especialmente en cuenta en lo relativo a la positiva individualización de M. por parte del Sr. M. C., conviene valorar la exactitud de la correspondencia del identi-kit realizado por personal policial, merced a la descripción aportada por el padre de la víctima, con las características morfológicas de este procesado. El cotejo de dicho instrumento, obrante a fs. 97, con M., formalizado gracias a la singular oportunidad que brinda la inmediación que se produce en la audiencia de debate, autoriza a concluir en la certeza que proporciona la identificación realizada por el testigo.”


Mas los datos aportados por este testigo distaban de ser muy específicos o significativos, si se pretendía a través de ellos acceder a una nítida caracterización de la persona que se acercó a contratar el flete. Esta indeterminación quedó aún más visible durante el debate, pues el testigo aún estando en presencia de M., no arriesgó a describirlo y se excusó en que “…pudo apreciarle el rostro, un poquito”.


C. durante la instrucción había dicho en relación a la persona que conversó con él, que tenía “…tez trigueña, de unos 35 a 40 años, contextura física normal, cabellos cortos, color negro, lacio, tonada de la zona, rostro delgado, nariz y boca normal, labios pronunciados, mentón prominente, orejas chicas, ojos oscuros, dentadura normal…” (fs. 40).

El retrato hablado que obra a fojas 97 de autos es un dibujo poco preciso conformado por unos pocos trazos, empero pueden distinguirse algunas características morfológicas. Así, se observa un rostro con forma de triángulo invertido; ojos caídos; cejas bajas de espesor mediano; una nariz con un tabique largo y rectilíneo, con una raíz estrecha, de base ancha y con una punta nasal baja; una boca grande, labios de grosor medio, orejas grandes y un mentón redondeado.


A primera vista [21] y salvo el caso de una exacta correlación, es imposible que este identikit pudiera ser utilizado para acreditar, al modo que lo haría una fotografía, la identidad de una persona. Vale esta afirmación por dos razones: la primera, porque como ya dije tiene poca definición y si bien permite una primera aproximación a la fisonomía del rostro de una persona, se encuentra lejos de facilitar una identificación categórica como la que efectuaron los jueces; la segunda, porque de la simple confrontación entre la fotografía de M. (fs. 141 [22]) y el retrato hablado, emerge que el dibujo ilustra un rostro con forma de triangulo invertido, una nariz de base ancha y una boca grande, mientras que la foto visualiza una cara redonda, una nariz de base estrecha y una boca de tamaño pequeña. Ningún pretexto podía justificar la correspondencia que dijeron comprobar los jueces en razón de la inmediación.


V.- 2.A.4.e. La identificación de las personas que intervinieron en el acto.


El digesto procesal ordena que las actas deben contener el nombre y el apellido de las personas que hubieren intervenido en el acto procesal (art. 105, ley 3584). En el documento que registró el reconocimiento en rueda de personas, pueden contarse diez firmas, dos con los sellos individualizadores que corresponden al juez instructor y a la fedataria, las demás sin ninguna aclaración. Contrariando el número de signaturas, la secretaria al finalizar el acta determinó que tres fueron las personas que la rubricaron. Certificó que lo hicieron M. C. (el compareciente) el juez y ella misma.


La determinación precisa de quienes eran las personas que iban a ser los sujetos pasibles de ser reconocidos, era sumamente necesaria porque al momento de su realización, eran más de dos los encausados, entre ellos, C. y M. También es útil resaltar que durante la investigación primero fue detenido C. y luego lo fue M. Sin embargo no consta que se haya efectuado un reconocimiento del primero, a pesar de que el testigo identificador previo a este acto, en oportunidad de ampliar su declaración, sostuvo expresamente que reconocería a “C.” [23] (fs. 613).


En este orden de ideas, el acta del reconocimiento registra que se lo invitó a “…efectuar la descripción de las personas que cometieron el delito investigado en autos…”; que se le preguntó si con posterioridad al hecho del proceso vio “…a las personas…”; si “estas le fueron señaladas” o si vio “fotografías de las mismas” y finalmente “…que indique las personas que cometieron el delito investigado…” (fs. 866).


Es decir, de los términos utilizados emerge claro, que motivó el acto, el reconocimiento de por lo menos dos personas. Tal posibilidad está prevista en el Código Procesal en los siguientes términos: “Cuando fueren varios los que hayan de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento en un solo acto.” (art. 230 in fine, ley 3584).


Destaco aquí que al momento de la discusión final, el abogado defensor de C. alegó como un dato esencial para deslindar de responsabilidad a su asistido, el hecho de que el padre de la víctima no lo hubiera reconocido en la rueda de personas (fs. 1736 vta.), empero, como se adelantó, no existe constancia de que este reconocimiento se haya llevado a cabo.


De otro costado, según lo documentado, la rueda de personas fue integrada por cinco individuos (S. D. Q., J. C. M. P., A. A. C.; A. D. y R. T.), sin embargo constan más firmas, es decir, superan en número las que corresponderían a las de sus componentes. Advierto también una rúbrica con el nombre de “C. Z.” que no tiene relación con ningún participante de la rueda y con ningún representante de las partes. Asimismo ya expliqué que el representante del querellante particular, no obstante no figurar presente en el acto, durante la discusión final, hizo expresa referencia a su participación en él, aclarando que el reconocimiento se había hecho en la Brigada de Investigaciones (fs. 1736).


Algunas de estas irregularidades fueron resaltadas por el defensor de M. durante el juicio. En esta dirección, el acta de debate que registró la audiencia llevada a cabo el día 27 de marzo de 2012, da cuenta de que se planteó la nulidad del reconocimiento en rueda de personas. El tribunal en pleno resolvió rechazarlo por extemporáneo y porque –sostuvieron- debió hacerse de forma oral. El escrito donde constaba la petición nulidicente fue devuelta al abogado defensor (fs. 1656).


Durante los alegatos la defensa nuevamente cuestionó que hubiera siete firmas cuando el acta mencionaba cinco personas integrando la rueda. Para responder a este cuestionamiento, los jueces -previo dejar en claro que la defensa había denunciado la irregularidad pero qué no había planteo de nulidad- respondieron que “…en el acto no sólo participan quienes componen la rueda, sino también el Magistrado que lo dirige, su secretaria, y los representantes de las partes, si estuvieren presentes, por lo que mal puede esgrimirse esta diferencia cuantitativa como fundante de una alegada irregularidad”.


Es decir, el tribunal evaluó que la mera posibilidad de que los representantes de las partes estuvieren presentes (nunca podían afirmar que efectivamente lo estaban) bastaba para descartar cualquier censura que se intentara con base en ellas.


V.- 2.A.4.f. El reconocido.


Lo primero que es menester aclarar es que a diferencia de lo que acontece con el actual Código Procesal Penal (art. 290 in fine), le ley de rito que reguló este acto (ley 3584), no prevé como uno de sus recaudos que se tome “una fotografía de la rueda de reconocimiento, donde pueda observarse la similitud de las personas reconocidas”. En consecuencia, no consta en autos ninguna imagen de la rueda de personas.


Iniciado el acto de reconocimiento, N. M. C., al momento de describir las características fisonómicas de la persona que tuvo una breve conversación con él, señaló escuetamente rasgos aún más generales que los indicados con anterioridad. Dijo: “…era alto, casi delgado, pelo corto negro, morocho, boca normal, perfil delgado, ojos negros”.


La rueda de reconocimiento se integró con cinco personas de la siguiente forma: “Seguidamente se colocan a: Dn. S. D. Q.,…; Dn J. C. M. P.,…; Dn. A. A. C.,…; Dn. A. D.; Dn R. T.…”. Consta después “Requerida la presencia del testigo identificador, para que indique las personas que cometieron el delito investigado en autos: Dijo: Reconozco a la persona que está ubicada en segundo lugar de derecha a izquierda, está vestida con un buzo rojo, camisa a cuadritos, y pantalón negro.” [24] (el subrayado me pertenece).


De manera que conforme a la certificación del reconocimiento en rueda de personas, el testigo N. M. C. señaló a A. D. como la persona con la que conversó personalmente el día 20/1/2010. La indicación explícita del testigo a que “el segundo lugar” debe contarse de “derecha a izquierda”, no deja lugar a otra interpretación.


La dirección que adopta nuestro sistema de escritura es de izquierda a derecha [25], desde la parte superior de la página hasta la inferior. Por lo que sí con él se pretende representar el orden de una fila de personas (y no se indica lo contrario), la única posibilidad interpretativa estribaba en concluir que la colocación que tienen sus componentes, es aquella que les otorga su mención en el documento, leído de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.


Entonces, así como el número 125 significa ciento veinticinco y no quinientos veintiuno, no puede sino deducirse que la rueda de personas se integró con 1) Q., 2) M., 3) C., 4) D. y 5) T. Ahora, al invertir el testigo el orden en que debía leerse su indicación (segundo lugar de derecha a izquierda), es claro, que indicó a D., pues de derecha a izquierda, M. ocupaba el cuarto lugar.


V.- 2.A.4.g. Corolario.


El acta presenta una serie de irregularidades que la vuelven contradictoria en sí misma e incoherente también con otras constancias del expediente. La más importante, se traduce en que, conforme al modo en que fue ordenada la rueda de personas y el apuntamiento que efectuó el testigo, la persona reconocida difiere de aquella que los jueces consideraron indicada. Si nunca se dudó respecto a la autoridad que llevó a cabo este acto, necesariamente se debió considerar lo siguiente.


El acto de señalamiento es esencial en cuanto a la individualización e identidad de la persona de que se trata. Indicación que por otro lado ha sido efectuada ante la presencia y el contralor del magistrado actuante y la fedataria. Como lo afirmé en otras oportunidades: “Este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que la plena fe de los instrumentos pasados ante el oficial público se extiende a todas las afirmaciones del mismo respecto a lo que él ha hecho, visto y oído por suceder en su presencia y en el ejercicio de sus funciones…” (L.A. Nº 39, Fº 515/519, Nº 202)” (L A Nº 54, Nº 316), y es que el acta es un instrumento público (Art. 979 incs. 1 y 4 C.C.) motivo por el cual goza del “beneficio de autenticidad y veracidad con relación a los hechos que se refieren como cumplidos por el propio oficial público o acontecidos en su presencia, los que sólo caen por vía de redargución de falsedad” (Belluscio, Augusto y otros, “Código Civil y Leyes Complementarias, Comentado, Anotado y Concordado”, t. 4, p.485, ed. 1982).


Tampoco puede decirse en favor de la conclusión de los jueces, que sea definitorio que el testigo durante el debate haya referido que reconoció al imputado en ese acto, en primer lugar, porque como lo destaqué en el acápite intitulado “el testigo identificador”, M. C. se mostró dubitativo al momento de explayarse sobre la características fisonómicas del rostro de M., excusándose en que sólo pudo verlo “un poquito” (fs.1649 vta.), y en segundo término, porque nunca podía obviarse, que lo dicho en el debate difería con lo certificado en un instrumento público.


En estas condiciones no existía razón suficiente para predicar con certeza que N. M. C. hubiera señalado a M. P. en ese acto procesal y así debieron juzgarlo los jueces.


Más aún desatendieron, que una valoración respetuosa del principio de inocencia (Art. 29, numeral 4 de la C.Pcial. Art. 8, numeral 2 de la CADH y 14, numeral 2 del PIDCyP) obligaba a considerar que la regular realización del acto (primordialmente que refleje la identidad de quien es reconocido) debía exigírsele a la parte que pretendía valerse de él para fundar sus cargos, o a la inversa, su incorrección o irregularidad nunca debía perjudicar al imputado.



V.- 2.B. La cantidad de personas intervinientes.

V.- 2.B.1. Introducción.


Los hechos que motivaron la condena de M. fueron descriptos como ocurridos los días miércoles 20 y jueves 21 del mes de enero del año 2010. En lo sustancial, se juzgó que el día miércoles M. se acercó hasta el domicilio de la víctima e intentó contratar un servicio de flete para una mudanza desde la localidad del Piquete hasta la ciudad de Monterrico, empero el trabajo no pudo hacerse ese día.


Al día siguiente, circunscribieron los jueces, M. ya no estaba sólo, sino que, junto a C. llamaron por teléfono a M. para llevar a cabo el flete. Habiendo acordado las modalidades de la prestación del servicio, partieron los tres (C., M. y M.) en un camión hacia el Piquete. En el trayecto, en una parada, C. y M. le dieron de beber a M. una sustancia que lo adormeció hasta perder el conocimiento y después para terminar con su vida, lo arrastraron y lo arrojaron a un canal caudaloso, donde sabían que por encontrarse inconsciente no tenía posibilidad de sobrevivir. Se llevaron entonces el camión y una vez en la Provincia de Salta, en la localidad de Lerma, utilizaron el dispositivo celular de la víctima y se comunicaron, C. con M. A. Q. y M. con su esposa N. C.


Lo primero que hay que resaltar, es que aunque entendiéramos que el padre de la víctima, efectivamente reconoció a M., como la persona con la que tuvo una breve conversación el día 20 de enero, todavía restaba por probar su coautoría en el homicidio que ocurrió el día 21 enero de 2010. Sobre todo, porque conforme a la reconstrucción histórica realizada por la sentencia, nada de lo acontecido el día 20, resulta crucial para lo que se determinó aconteció el día 21. Pues suprimiendo la conversación que se juzgó tuvo M. con el padre de la víctima, todavía se podía contratar el servicio al día siguiente, como efectivamente el tribunal juzgó que ocurrió.


Por eso, la determinación de lo realizado el día 21 de enero del año 2010, descansa sobre la base de que M. se encuentra en todo momento junto a C., sin embargo no hay prueba que acredite tal aserto, pues la existente, no permite descartar que lo sucedido corresponda a la obra de una sola persona. Hipótesis esta última que inclusive es más compatible con las circunstancias que determinó la sentencia [26].


Sin ingresar en un mayor análisis, adelanto aquí, que el tribunal juzgó que el 21 de enero de 2010, “…siendo horas 11:56 y 12:01, aproximadamente, los procesados realizaron sendos llamados telefónicos al celular del padre de la víctima (…) desde un telecentro sito en la ciudad de Monterrico…”, empero estas llamadas bien pudieron ser efectuadas por uno sólo de los procesados. Lo mismo puede razonarse en lo atinente a la valoración de que los imputados “vigilan” a la víctima desde un telecentro.

El tribunal a más del informe donde consta que las llamadas efectivamente se hicieron, pero que no permiten acreditar quién o quienes las hicieron, ni su contenido, valoraron lo siguiente.


V.- 2.B.2. La sentencia.


El Tribunal sostuvo:

“Los coautores del delito son dos. Así lo demuestran tanto las afirmaciones vertidas por el testigo V. como las realizadas por el hermano de la víctima.


En este sentido, debe recordarse que G. M. vio salir al camión conducido por su hermano de la ciudad de Monterrico, con destino a la ciudad de Perico, acompañado por una persona masculina, cuya descripción no pudo proporcionar dada la rapidez con la que lo cruzó, aunque admitiendo que podía ir, además, una tercera persona en el rodado. Por otra parte, este testigo determinó que, teniendo en cuenta el momento en el que O. M. salió de su domicilio para hacer el viaje y la hora en que él vio el camión debe haber ido, previamente, a cargar combustible y a buscar a alguien para dirigirse al lugar a donde se iniciaba el flete, lo que explica la presencia de otra persona más en la cabina del vehículo a pesar de que la víctima salió sola de su vivienda.


Lo mismo ocurre con el aporte realizado por V., habida cuenta que cuando observó el camión en las cercanías de Santa Clara advirtió que lo tripulaba más de una persona, a la sazón, concretamente tres.


En los dos casos existe certeza de que el camión que ambos testigos vieron sucesivamente era el de M., a poco que se repare en que los dos conocían perfectamente sus características por ser el hermano uno, y amigo el otro, de la víctima.” (fs. 1760).


V.- 2.B.3. El testimonio de G. F. M.


Las constancias de la causa dan cuenta de que G. F. M., el hermano de la víctima, depuso en el proceso penal por primera vez en fecha 27 de enero del año 2010. En esta oportunidad refirió que el día jueves 21 de ese mismo mes “…siendo horas 13.15 aproximadamente mientras conversaba con un vecino vio pasar por la ruta provincial nº 45, que se encuentra a 50 metros aproximadamente de distancia, el camión de su hermano haciendo notar que vio a un sujeto masculino que viajaba sentado al lado del acompañante, que vestía con camisa clara, una gorra oscura, de tez morocha, no precisando mayores datos…” (fs. 90). Preguntado por si observó otra característica particular del pasajero que llevaba su hermano, dijo que no pudo ver debido a que pasó rápido y a una distancia considerable.


Durante el debate, éste testigo explicó que: “…lo ve al camión como a las doce y media a una, pasó al frente de su casa, le hizo seña para hacer de compañero de viaje, vio un acompañante, pero no si iba otra persona más, tiene hipermetropía en los ojos, paso a unos quince metros, iba alguien sentado en el asiento del acompañante, era una silueta masculina…su hermana le dijo que lo llamaron y se fue a cargar combustible y que parece que fue a buscar a algún lado a la persona…”. Reiteró ante una pregunta de la fiscal, que: “…su hermano pasó con una sola persona es lo que logró ver, no sabe si había otra más, hay una cortina detrás…” (fs. 1648 vta.).


De los dichos de este testigo lo único que se podía inferir es que en el camión se trasladaban dos personas, una conducía el vehículo, la otra iba en el asiento del acompañante. Además esta conclusión es congruente con otras constancias del expediente. En ese sentido, el padre de la víctima al describir el camión sustraído dio como una de sus características el que tuviera “…un habitáculo para cucheta…butaca del chofer y acompañante individuales…” (fs. 40).


A los jueces les bastó que el testigo refiriera que había una cortina en la cabina del camión, para suponer que detrás de ella en el habitáculo para cucheta, con la cortina cerrada viajaba una persona más. Entonces, este clarísimo testimonio de donde emerge que en el rodado sólo se movilizaban dos personas, se utilizó para tener por acreditado que lo hacían tres.


V.- 2.B.4. El testimonio de E. E. V.


E. E. V. declaró por primera vez en la causa en fecha 25 de enero del año 2010. Luego de afirmar que conocía a la familia M. desde hacia quince años, especificó que:“…ya el día jueves 21-01-10 siendo horas 18:00 aproximadamente decidió regresar a su casa en la ciudad de Perico, fue que tras llegar a la ciudad de Santa Clara camino obligatorio recorrido por la ruta Nº 6, siendo horas 20:30 aproximadamente y luego de comer un sándwich en un quiosco del lugar, decidió continuar su viaje, fue allí que al momento de que salía de la ciudad de Sta. Clara (dirección Norte), vio que en sentido contrario se acercaba un camión con intenciones de ingresar a dicha ciudad, fue que al aproximarse más y al cruzarse en la ruta, estableció que se trataba del CAMION MARCA MERCEDES BENZ 1114 COLOR ROJO, propiedad de O. M., es por ello que el dicente lo saludó con señas de luces y continuó su camino, agregando que el camión también le respondió con señas de luces, sin darle importancia y creyendo que M. se encontraba trabajando por la zona, regresó el mismo día a Perico pasando los días sin novedad…” (fs. 71).


Preguntado específicamente respecto a si pudo ver quién lo conducía o cuantas personas viajaban en el mismo, respondió enfáticamente: “…que no se percató de ello dado que solamente reconoció el camión…” (fs. 71).


Es claro que V. reconoció el camión mas nunca pudo ver quién lo manejaba, ni cuántas personas se trasladaban en él. La hora en que se produjo el encuentro y cómo se produjo (transitando en sentido contrario), no dejan lugar a una evaluación distinta.


Sin embargo este mismo testigo con posterioridad (fs. 669) -luego de ratificar el testimonio arriba transcripto- sostuvo que: “…Vi que había tres personas en el camión, pero sólo la silueta porque estaba oscuro, eran más de las ocho de la noche.”. Finalmente durante el plenario y dado el informe relativo a su incomparecencia, el tribunal con anuencia de las partes, incorporó al debate, en los términos del art. 404 del C.P.P, “…las declaraciones de fs. 669, ratificatoria de fs. 71 vta…” (fs. 1693 vta.).


O sea, se incorporaron dos testimonios que no son correspondientes entre sí respecto al número de personas que viajaban en el camión. En la primera, más cercana temporalmente al hecho, el testigo no sabe cuántas son porque no se percata de ello; en la segunda, sabiendo ya que hay dos personas acusadas, afirma que son tres, mas aclara, sólo ve siluetas.


Sin dudas ningún dato fidedigno relativo a la cantidad de personas viajaban en el camión podía brindar el testimonio de V. Empero los jueces basándose en él, determinaron que eran tres. Esta conclusión les sirvió para ubicar junto a la víctima a dos personas más, C. y M. Apresuradamente pasaron por alto que a las 20:30 del día 21 de enero de 2010, M. llevaba más de dos horas muerto.


La sentencia determinó que: “A mérito de las conclusiones del informe médico de fs. 119, el deceso de la víctima se produjo el 21 de enero de 2010, a horas 18:00, aproximadamente, lo que coincide con el tiempo que tardaron en llegar al lugar desde el punto de partida…” (fs. 1762 vta.).


El Tribunal juzgó que con el testimonio de E. V. acreditaban que el día 21 de enero del año 2010, a las 20.30 horas viajaban tres personas en el camión sustraído, la víctima y los condenados C. y M. Empero omitieron confrontar esta proposición con los resultados del informe médico realizado por el doctor Orlando Bejarano (fs.119), pues de haberlo hecho, fácilmente hubieran advertido su falsedad.


Sucede que de la comparación entre la hora del deceso de la víctima y la hora del avistamiento del camión por parte de V., surge que a las 20.30 horas del día 21 de enero de 2010, M. ya estaba muerto, o lo que es igual, el testigo nunca pudo ver “tres siluetas”.


V.- 2.C. La dosis de Trapax.

V.- 2.C.1. La sentencia.


La sentencia determinó:

“Como se acreditó con los informes del Lic. Aramayo, obrantes a fs. 180 y 491, ratificados en la audiencia de vista de causa, se halló en la víctima rastros de benzodiacepinas que, a su vez, son compatibles con el medicamento denominado “Trapax”, del que se encontró un blíster en el domicilio de C.


Resulta por demás relevante, en orden a valorar adecuadamente las afirmaciones vertidas por este profesional, que la referencia a lo escaso del rastro encontrado en las muestras sometidas a estudio no se vincula forzosamente con la cantidad que le fue suministrada a la víctima. En otras palabras, la cantidad cuya presencia fue comprobada en el cuerpo no resulta indicativa de que la dosis proporcionada a M. haya sido poca.


Otro elemento que se desprende de lo informado por el Lic. Aramayo es la rapidez con la que actúa el psicofármaco de marras, a saber, unos diez minutos desde que es proporcionado. Este extremo será importante para el tratamiento de las cuestiones atinentes a lo preceptuado por el art. 412, inc. 3, del Código Procesal Penal.


Por último, también deviene significativa la referencia brindada por el profesional citado relativa a los efectos del consumo de benzodiacepinas en grado superior al terapéuticamente aconsejable, esto es, una importante somnolencia hasta quedar totalmente dormido, no obstante depender ello de otros factores asociados, como peso, talla, la ingesta previa o no de alimentos, el anterior consumo del medicamento, entre otros. Este punto también devendrá importante a la hora de valorar la conducta cumplida en el evento por los procesados”.


Describió después:

“La tenencia de Trapax por parte de C., conteniendo el psicofármaco que le fue suministrado a la víctima a efectos de dormirlo y, luego, arrojarlo al canal en el que falleciera a causa de la asfixia por sumersión, constituye un indicio fuerte, próximo y concomitante con el hecho, pues se trata de una sustancia utilizada para ejecutarlo…A ello debe agregarse que, conforme lo consigna el reporte producido en la audiencia de debate por el Lic. Aramayo, las benzodiacepinas suministradas en dosis superiores a las terapéuticamente aconsejadas, hacen efecto en el corto lapso de diez minutos, provocando la supresión total del sistema nervioso central, lo que se ve potenciado si la víctima no ha ingerido alimentos y jamás tomó antes dicho medicamento, tal como ocurriera en el caso de O. M.”


Estos extremos autorizan a indicar que, en oportunidad de hacer descender a M. del rodado, ya dominado por los efectos del Trapax, fue arrastrado hasta el canal y depositado en su cauce para provocar su deceso. No se trató, como se pretendió argumentar por la defensa, de un supuesto en el que podría interpretarse, a título de teoría, como se dijo, que los procesados se limitaron a dejar a la víctima en las proximidades del canal y que, luego, ésta, por motivos ajenos al dolo de aquellos, se precipitó al cauce con el resultado luctuoso finalmente obtenido. Obsta a esta conclusión la probada circunstancia de que M., merced a la alta dosis de benzodiacepinas suministrada se encontraba en un estado de inconsciencia tal que, por su entidad, le impedía cualquier tipo de reacción que autorice a conceder razón a la interpretación propiciada por la defensa.


Es, entonces, que a la luz del estado en que, con ajuste a la descripción de las consecuencias de la ingesta del psicofármaco la víctima nunca estuvo en condiciones de producir movimiento alguno que lo colocara por sí en el cauce del canal sino que, por su condición, debió ser depositado allí por los procesados, con ajuste a los signos de arrastre hallados en sus miembros inferiores y que no se corresponden con el arrastre del cuerpo por el cauce del canal en el que fue encontrado”.


V.- 2.C.2. Los informes bioquímicos.


El primer informe bioquímico valorado en la sentencia revela que el licenciado en química al describir el material a examinar, determinó que recibió: “Un frasco conteniendo pool de vísceras (mal estado) rotulado con el nombre de M., O. L. Un frasco con contenido gástrico (mal estado) con el nombre de M., O. L. Dos frascos de sangre (totalmente derramados) rotulados con el nombre de M., O. L.” (fs. 180 vta.).


Sostuvo además que analizadas las muestras de la víctima “…encontró muy pequeños rastros de una sustancia en el extracto alcalino y que por sus características cromatográficas probablemente se trate de psicofármacos del grupo de las benzodiazepinas.” (fs. 180).


El segundo informe, en lo que aquí atañe, establece: “Que las pastillas de color amarillo contenidas en el blíster con la leyenda Trapax es compatible con los psicofármacos pertenecientes a las benzodiacepinas, los mismos son utilizados de forma terapéutica como ansiolíticos sedantes, su abuso puede producir intoxicaciones produciendo una depresión en el sistema nervioso central e incluso puede llevar a la muerte de un ser humano dependiendo de la dosis ingerida de las condiciones físicas y de salud de las persona entre otros factores la fecha de vencimiento impresa en el blíster es 3/2011.” (fs. 492 vta.).


En el debate el autor de ambos documentos, René Daniel Aramayo [27] , manifestó respecto al efecto de las benzodiazepinas, que son tranquilizantes menores no hipnóticos, comúnmente utilizados como ansiolíticos o sedantes y que pueden provocar sueño. Aclaró que con la técnica que ocupan “…no pueden determinar la cantidad que encontraron, ellos actúan sobre el grupo químico, que grupo es el encontrado, la cantidad no se puede determinar…”. Refirió que la cantidad necesaria para hacer efecto depende del peso, talla, estado de salud y concomitancia con otras drogas. Agregó que en su estudio se le solicitó determinar en las muestras de vísceras y que realizó sólo un estudio toxicológico. Expresó que cuando en su informe dice derramada, es porque llegaron de esa forma al laboratorio las muestras de sangre y que por eso no pudo realizar un estudio en sangre. Dijo después que las pastillas Trapax son compatibles con los componentes psicofármacos encontrados en las muestras pertenecientes a M. y que el efecto de estas pastillas, podían llevar a la muerte, dependiendo de la dosis ingerida. Expresó que no se podía saber cuál es la dosis letal pues no era el mismo efecto en un niño, una mujer o un anciano. Afirmó que también hay que considerar lo secundario y que si se consume con alcohol se potencia.


Aseguró después: “…no se puede determinar exactamente la dosis, la forma de saber cuantitativamente es en sangre, no hizo un análisis pormenorizado del hecho, es decir, como aconteció, para calcular la dosis y su efecto no es matemático…”. Señaló más tarde que “…el estudio realizado es cualitativo, en una benzodiazepina, se hace la muestra frente al testigo conocido, en su informe ponen pequeños rastros porque depende de las cantidades, puede aparecer una gran mancha o una pequeña mancha, cuando se dice que se tiene una muestra en mal estado, esto es en cuanto a la conservación, o porque fueron tomadas de un cadáver en putrefacción, en este caso se analizaron vísceras, pequeños rastros no excluye la cantidad…” (1693 vta.).


Tanto de los informes como de las explicaciones dadas por el experto químico surgía con meridiana claridad que se encontraron en las muestras biológicas de la víctima, “muy pequeños rastros” de una sustancia que probablemente podía relacionarse con psicofármacos del grupo de las benzodiazepinas. También era diáfano que el experto había dictaminado que las pastillas pertenecientes al blíster con la leyenda Trapax (secuestrado en la residencia de C.) eran compatible con los psicofármacos pertenecientes a las benzodiazepinas.


El licenciado fue determinante al momento de explicar que no había realizado un estudio cuantitativo sobre las muestras sino cualitativo. El primero le hubiera permitido saber la dosis, el segundo es el que corrobora la existencia de rastros de una sustancia. Brindó dos razones por las cuales no llevo a cabo el estudio para determinar la dosis, la primera, porque la técnica que ocupan no lo permite, es decir, no contaba con la aparatología necesaria para realizar un estudio cualitativo “…no pueden determinar la cantidad que encontraron, ellos actúan sobre el grupo químico, que grupo es el encontrado, la cantidad no se puede determinar…”. La segunda, porque para ello se requiere un estudio de sangre y las muestras pertenecientes a M. habían llegado al laboratorio “totalmente” derramadas.


El tribunal, específicamente al tratar este punto sostuvo: “..la referencia a lo escaso del rastro encontrado en las muestras sometidas a estudio no se vincula forzosamente con la cantidad que le fue suministrada a la víctima. En otras palabras, la cantidad cuya presencia fue comprobada en el cuerpo no resulta indicativa de que la dosis proporcionada a M. haya sido poca.”. La proposición es correcta pero incompleta, en tanto omitió considerar que tampoco era indicativa de que la dosis proporcionada a la victima haya sido “alta”.


Empero, inexplicablemente, los jueces concluyeron que “…la probada circunstancia de que M., merced a la alta dosis de benzodiacepinas suministrada se encontraba en un estado de inconsciencia tal que, por su entidad, le impedía cualquier tipo de reacción … la víctima nunca estuvo en condiciones de producir movimiento alguno que lo colocara por sí en el cauce del canal sino que, por su condición, debió ser depositado allí por los procesados…” (Negrita y subrayado me pertenecen).


Este argumento no tiene prueba que lo respalde y el Tribunal para tenerlo como válido, se contentó con que no hubiera prueba que lo negara. La existente, valoró, no descartaba la posibilidad de su ocurrencia.


V.- 2.D. Las huellas de arrastre.

V.- 2.D.1. La sentencia.


Sentenciaron los jueces:

“En segundo lugar, cabe tener en consideración que el informe médico de fs. 117/119 da cuenta que el cuerpo de M. exhibía improntas en sus piernas correspondientes al arrastre ejecutado por los procesados para ser depositado en el canal en el que, más tarde, fuera encontrado ya sin vida, en la mañana del día 23 de enero de 2010. En efecto, el médico Bejarano consignó que la víctima tenía “escoriaciones en ambos miembros inferiores y herida superficial en nariz, las mismas producidas por arrastre y caída en canal desagüe y no por un tercero”. Tales signos se corresponden plenamente con la tracción ejecutada para dejar a M., en estado de inconsciencia, en la vía de agua. De entenderse lo contrario, esto es, que las marcas descriptas en sus piernas obedecen al tránsito del cuerpo por el canal, llevado por el agua, deberían poder ser halladas en toda la humanidad de la víctima y no sólo en miembros inferiores, teniendo en cuenta, sobre todo, la importante extensión por la que fue arrastrado.”


V.- 2.D.1.2. Análisis.


Los informes efectuados por la policía (fs. 74/76) y por la Delegación Criminalística (fs. 138/139), por el contrario, ningún indicio arrojan que pudieran hacer presumir que M. hubiera sido “arrastrado”, o que el cuerpo hubiera transitado una “importante extensión” por la vía de agua [28] .


No existe prueba que permita distinguir si las escoriaciones sobre los miembros inferiores y la herida superficial en la nariz de la víctima, fueron provocadas en vida (como si se dijera se arrastra a M. inconsciente boca abajo agarrándolo desde los brazos) o si por el contrario, ya estando muerto, son una consecuencia del contacto del cuerpo con el caudal de agua del canal (el cuerpo estaba inmovilizado enganchado a un alambre) o se deben a su desplazamiento inerte.

Tampoco puede tomarse como corroborada la afirmación de la sentencia porque se diga que el médico que llevó a cabo la autopsia refirió que fueron producidas “... por arrastre y caída en canal desagüe y no por un tercero…”. Primero, porque esta aseveración no tiene la más mínima explicación, tampoco sus implicaciones [29] ; segundo, porque salvo la referencia genérica que transcriben los jueces, no hay ninguna descripción de las mismas y sus características, cuestión que no puede salvarse ni acudiendo a las pocas fotografías del cuerpo, pues debido a los ángulos de las tomas y a su mala calidad imposibilitan su identificación; y tercero, porque de estar a la literalidad del informe, si se juzga que M. está inconsciente y los condenados lo arrastraron por el suelo provocándole las lesiones, técnicamente fueron ellos (terceros) los que las provocaron; de la misma forma en que si se refiere que hay una caída, así sin más, significa que la víctima cayó, es decir se movió de arriba abajo por la acción de su propio peso [30] y no –como en definitiva juzgaron- que la arrojaron.


V.- 2.E. La defensa material de M.

V.- 2.E.1. La presunción de que M. miente.


Los jueces consideraron que:

“A los fines de ponderar integral y adecuadamente su versión exculpatoria, en cuanto a él respecta, desde luego, tal como ya se advirtiera en el apartado V.3.1.5. precedente, deviene imprescindible tener presente que este procesado manifestó que siempre estuvo en su domicilio, que nunca pretendió sustraerse al accionar de la justicia. Sin embargo, ello no se compadece con las constancias de la causa, de las que surge inequívocamente que mientras su esposa, N. C. y sus hijos fueron aprehendidos el 9 de marzo de 2010, conforme se consigna a fs. 227, este procesado recién fue habido el 4 de junio de ese mismo año, a tenor de lo que consta a fs. 797. De ello se desprende que M. no obstante tener a casi toda su familia privada de su libertad, fue encontrado casi tres meses después, lo que demuestra la mendacidad de sus afirmaciones.” (fs. 1758 vta.).


Este argumento visualiza un error de razonamiento, se trata de una generalización apresurada, pues aun considerando cierto que M. hubiese mentido al referir que nunca pretendió sustraerse al accionar de la justicia, de allí no puede lógicamente inferirse, que también lo hiciera al momento de explicar las razones de su inocencia. Más aun cuando como sucede en el caso, esta proposición responde a una evaluación sesgada de las constancias del expediente. Me explico.


A primera vista la inferencia que efectúa el tribunal parece válida. Si en fecha 9 de marzo del año 2010 fueron detenidos los familiares con los que reside el imputado y él, recién es “habido” casi tres meses después, parece lógico pensar que durante todo ese tiempo, sabedor M. de que su esposa e hijos estaban presos, se “sustrajo” al accionar de la justicia.


Empero, si bien las constancias de autos acreditan que sus familiares fueron detenidos en fecha 9/3/2010 (fs. 227), también corroboran que fueron liberados el 18/3/2010 (fs. 311). Es decir, la presunción con base en el tiempo de detención de sus familiares, tiene mucho menos valor que el que parece atribuírsele.


Por otro lado no consta que M. durante esos tres meses haya sido intensamente buscado. En efecto puede conjeturarse lo contrario, si se observa que no fue detenido por orden del juez instructor de esta causa, sino que arrestado por “averiguación de antecedentes” en esta ciudad capital, consultada la autoridad policial de la ciudad de San Pedro sobre si “interesaba” su detención, está ultima, previo “… inspeccionar los archivos de resúmenes sumarios…” confirmó que sí, porque sobre él pesaba un pedido de detención (fs. 797).


V.- 2.E.2. La valoración de los dichos de M.

V.- 2.E.2.a. El indicio de mala justificación.


El tribunal al momento de evaluar la declaración del entonces procesado, consideró que:

“Desde el punto de vista negativo, cabe calificar como indicios fuertes el fracaso que experimentaron las respectivas postulaciones defensivas, oportunamente enderezadas a demostrar la presencia de los encartados en lugares distintos a aquel en el que se cometió el hecho. Ninguna duda cabe que los acusados, en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, pueden mantener silencio e, incluso mentir si así lo juzgan conveniente a su derecho, pero no es menos cierto que, una vez opuesta una versión exculpatoria, y tras haber ofrecido y producido prueba –como ocurrió en autos- destinada a sostenerla, no puede este proveyente omitir su valoración, concluyendo en su inantendibilidad. Va de suyo que este extremo constituye lo que Gorphe llama “indicio de mala justificación” y así debe ser interpretado.” (fs. 1760 vta.).


V.- 2.E.2.b. La tesis exculpatoria.


Sin perjuicio de lo ya evaluado respecto de la indefensión que padeció J. C. M. durante todo el proceso penal, lo cierto es que declaró en tres oportunidades [31] (la última durante el debate) y consta que pidió hacerlo un sinfín de veces durante la etapa investigativa. En cada oportunidad que tuvo afirmó que es inocente y que nunca estuvo en Monterrico los días miércoles 20 y jueves 21 del mes de enero del año 2010.


Durante la instrucción el imputado ofreció como prueba el expediente Nº 481/10 caratulado “M. P., J. C. p.s.a. de apropiación indebida” originado por la denuncia de quien fuera su empleadora (fs.1248), llegado el juicio propiamente dicho, requirió se la citara. Pretendía acreditar que el día del hecho él se encontraba en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Pidió también con el mismo objeto se convocara a prestar testimonio a un abogado de la matricula al que había consultado por una cuestión laboral.

El tribunal de juicio accedió a ambos pedidos.


V.- 2.E.3. El testimonio de la empleadora.

V.- 2.E.3.a. La audiencia de debate y la sentencia.


En la audiencia de debate la Sra. L. I. A. dijo que M. trabajó algunos días con ella como cadete y que lo denunció porque se fue con dos mil pesos que le había dado el dueño de Eco Textil para pagar unas boletas de Ejesa. Preguntada específicamente sobre cuándo había comenzado a trabajar, respondió que no lo recordaba pero que creía que el 13 o 14 de enero del año 2010 y que lo había hecho hasta el día 25 de ese mismo mes, que es cuando lo mandó a realizar el servicio y nunca más lo volvió a ver.


Agregó que el procesado no iba todos los días y que cuando salía se demoraba bastante. Señaló que hizo la denuncia el día 25 de enero y que el imputado había empezado a trabajar un jueves 13 o 14 de enero. Rememoró que: “…trabajó jueves, viernes, sábado y volvió el martes hasta el sábado al mediodía y luego regresó el lunes a la mañana, se fue con la plata y no regresó más…Los dos fines de semana que estuvo de empleado con ella no trabajó” (fs. 1674 vta.).


Manifestó que ella era la responsable de un servimoto, que abría a las nueve, que M. era el móvil Nº 14 y que tenía un borrador donde anotaba la salida. Refirió además que no llevaba un registro, sólo un borrador y que tiró todo. Aseguró que el imputado no trabajaba los domingos porque ese día hacían reparto de comidas y no utilizaban empleados en bicicleta. Dijo que no recordaba si los días 20 y 21 de enero del año 2010 el acusado había ido a trabajar.


Los jueces evaluaron los dichos de esta testigo de la siguiente forma:

“En relación a la Sra. A., otrora titular de la agencia de cadetería para la que trabajó M. entre el 13 o 14 de enero y el 25 de enero de 2010, puede afirmarse que no expuso datos de envergadura para mejorar la posición del procesado. En efecto, luego de relatar las dificultades que le provocó el accionar de M., al incumplir un pago que le habían encargado para un tercero, motivando la denuncia en causa nº 481/10, caratulada “M. P., J. C. p.s.a. apropiación indebida”, que en copia obra agregado por cuerda, indicó lo poco que recordaba.

Sobre lo puntualmente requerido describió la ausencia de controles sobre los cadetes, señalando que éstos, una vez que salían de la base gozaban de la mayor libertad; no existía medio para comunicarse con ellos, basándose sólo en cálculos horarios aproximados para saber el tiempo que les demandaría realizar los trámites encomendados; la posibilidad cierta de que los cadetes, una vez concluida la gestión, se retiraran a sus domicilios sin necesidad de retornar a la base, pues podían rendir cuentas al día siguiente y, lo que es más importante, la absoluta informalidad con la que se llevaba algo parecido un registro de las salidas de los empleados, que la testigo denominó “cuadernito” -“borrador”, también dijo en la audiencia- y con el que, atento al cierre del giro comercial, ya no cuenta. Entre los pocos aportes realizados por su parte, recordó que M., en el corto lapso que se desempeñó como cadete era muy irregular, nunca concurrió a prestar servicios los fines de semana pues, como lo explicó la testigo, esos días sólo trabajaban los cadetes que contaban con motos pues se dedicaban, básicamente, a transportar comida, mientras que el procesado tenía una bicicleta.


Lo cierto, entonces, es que la Sra. A. no pudo confirmar la versión proporcionada por M. en el sentido de que el 20 y el 21 de enero de 2010 estuvo en esta ciudad.” (1758/1758 vta.).


V.- 2.E.3.b. Crítica.

Para una adecuada valoración de este testimonio era importante considerar en primer lugar, que se le preguntaba a la testigo sobre dos días en particular, habiendo transcurrido más de dos años desde esas fechas. En segundo término y atento las referencias a que M. no trabajaba los domingos, sino que lo hacía hasta el sábado al mediodía, también cabía ponderar, que el día 20 de enero del año 2010 había sido miércoles, mientras que el 21 de enero de 2010, jueves.

El tribunal argumentó que la falta de formalidad del registro de la empleadora y las referencias a la irregularidad de la prestación del servicio, impedía convalidar la tesis de que M. estuviera los días en cuestión en esta ciudad.


Consideraron como un dato que desmerecía aún más su defensa, la circunstancia de que M. no trabajara durante los fines de semana. Empero este dato lo beneficiaba, pues permitía inferir en sentido contrario, que entonces sí lo hacía de lunes a viernes. La testigo sostuvo expresamente que había comenzado a trabajar un día 13 o 14 y que lo había hecho hasta un día 25 de enero. Existía también una razón para mantener más o menos fidedigno este recuerdo, pues había denunciado a M. porque nunca pagó unas facturas que le había encomendado, hecho al que inclusive le atribuyó, en definitiva, el que tuviera que cerrar su negocio.


A. hizo una específica síntesis del periodo en que M. prestó sus servicios. Explicó que: “…trabajo jueves, viernes, sábado y volvió el martes hasta el sábado al mediodía y luego regresó el lunes a la mañana, se fue con la plata y no regresó más…Los dos fines de semana que estuvo de empleado con ella no trabajó…”. Integrando estos dichos con los que marcan su inicio el 13 o el 14 y su finalización un 25, resulta que esta testigo afirmó que el imputado inició este oficio un jueves 14 y trabajó los días: viernes 15, sábado 16, martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22, sábado 23 hasta el mediodía y el lunes 25, todo, en el mes de enero del año 2010.


V.- 2.E.4. El testimonio del abogado Duarte [32].

V.- 2.E.4.a. La audiencia de debate y la sentencia.


El abogado Duarte durante el debate, luego de señalar que M. había contratado sus servicios, sostuvo que no podía precisar la fecha en que aquel fue a su estudio. Agregó que le redactó un telegrama, se lo entregó y que como el imputado no estaba de acuerdo con fijar como domicilio el de su estudio, retornó, no sabe si a la mañana o por la tarde y él lo redactó de nuevo.


Aclaró luego respecto a la data en que aconteció la redacción de la carta que: “…él entiende que fue en fecha 21 de enero, no puede precisar, pero cree el 21 de enero, no sabe la hora…”. Especificó que recordaba esa fecha porque: “…en los telegramas, el día que los hace le pone la fecha…”. En lo relativo al horario refirió, en un primer momento, que fue por la tarde, mas enseguida se retractó y dijo que no va al estudio por las tardes durante la feria. Dijo que en enero concurre a su oficina por las mañanas y que no lo hace por las tardes, que llega a las 9:30 y que se queda hasta 13:30 aproximadamente. Manifestó que no puede precisar la hora en que llegó M., pero sí que transcurrieron unas horas entre el momento en que se llevó el telegrama y el instante en que regresó para que lo modificara.


El tribunal valoró que:

“El otro testigo ofrecido por la defensa de este procesado, el letrado Duarte, tampoco pudo suministrar elementos de juicio que ayuden a mejorar su posición defensiva. Digo ello por cuanto, tras sostener M. que concurrió al estudio del abogado a hacer corregir una carta documento, en horario vespertino, el profesional fue contundente al indicar que no pudo haber atendido al procesado por la tarde, pues en enero no suele concurrir a su oficina en ese horario sino que sólo lo hace por la mañana.


De otro lado, también debe valorarse que ni siquiera es posible inferir, a la luz de la declaración del letrado, el día en el que M. acudió a su estudio por la mañana, toda vez que si bien la carta documento que Duarte redactó para el procesado pudo ser fechada el día 21 de enero, ello no se corresponde necesariamente, tal como lo dijo el profesional, con la fecha en que fue retirada de su estudio por el encartado.”.


V.- 2.E.4.b. Crítica.

El abogado no pudo “asegurar” que el día 21 de enero del año 2010 M. hubiera concurrido a su estudio jurídico para que le confeccione un telegrama, sin embargo explicó razonablemente por qué tal circunstancia era probable. Señaló que el día en que confecciona el documento le pone la fecha y que el telegrama de M. tenía la correspondiente al 21/1/2010. Corroboró además que el imputado se retiró con el telegrama y retornó ese mismo día (“fue cuestión de horas”) para modificarlo.


Por otro lado, a diferencia de los jueces, no encuentro ninguna utilidad en diferenciar en el día 21 de enero, el horario matutino del vespertino. Sí con ello se sugirió que M. consultando por la mañana al abogado, pudo todavía por la tarde, viajar hasta Monterrico, luego hasta el Piquete y matar a M., se omitió confrontar esta suposición con otras conclusiones de la sentencia.


Recordemos que en otra parte se juzgó cierto que este encartado ese 21 de enero de 2010, a las horas 12:00 aproximadamente, llamaba a la víctima desde un telecentro de la ciudad de Monterrico. Se concluyó además, que siendo las 13:00 horas y luego de un nuevo contacto telefónico había logrado que M. saliera con el camión a realizar el trabajo previamente consensuado (fs. 1762).


Para conciliar las dos proposiciones y descartando que el encuentro con el abogado se realizara por la tarde, M. debió visitar al letrado después de las 9:30, contratar sus servicios, llevarse el telegrama, retornar luego de pasadas por lo menos dos horas, pedir al abogado que lo modificara, rectificarlo el letrado, llevarse el documento nuevamente, viajar hasta Monterrico [33], llegar, reunirse con C. y llamar a la víctima desde un telecentro de esa ciudad a las horas 11.56.

Tal hipótesis es fácticamente imposible.


Por último pondero que el tribunal tergiversó las aserciones del testigo Duarte, pues él refiere que fechó el telegrama el día 21 de enero del año 2010 y que M. lo envió (lo llevó al correo y lo entregó) el día 26 del mismo mes y año [34]. Sin embargo, de esa declaración el tribunal infirió que : “…si bien la carta documento que Duarte redactó para el procesado pudo ser fechada el día 21 de enero, ello no se corresponde necesariamente, tal como lo dijo el profesional, con la fecha en que fue retirada de su estudio por el encartado…” (fs. 1758 vta.).


A más de lo analizado, consta en el acta de la audiencia de debate que la defensa de M. pidió se incorporara al expediente esta documentación (telegrama enviado y no enviado) y que no obstante no tener objeciones las demás partes (la fiscal y el querellante particular), el tribunal decidió que al no haber cuestionamientos respectos de las fechas de los documentos, no resultaba “…procedente la incorporación de la mencionada documentación…” (fs. 1673 vta.).


V.- 2.F. Elementos comunes a C. y a M.


Bajo el acápite “Elementos comunes a C. y a M.” el tribunal expuso las contradicciones de la tesis defensiva de C., motivó su descrédito, pero sin dar una razón plausible, extendió luego el resultado de esa evaluación, a lo declarado por M.


Los jueces descartaron que C., tal como lo había afirmado, hubiera adquirido el celular de la víctima junto con algunas partes del camión, de manos de un desconocido en el Mercado Cofruto de la ciudad de Salta el día 21/1/2010. Consideraron que el lapso que llevaba desmontar los accesorios del camión sumado a la circunstancia de que el rodado había sido visto por un testigo en las inmediaciones de Santa Clara, tornaba inverosímil la hipótesis por razones de tiempo y espacio.


En segundo lugar, valoraron que el aparato había sido utilizado para comunicar “a los encartados con dos personas de su estrecho entorno y conocimiento”. Respaldaron esta aseveración, en relación a C., con el informe técnico de las comunicaciones (fs. 101/102) y el testimonio de C. [35] (fs. 242/243) quien atendió una llamada suya y le reconoció la voz.


Ahora, respecto de M., sólo podía valorar el informe técnico que acreditaba una comunicación a las 23 horas del día 21/1/2010 entre el teléfono celular de la víctima y el de N. C., a la sazón, su esposa.


V.-2.G. La llamada de C. a N. C.


En lo que atañe a esta comunicación C. especificó que era él quien se había comunicado con su concuñada y que había hablado con ella unos minutos (fs. 363 vta.). Agregó en otra oportunidad que “…la llamo a mi concuñada N. C., ella me atiende le digo que quería hablar con mi cuñado J. P., ella me dice que se estaba bañando, luego viene J. me pregunta por sus hijos que se encontraban en mi casa de vacaciones yo le comento que estaban en mi casa que yo había salido a comprar que estaba deprimido, le pregunto que si iban a ir el 29 de Enero que era el cumpleaños de mi hija, los invito y me dicen que sí, que estaban organizando para irse a mi casa…” (fs. 1543/1544).


Respalda esta aseveración de C., la circunstancia de que existe evidencia en autos, de que este imputado, se había comunicado en otras oportunidades con el dispositivo celular que utilizaba N. C. Así lo sugiere el informe de la División de Análisis Informático de las Comunicaciones, efectuada sobre la línea que el tribunal tuvo por probado que utilizaba C. [36], donde constan tres llamadas a C. [37], el día 27/1/2010 (fs. 805).


Por su lado M. dijo que C. lo llamó “…diciéndole que estaba en el Carmen, porque había cobrado una plata que le debían (…) y él me invitó para el cumpleaños de su hija…”. Aclaró que lo llamó al teléfono de su esposa (fs. 823). Durante el debate de forma genérica afirmó que “…jamás recibió un llamado, su esposa N. V. C. sí, ella tenía celular…” (fs. 1647).


Es decir, los dos imputados han afirmado concordantemente, que es C., quien el día 21/1/2010 se comunicó al celular de C., teniendo una breve conversación primero con ella y después con M.


El tribunal sopesó que:

“…Especial atención merece en la especie el análisis de las llamadas realizadas a partir de las 22:40 horas del 21 de enero de 2010, habida cuenta que no solamente involucran a C., sino también a M. Es que la suposición de que la ausencia de mención de M. como sujeto llamante coloca a este procesado en mejor situación que a C. se inspira en la versión exculpatoria dada por éste último. Pero, si como se ha visto, ésta ha perdido toda virtualidad a la luz del resto del material probatorio aportado, también cae, por añadidura y como una consecuencia natural de ello, la razón que motivara el llamado que C. dijo haber hecho a su concuñada, N. C.


Es que las expresiones exculpatorias proporcionadas por ambos procesados buscan sustentarse en las distintas referencias que cada uno de ellos da, de modo sucesivo. El problema que deben encarar ambas postulaciones es que, por ser argumentaciones que se asientan en hechos que se predican como justificados unos en otros, que le son precedentes, si se acredita la inexistencia o falsedad de uno de ellos, el resto de las referencias fácticas necesariamente cae pues unas se asientan en las anteriores.”


Este argumento no cuenta con ninguna explicación que lo respalde, como no sea la de sugerir un acuerdo entre M. y C. para declarar como lo hicieron. Concordancia que según los jueces, encuentra como un obstáculo insalvable el apoyarse en una concatenación de datos fácticos, que al modo de un castillo de naipes, caídos los que constituyen la base, siguen su suerte los ubicados en niveles superiores.


Pero no hay ningún razonamiento que explicite cómo “… las expresiones exculpatorias proporcionadas por ambos procesados buscan sustentarse en las distintas referencias que cada uno de ellos da, de modo sucesivo…”, ni aclaración sobre la relación entre los datos que deben juzgarse como falsos o inexistentes y los que se “asientan” en ellos.


El tribunal especificó después:

“Esto es lo que ocurre con las manifestaciones de C. que, al haber fracasado al pretender demostrar las razones que lo llevaron a efectuar las llamadas con el teléfono del occiso a partir de las 22:30 horas del 21 de enero, toda vez que no es cierto que estuviera deprimido por no haber ido a una misa en recordación del fallecimiento de su esposa que, en rigor, no encargó; que hubiera comprado las cosas de M. en el mercado a una persona que nunca fue encontrada, a pesar de los esfuerzos de la prevención para dar con ella; que no hubiera ido a Monterrico, pues estuvo allí, no cabe sino desestimarlas.”.

Queda claro aquí, que no existe el nexo que se postuló respecto de las referencias fácticas consideradas falsas y las que no. Se incurre nuevamente en un error de razonamiento, pues se infiere que si C. mintió al manifestar que había comprado las cosas de la víctima en un mercado y negó haber ido a Monterrico, necesariamente, entonces, debió mentir también, cuando sostuvo que se había comunicado con M.


Por el contrario sin mucho esfuerzo analítico surge claro que la independencia fáctica de las premisas es manifiesta y por ello, la falsedad de las primeras, le es absolutamente indiferente a lo que se pueda predicar de la última.


Asimismo no puedo dejar de resaltar que el tribunal no sólo destacó la falta de verdad en algunos de los dichos de C. y de allí infirió incorrectamente la de otros, sino que de seguido utilizó esta presunción, para inferir, además, la mendacidad de M.


Mas, como no sólo era necesario tener a este imputado como mendaz sino que los cargos que se le formulaban exigían que se acreditara que el día 21 de enero había estado en Monterrico, de esa presunción derivó otra y así concluyó: “Ello torna necesario dar por cierto que, estando ambos procesados en Salta, en camino a Rosario de Lerma, se comunicaron telefónicamente con su esposa y su amiga, respectivamente, siendo esas las llamadas de las que dio cuenta la prevención policial.” (fs. 1759 vta.).


El argumento del tribunal puede sintetizarse de la siguiente forma. Si C. miente comprobadamente respecto de algunas cuestiones, de ello infiero que además miente en otras. Si miente en esas otras, M. también lo hace, si M. miente, tengo por probado que estuvo con C. el día 21/1/2010. Un dislate.


Por último los jueces estimaron que:

“Otro elemento de ponderación más se añade a los ya referidos, en vinculación a las llamadas telefónicas efectuadas con el celular de la víctima. Habrá de notarse que C. afirmó que el supuesto motivo del llamado al teléfono de N. C., esposa de M., después de las 22:30 horas del 21 de enero, consistió en formularles una invitación para que concurrieran al cumpleaños de una de sus hijas. Sobre este punto, M. persigue argumentar lo mismo en su declaración, aunque si bien en su primera manifestación dijo que atendió personalmente dicha llamada, luego dijo que lo hizo su esposa, siempre en aras de enfatizar que no usa celular.


Esto, sin embargo, no fue sostenido por la Sra. V. M., quien trabajaba en casa de C., cuidando de sus hijos, pues en la audiencia de debate afirmó que ninguna celebración se realizó en el domicilio de éste. Ello no sólo contradice lo afirmado por C., sino que también permite saber que las razones por las cuales M. fue esa vivienda fueron otras, bien distintas de la alegada reunión familiar. Cabe destacar que este punto no pudo pasar desapercibido para M., habida cuenta que prestaba servicios en la casa de C. y un acontecimiento semejante no pudo ser ignorado por esta testigo.”


Valoraron que el motivo dado por C. para justificar la llamada a N. C. era insincero, en tanto la empleada doméstica que trabajaba en su casa, sostuvo que “…no vio reunión de parientes de la casa, ni fiesta…” (fs. 1695). No sólo ponderaron que dado este testimonio C. mentía, sino que también lo hacia M. cuando justificaba el haberse reunido con él por la celebración del cumpleaños de una de sus hijas. El tribunal, al descartar este motivo como verdadero, sin arriesgar sobre cuáles habrían sido entonces, concluyó que: “…las razones por las cuales M. fue a esa vivienda fueron otras…” (fs. 1760).


Más allá de la debilidad del indicio que se valoró y de la fuerza convictiva que se le otorgó, lo cierto es, que los imputados condenados, no fueron los únicos que señalaron que esta celebración, en efecto, sí existió. Dieron cuenta de ella; los dichos de G. E. M., que refirió: “…recuerdo que el día 31/01/10 mi tío R. le hizo el cumpleaños a la hija menor, razón por la cual mi papá con mi mamá viajaron hasta Lerma…” (fs. 309 vta.); N. L. C., que hizo referencia también a un cumpleaños [39] celebrado en Lerma a fines del mes de enero del año 2010 (fs. 394); F. G. M. P., que sin referir a un motivo en particular, declaró que sus padres (N. C. y J. M.) viajaron a Salta el 27 de enero del año 2010 y se quedaron dos semanas (fs. 401); y M. Q. que sostuvo que el día 30 de enero del año 2010, el hijo de R. C., le llevó una tarjeta de invitación “…para el cumpleaños de la nena.” (fs. 963). Finalmente resalto el testimonio de S. N. I., que afirmó que conocía al hijo de R. C., F., por ser amigo de su hijo y que en una oportunidad “…fue invitada al cumpleaños de la hermana menor de F., fiestita hecha en casa de F.…” (fs. 262 vta.). Esta misma testigo, preguntada después, específicamente por la fecha de la celebración del cumpleaños de la hija de C., dijo que fue: “…entre fines de enero y los primeros días de febrero…”, preguntada entonces, por sus concurrentes, sostuvo: “Estaba el cuñado de él, el señor M., su señora, los hijos de ellos…” (fs. 729).


Por otro lado y en relación al testimonio de B. V. M. que el tribunal estimó como determinante para sostener que M. mentía, se omitió evaluar que era factible que la niñera no tuviera ningún recuerdo de la fiesta de cumpleaños, porque en esa época (fines de enero y principios de febrero) no trabajaba en la casa de C.

Esta testigo dijo expresamente en la audiencia que se celebró para recibir su deposición durante la instrucción judicial, que: “Yo sólo trabaje el 20 de enero ahí, después de ese día deje porque tenía a mi hija enferma, luego volví en febrero no me acuerdo bien la fecha…” (fs. 961/961 vta.). O sea, para la época del cumpleaños de la niña, fines de enero y principios de febrero del año 2010, la empleada doméstica, no trabajó en la casa de C. Tranquilamente entonces, pudo ignorar el “acontecimiento semejante”.


En definitiva, debió juzgarse que la reunión que los imputados adujeron justificaba el llamado de C. a N. C., comprobadamente existió.


VI. Conclusión.


La ausencia de una defensa técnica idónea, el acotamiento de la posibilidad de ofrecer prueba y la privación del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, tuvo decisiva influencia en el dictado de una sentencia que respecto de M. presenta errores manifiestos.

Su versión exculpatoria no sólo fue desatendida, sino que sus justificaciones fueron valoradas en su contra como un indicio de mala justificación.


Dice Jauchen:

“Una vez colectados suficientes elementos probatorios que indiquen a determinado sujeto como autor del hecho delictivo, es menester interrogar al mismo a los fines de que, dando su versión, explique las razones de la existencia de ese material de cargo, uno por uno. Su discurso, cualquiera que sea, servirá para integrar la interpretación de aquellas pruebas. Tanto es así que si el imputado suministra explicaciones satisfactorias y que además se comprueban, los elementos indiciarios existentes pierden su eficacia. A la inversa, si sus justificaciones son inaceptables, ambiguas, equívocas, tendientes a eludir una respuesta concreta, deficientes, inventadas o mendaces, todo lo cual también debe comprobarse, ello configurara un refuerzo de aquellos indicios, dando lugar a edificar una plataforma de cargo desfavorable a su situación procesal.” (Jauchen, Eduardo M., “Tratado de la Prueba en Materia Penal”, 1a ed., Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2009, pág. 605).


Las razones dadas por M. no sólo no eran inaceptables, ambiguas, inconcretas, deficientes, inventadas o mendaces, sino que como se ha señalado, se encuentran corroboradas. Sus explicaciones y los dichos de los testigos por él ofrecidos, no solo tuvieron una valoración del tribunal reñida con las reglas de la sana critica racional, sino que emerge prístino que se inspiró en una directriz contraria al principio de inocencia, esto es, M. debía acreditar con certeza que era inocente.


El espíritu de esta regla influyó todo el análisis de los jueces. Así, si se descartó que M. hubiera prestado servicios para la empleadora A. los días 20 y 21 de enero del año 2010 se hizo bajo el argumento de que no había un registro fidedigno de ingreso y salida de empleados. Otro tanto ocurrió cuando se juzgó el testimonio del abogado Duarte, pues se evaluó que no podía asegurar que “efectivamente” M. hubiera concurrido a su estudio jurídico el día del homicidio. Ambos testigos sin embargo, habían dado razones más que atendibles, para juzgar que M. el día 21/1/2010, estaba en un lugar distinto al que determinaron los jueces.

Esta inversión de la carga de la prueba, colocó al imputado en una situación de desventaja insuperable y a la inversa posibilitó que los jueces descuidaran las justificaciones de las proposiciones que sustentaron la condena.


Por eso poco importó que en realidad no existiera prueba que ubicara a M. junto a C. el día 21/1/2010. Cuestión que se disimuló describiendo el derrotero fáctico de ese día como llevado a cabo por los dos condenados, pero al costo de desatender que ninguna de las actividades que lo conformaron requería una participación plural y lo que es peor, la prueba (la valorada [39] y la que no [40]) indicaba que había intervenido una sola persona [41], C.


Este Superior Tribunal, tiene dicho que:

“… la cosa juzgada es una exigencia política y no propiamente jurídica; no es de razón natural, sino de una exigencia práctica, por lo que la necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas condiciones, ante la necesidad de que triunfe la verdad (Ob. cit., p. 406/407). No ha sido distinta la posición de Chiovenda, al opinar que nada tiene de irracional que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada, ya que su autoridad misma “no es absoluta y necesaria sino establecida por consideraciones de utilidad y oportunidad, de tal manera que estas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar su sacrificio, para evitar el desorden y el mayor daño que se derivaría de la conservación de una sentencia intolerablemente injusta…” (L.A. Nº 42, Nº 63).


En esta dirección estima Esclapez que el artículo 18 de la Constitución Nacional está por encima de la cosa juzgada y de la preclusión, porque tales instituciones no pasan de ser una ficción jurídica creada para dar estabilidad a la relación procesal… las formas procesales han sido instituidas para garantizar los derechos de fondo pero jamás para legitimar la indefensión” (Esclapez, Julio Hugo, El fraude procesal en los nuevos ordenamientos legales, ob. Cit., publicado en Problemática actual del derecho procesal, libro en homenaje a Amílcar Mercader, Ed. Platense, p. 409).


Los recurrentes encauzaron su pretensión en el inciso 2º del art. 485 de la ley 3584, que establece como causa que hace procedente la revisión que: “…sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió…”; empero según mi parecer lo determinante para la procedencia del recurso, no lo son tanto los dichos de C. documentados en una escritura pública [42], sino más bien, la efectiva constatación de que M. no tuvo una defensa técnica idónea, lo que finalmente se tradujo en una sentencia de condena irrita [43]. En este contexto, dejarlo en la cárcel sabiéndolo inocente, en homenaje a las restricciones de la ley procesal o a la presunción de verdad de la cosa juzgada, resulta intolerablemente injusto.


Por lo expuesto, propicio, hacer lugar al recurso de revisión deducido por los doctores, J.M.P y G.D; y en su merito revocar la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Penal de fecha 13/4/2012 y la resolución que la convalidó (fs. 147/152 del expte. Nº 8918); correspondiendo en consecuencia absolver a J. C. M. por el delito de homicidio calificado, por el que fuera condenado y ordenar su libertad (art. 491, ley 3584).


Con respecto a las costas de esta instancia extraordinaria, estimo procedente imponerlas por el orden causado y justipreciar los honorarios profesionales de los doctores J.M.P y G.D en la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) para cada uno de ellos, conforme doctrina sobre honorarios mínimos sentada por este Superior Tribunal de Justicia (Acordada Nº 3/2018), con más I.V.A. (Impuesto al valor agregado) en caso de corresponder.


Por ello,

la SALA PENAL

del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


RESUELVE:


1º) Hacer lugar al recurso de revisión articulado por los doctores J.M.P y G.D, defensores técnicos de J. C. M. P., con costas.

2º) Anular la condena de J. C. M. P., absolverlo por el delito de homicidio calificado y ordenar su inmediata libertad.

3º) Regular los honorarios profesionales de los doctores J.M.P y G.D en la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) para cada uno de ellos; con más IVA si correspondiere.

4º) Hacer saber al Tribunal en lo Criminal Nº 2 que deberá arbitrar, con la urgencia que el caso amerita, los mecanismos necesarios a fin de dar a conocer ésta decisión al Registro Nacional de Reincidencia y a la División de Antecedentes Personales de la Policía de la provincia para su toma de razón.

5º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Con posterioridad al momento en que el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de condena.

[2] Expediente Nº 8918 caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nº 204/11 (Tribunal en lo Criminal Nº 2): R. Á. C. y J. C. M.. Homicidio calificado en ocasión de robo y participación criminal. El Piquete”.

[3] El expediente da cuenta de que la audiencia tiene su inicio a las 11.40 del día 16/6/2010 (fs. 822) y que el abogado acepta el cargo de defensor ese mismo día sin que conste el horario en que lo hace (fs. 820).

[4] Doctores Argentino Juárez, Jorge Saman y Carolina Rojas.

[5] Con excepción de la prueba testimonial que, no incorporada por lectura, se reproduciría en el debate.

[6] Doctores Julio César Bravo y Nilda Graciela Yapura.

[7] Fs. 1974.

[8] Fs. 1226.

[9] Asumió la defensa la defensora civil Nilda Graciela Yapura.

[10] Doctor Raúl Armando Cruz.

[11] El art. 130 de la ley 3584 exige que el defensor oficial sea notificado en su despacho.

[12] López Puleio, Maria Fernanda; “El acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos”, publicado en Revista Das Defensorías Públicas Do Mercosul, Brasilia, DF, nº. 3, jun 2013, págs. 7-50.

[13] Causa N° 13.994 –Sala I CNCP- “LUPO, Oscar Felipe s/ recurso de casación”.

[14] El Tribunal por mayoría había considerado que el término de citación a juicio era perentorio e improrrogable y por eso la presentación de la defensa extemporánea.

[15] Art. 9º TIEMPOS Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA. Toda persona sometida a proceso tendrá derecho a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.

[16] Hijo del condenado J. C. M. P.

[17] M. A. Q. mantenía una relación sentimental con C. El día 21/1/2010 este imputado la llamó a su celular utilizando para ello el dispositivo de la víctima.

[18] Motivó esta resolución lo toma de juramento y posesión de cargos de magistrados y la inauguración de obras en el Centro Judicial de San Pedro.

[19] El acta está escrita en letra Courier New (no en Arial), con un interlineado sencillo y sin el título que anticipa el acto que la motiva.

[20] El letrado que alegó representando al acusador privado, ya estaba designado cuando se llevó a cabo el reconocimiento en rueda de personas.

[21] Dejando de lado la disparidad entre los datos que brinda el testigo y los que ilustra el dibujo. Por ejemplo, M. C. refiere que la persona tiene orejas chicas pero el retrato hablado las muestra grandes.

[22] Expte. Nº 8918 caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº 204/11 (Tribunal en lo Criminal Nº 2, R. Á. C. y J. C. M.. Homicidio calificado en ocasión de robo y participación criminal. “El Piquete”.

[23] A esa fecha era el único detenido.

[24] Fs. 866.

[25] De derecha izquierda lo hacen por ejemplo, los idiomas japonés, coreano y chino.

[26] Si los jueces consideraron que se planeó matar a O. M. dándole de beber una sustancia que tendría por efecto dejarlo indefenso, el mayor número de intervinientes no sólo era innecesario para la consumación del ilícito, sino que inconveniente. Sucede que al determinarse, que a la víctima se le debió proponer un alto en el trayecto para posibilitar la ingesta del brebaje, para generar esa parada y no despertar sospechas, era forzoso ganarse su confianza. Que M. se sintiera en inferioridad numérica dificultaba este objetivo, pues debía acceder a discontinuar por un momento el servicio y compartir una bebida con personas que desconocía.

[27] Fs. 1693.

[28] Para lo cual hubiera sido necesario identificar el sitio desde donde el cuerpo es arrojado, para luego teniendo en cuenta el lugar donde es hallado, medir su extensión.

[29] Por referir una, no distingue las escoriaciones producto del arrastre de las que responden a la caída.

[30] Real Academia Española.(2018). Caer. En Diccionario de la lengua española (Ed. del tricentenario). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=6bQOL4n.

[31] Confronte fojas 822, 1552 y 1647 vta.

[32] Fs. 1673/1673 vta.

[33] Está probado que a la fecha sólo contaba con una bicicleta para trasladarse, pero el razonamiento se efectúa bajo la suposición no probada de que lo hizo en un automóvil. Entre la ciudad de San Salvador de Jujuy y Monterrico hay una distancia de 37 km. aproximadamente.

[34] El testigo dijo: “él solo buscó la carpeta de M. y encontró el telegrama redactado el 21 de enero de 2010, que imprimió el telegrama corregido y M. es quien entregó el telegrama, lo hizo el 26 de enero, tiene la copia del enviado y del no enviado…tiene una carpeta en su computadora…” (fs. 1673 vta.).

[35] E. G. C. era el novio de M. A. Q. Según sus dichos, el 21/1/2010 M. recibió una llamada que él atendió. Reconoció que quien la llamaba era C.

[36] El tribunal tuvo por probado que la línea de teléfono celular que utilizaba C. era la que correspondía al número ... y que el día 21/1/2010 había operado en la ciudad de Monterrico (fs. 1756).

[37] Línea Nº ....

[38] Refiere que el motivo de su viaje es “…porque mi nena cumplía años”.

[39] Verbigracia, el testimonio de G. M.

[40] G. E. M., declaró que estando de visita en la casa de su tío C., en la provincia de Salta, este se ausentó de su domicilio entre los días 19/1/2010 y 21/1/2010, llevando consigo “un bolso de tela color negro formato redondo” (fs. 309). El mismo bolso que el padre de la víctima describió como de “formato cilíndrico de color negro” (fs. 40) y que tenía el individuo que se acercó a su domicilio para contratar un flete el día 20/1/2010.

[41] Inclusive los jueces concluyeron que el cuerpo de la víctima presentaba lesiones que se atribuyeron que para trasladarlo, se lo arrastró por la tierra previo arrojarlo al canal. Sin embargo, de haber habido dos personas en esas circunstancias, más lógico hubiera sido suponer, que sin necesidad de arrastrarlo, para tirarlo al canal, uno lo tomaba por los brazos y el otro por las piernas.

[42] Aparentemente, desde hace mucho tiempo atrás, C. tenía algo para decir, pues una vez dictada la condena, consta en el expediente, que solicitó una audiencia de carácter “urgente” con el juez, presidente de trámite del tribunal sentenciante (fs. 1770). Habiéndoselo hecho comparecer ante la sede del tribunal, sostuvo que quería declarar en la causa sobre los hechos por los cuales era acusado, informándole el juez, que ya no podía hacerlo porque el juicio había concluido (fs. 1772).

[43] Sobresale como un error manifiesto la valoración del testimonio de V., pues se lo utilizó para acreditar que los intervinientes en el ilícito eran dos, porque este testigo había dicho que el 21/1/2010 a las 20:30 horas, había visto en el camión de la víctima tres siluetas (C., M. y M.), cuando en realidad, a esa hora M. ya estaba muerto.


Firmado: Dr. José Manuel del Campo; Dra. Laura Nilda Lamas González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Sr. Omar Gustavo Acosta – Prosecretario (Por Habilitación).


fuente: https://www.justiciajujuy.gov.ar/





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