PRIVACIÓN DE LIBERTAD SIN ORDEN JUDICIAL - ACTIVIDAD ILEGAL - NULIDAD ABSOLUTA.



EXPTE. Nº: C-83/2021 Voces Jurídicas: NULIDAD DE ACTOS PROCESALES - LIBERTAD BAJO CAUCIÓN Tribunal: Cámara Penal de Apelaciones de la Provincia de Jujuy - Argentina Fecha: 25/08/2021 En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, reunidos en el Recinto de Acuerdos de la Cámara de Apelaciones y Control, los Señores Vocales DR. LUCAS RAMON GRENNI, Juez; DR. GASTÓN MERCAU, Juez habilitado y la DRA. MARÍA LAURA FLORES, Juez habilitada; bajo la presidencia del mencionado en Primer término, vieron el Expte. Nº C-83/21 caratulado: “RECURSO DE APELACION: INTERPUESTO POR EL DR. EZEQUIEL EDUARDO MARTINEZ EN EL EXPTE. Nº P-250131/I/2021-MPA (J. E. V. G. Nº 1) CARATULADO: INCIDENTE DE SOLICITUD DE DETENCION DOMICILIARIA A FAVOR DE GUTIERREZ O.A" en Expte. Ppal Nº P-250131-MPA/2021 CARATULADO: (CH) GUTIERREZ, O.A P.S.A. ABUSO SEXUAL SIMPLE CALIFICADO POR EL VINCULO Y CONVIVENCIA Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VINCULO Y LA CONVIVENCIA (DOS HECHOS) EN CONCURSO REAL - CIUDAD”, y;


V I S T O S Y C O N S I D E R A N D O:

El Señor Presidente de Trámite Dr. LUCAS RAMÓN GRENNI, dijo:


I.- Antecedentes del resolutorio:

Se origina esta instancia judicial en virtud del Recurso de Apelación oportunamente interpuesto por el Dr. Ezequiel Eduardo Martínez, abogado defensor de O. A. Gutiérrez en contra de la resolución dictada por la Sra. Juez de Violencia de Género, Dra. Mónica Cruz Martínez, de fecha 25 de marzo de 2021 obrante a fs. 07/09 de las presentes actuaciones, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria a favor del encartado O. A. Gutiérrez de conformidad a lo dispuesto por los arts 323 y conc. del CPPJ, como así también proceder a alojar al prevenido en el Servicio Penitenciario de la provincia.


Manifiesta en su presentación que “interpone recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el A-quo por existir desajuste con el derecho aplicable al caso, la distorsionada fijación de los hechos de la causa y la inconsecuencia en la lógica del razonamiento seguido por el juzgador. Que su defendido padece diabetes tipo 1, situación comprendida en el art. 10 inc. “a” del Código Penal y necesita un tratamiento especializado, una dieta determinada y ejercicios diarios. Que el Sr. Gutiérrez es insulinodependiente por lo cual requiere una corrección de la insulina específica que le debe ser suministrada, y con la cual no se puede dar cumplimiento por causas ajenas al lugar donde se encuentra alojado, asimismo necesita cumplir con la medicación prescripta en los horarios establecidos, ya que ante la demora de solo horas podría haber complicaciones muy serias en su estado de salud. Que ninguna de estas prescripciones médicas se pueden llevar a cabo en el Servicio Penitenciario en el cual se encuentra el Sr. Gutiérrez. Que si bien el Servicio Penitenciario cuenta con personal médico, servicio de enfermería, asistencia social, psicología, nutrición, hay un faltante de áreas especializadas para su tratamiento específico, y por el momento solo existen guardias médicas para atenciones generales, por lo que irremediablemente necesitaría ser trasladado ante urgencias derivadas de su enfermedad a uno de los centros de salud en los que pueda ser tratado. Que la atención que requiere el Sr. Gutiérrez es externa (hospital, puestos de salud) y que el establecimiento donde se encuentra así como ninguna comisaría, ni penitenciaria cuentan con móviles aptos para el traslado de su defendido a uno de los centros de salud que pueda tratar de manera adecuada la enfermedad, ya que necesita que se controle sus niveles de hiperglucemia al menos una vez al mes con un médico diabetologo, situación que puede revertirse si el mismo se encuentra al cuidado de sus familiares.


Continúa diciendo que es función del Estado garantizar mínimamente el estado de salud de las personas que tiene bajo su custodia, obligación que se deriva de su deber de garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas y que la detención en ningún caso debe afectar otro tipo de derechos protegidos constitucionalmente como el derecho a la salud y a la vida.


Asimismo refiere que debe considerarse que el Sr. Gutiérrez a raíz de su enfermedad es considerado persona de alto riesgo y en el caso de contraer la enfermedad de público conocimiento (Covid 19), podría correr peligro su vida. En este sentido, la situación de hacinamiento, la falta de elementos sanitizantes, la alimentación no adecuada para garantizar su estado de salud, ponen de manifiesto que de seguir alojado en dicha dependencia sería provocarle un trato indigno, cruel e inhumano por su condición especial del padecimiento que lo aqueja.


A continuación el presentante expresa como sustento de sus pretensiones que debe tenerse en cuenta que el Sr. Gutiérrez siempre estuvo a disposición de la justicia y en colaboración del proceso, demostrando de esta manera que no hay ninguna clase o intención de entorpecimiento de la investigación. Asimismo no tiene antecedentes penales.


Por último expresa que su defendido debería cumplir su detención en un lugar donde tenga mejores chances de enfrentar la enfermedad y continuar vivo, donde el hacinamiento y superpoblación carcelaria no sea una condena a muerte.


Cita disposiciones nacionales, supranacionales a las que me remito para su lectura.


II.- Trámite del recurso:

Concedido el recurso deducido e intimado el apelante en los términos del art. 452 del CPPJ, se presentó en tiempo y forma a mantenerlo ante ésta Cámara de Apelaciones.


Luego se intimó al recurrente para que desarrolle agravios, presentándose a fs. 26/28 vta., los Dres. Hugo Andrés Castañeda y Manuel Alejandro Aguilera como nuevos defensores técnicos del imputado, desarrollando los agravios conforme fuera emplazada la parte a la cual representan y a cuyas manifestaciones me remito en honor a la brevedad.


Luego, se corrió traslado al Señor Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control, quien a fs. 32/33 de autos se presenta contestando la misma y en la cual considera que debe rechazarse el recurso interpuesto por la defensa, por carecer de sustento fáctico, probatorio y jurídico.

Sostiene que la medida de detención del imputado O. A. Gutiérrez, fue ordenada y fundada en motivos suficientes en cuanto a la existencia del hecho investigado y autoría del encartado en autos, la que deviene en razonables, al ser la resultante y al estar precedida de actos procesales y elementos probatorios recopilados conforme a derecho que la sustentan.


Que en cuanto a la solicitud de detención domiciliaria, concluye que carece de fundamento en cuanto no se acreditó que la situación del prevenido O. A. Gutiérrez (fs. 01/06) encuadre en las previsiones del art. 323, 324 del CPPJ., art. 10 del CPN, arts, 11, 32 y 33 de la Ley Nº 24660 y reformas; como tampoco que las circunstancias referidas en torno a la situación de emergencia sanitaria (Covid 19), en que se pretende motivar tal solicitud. En efecto, la detención domiciliaria como alternativa, es excepcional y no la regla, para su otorgamiento deben acreditarse causas de justificación, también excepcionales y previstas en la Ley, lo que no acaeció en autos.


Continúa diciendo que la resolución denegatoria puesta en crisis, se ajusta a lo actuado, probado y resuelto en autos a la luz de los dispositivos procesales vigentes en la materia por lo que el resolutorio impugnado de modo alguno deviene en arbitrario o violatorio de principio constitucional alguno.


Por último solicita “se rechace oportunamente el recurso articulado en contra de la resolución de fs. 07/09, conforme a los fundamentos expuestos”.


III.- Tratamiento del recurso.

Integrado el Tribunal y firme su constitución, realizado el necesario tránsito procesal de la presente causa, y luego de efectuar un análisis exhaustivo de las cuestiones planteadas por ambas partes del proceso como de las constancias de autos, corresponde al suscripto valorar y emitir voto acerca de la procedencia o denegación del recurso articulado por la defensa técnica.


III. 1) Observaciones Preliminares.

Como ya fuera expresado por el suscripto en el fallo referente a la causa Nº C-92/20:”RECURSO DE APELACIÓN Interpuesto por el Dr. Manuel Alejandro Aguilera, en Expte. Nº AC-8525-MPA/II/20 (M.P.A.P.J.F.A.C. - J.V.G Nº2) Caratulado: “Incidente de cese de detención deducido por el Dr. Alejandro Aguilera a favor de J.R.Z en Expte. Ppal. NºAC-8525-MPA Caratulado: ZAMBRANO J.R p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por ser Cometido Contra de Un Menor de Dieciocho Años Aprovechando la Situación de Convivencia (varios hechos). Ciudad”, si bien la Cámara de Apelaciones y Control, ve excitada su jurisdicción a partir de la interposición del recurso de apelación, y debe limitarse al tratamiento de los agravios objeto del recurso, conforme lo normado por el art. 446 CPPJ, esto se ve reflejado en el estricto cumplimiento de la garantía de ne reformatio in pejus, es decir en no poner al recurrente en una situación peor a la ya obtenida en la primera instancia, agravando su situación jurídica y perjudicando sus derechos. Claro pues, es que el ejercicio del remedio recursivo no puede colocarlo en riesgo de verse perjudicado.