LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: 1) Concepto. 2) Naturaleza. 3) Instituto de orden público.



SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: 1) Concepto. 2) Naturaleza. 3) Instituto de orden público.


Nígton Férmont - Argentina



1.- CONCEPTO.

Entre los diversos institutos que funcionan como un límite al Poder Punitivo del Estado, encontramos el de la PRESCRIPCIÓN.


Conforme lo dispone el Art. 59 del Código Penal Argentino, la prescripción es una causal de extinción de la acción penal.

Se ha dicho que se erige como una causal de extinción de la pretensión punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito.[1]


No obstante, este concepto resulta demasiado limitativo, pues omite referirse a otro elemento necesario para que opere el instituto, siendo éste la inactividad estatal. Justamente, Vera Barros explica la prescripción como ¨un castigo a la inacción de la autoridad¨, y en un mismo sentido Núñez se refiere a ella como ¨falta de voluntad persecutoria¨.[2]


Es que el mero discurrir del tiempo no sería fundamento suficiente para dar origen a la prescripción, sino que a ello deben incorporarse además razones materiales, como la pérdida de la necesidad del cumplimiento de la pena o la imposibilidad de cumplir su objetivo, o bien porque el individuo ha mejorado su comportamiento en la sociedad por lo que se hace innecesaria su corrección, o porque la práctica de prueba se entorpece por el excesivo transcurso del tiempo como para obtener un fallo justo.[3]


Se ha dicho que la prescripción es la institución jurídico penal que, en mérito del transcurso del tiempo y espacio, busca la extinción de la función castigadora del Estado en razón a una ausencia de necesidad de pena, seguridad jurídica y economía judicial.[4]


Podemos decir, entonces, que se trata de una causal de extinción de la pretensión punitiva estatal que opera por el transcurso del tiempo tras la comisión del delito, en virtud de la inactividad del órgano estatal encargado de la persecución penal.

Tiempo e inactividad (interpretada ésta como ausencia de voluntad persecutoria) se conjugan para que opere este instituto que tiene como fin extinguir la facultad de persecución del Estado antes de que se concrete en una sentencia condenatoria.


La prescripción de la acción penal puede entenderse como una herramienta para evitar la indefinición sine die en el juzgamiento de un hecho y liberar a su autor de una eventual condena, o bien puede concebirse como un recurso ligado al interés de la sociedad por conocer la verdad de los hechos delictivos y castigar a sus responsables.[5]


De este modo, el transcurso del tiempo legal previsto sin que se haya perseguido al imputado se interpreta como inexistencia de la voluntad persecutoria estatal. Este argumento permite justificar que se considere que el curso de la prescripción puede ser interrumpido, y por lo tanto el plazo prolongado cuando se realizan actos procesales que manifiestan la voluntad estatal de reprimir el delito. Zaffaroni considera que el fundamento de la ausencia de voluntad persecutoria del Estado fue tenido en cuenta al incorporarse mediante la ley 13.569 el concepto de ¨secuela de juicio¨ como causal de interrupción de la prescripción penal.[6]


2.-NATURALEZA JURÍDICA - FUNDAMENTOS DE SU OPERATIVIDAD.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la prescripción, diversas opiniones doctrinarias trataron de explicar su fundamento desde la óptica del derecho material y desde el derecho procesal.

Quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción es de carácter material afirman que, a través de su dictado, lo que se extingue es la potestad represiva del Estado y, por lo tanto, su regulación corresponde al derecho sustantivo. Así, encontraremos teorías que centran su atención en la innecesariedad de la pena cuando hay evidencias de resocialización; consideran que si la persona no ha vuelto a cometer un nuevo delito luego de un período más o menos extenso de tiempo, esto indicaría que se ha resocializado.


Evidentemente, esta postura implica una mirada desde la Teoría de la Prevención Especial Positiva, es decir desde la teoría de la resocialización. Lo cierto es que podríamos formular diversas explicaciones dependiendo de la teoría de la pena que cada uno escoja.


Por otro lado, quienes ven como fundamento de este instituto la imposibilidad del Estado de reconstruir el hecho investigado debido a que el tiempo transcurrido ha borrado las huellas del delito, consideran que la prescripción de la acción posee naturaleza procesal.[7]


Hay quienes consideran que su carácter es mixto, pues si bien se vincula al derecho material, queda también sujeta a consideraciones relativas a su consecuencia en el proceso.[8]


Aboso, por ejemplo, adopta la postura procesalista, pues nos dice que la prescripción se trata de un instrumento de esencia procesal que comparte sus fundamentos con la prescripción de la pena.[9]


Romero Villanueva adopta la postura sustancialista, diciendo que se trata de un instituto de orden público y de derecho material toda vez que limita de manera temporal la potestad represiva del Estado, y es una autolimitación que se impone el Estado en sus facultades de persecución del delito, ya sea dando por terminado el proceso en trámite o dejando de aplicar una pena impuesta al autor.[10]


En un mismo sentido se pronuncia Núñez: “La acción en sentido material pertenece al derecho de fondo; por él debe ser reglada en lo que respecta a su contenido, especies, titularidad, nacimiento, condiciones de fondo para su ejercicio y extinción’".


Por mi parte, adhiero a la postura que considera que su naturaleza es de carácter sustancial, pues pertenece al derecho de fondo, sin perjuicio de la incidencia del derecho procesal. Así, cuando Núñez postula el carácter sustancial de la prescripción, también nos dice que ¨esto no quiere decir que