REFLEXIONES SOBRE EL INSTITUTO DE JUICIO ABREVIADO.

Actualizado: 16 abr 2021



Reflexiones sobre el instituto de Juicio Abreviado.


Autor: Nígton Férmont - Argentina


El Juicio Abreviado es un instituto de derecho penal y procesal penal a través del cual se prescinde de ciertas etapas del proceso, como ser la llamada etapa intermedia (ofrecimiento de prueba, audiencia preliminar) y del Juicio propiamente dicho (el Debate Oral) para que el Tribunal dicte una sentencia en base a las pruebas producidas en la investigación, en virtud de un acuerdo al cual arriban el imputado (asistido por su defensor) con el fiscal, en el cual han acordado un límite para la pena.


Este instituto pretende fundamentarse en la necesidad de dar mayor celeridad al proceso, con el objeto de garantizar el derecho al plazo razonable del juzgamiento, para despejar lo antes posible la incertidumbre que pesa sobre la persona sometida a persecución penal; derecho que se encuentra consagrado en el Art. 13 del Código Procesal Penal de Jujuy, el cual reproduce lo expresado por el Art. 29 inc. 3 de la Constitución Provincial.


Art. 29 numeral inciso 3 de la Constitución de Jujuy: 3.- Toda persona que fuere parte en un proceso goza de garantía de que la sentencia definitiva se dicte dentro de un plazo razonable, no viole las normas constitucionales y sea una derivación razonada del derecho vigente, conforme a los hechos acreditados en la causa.

Se trata de un instituto que surge al momento en que los Estados toman conciencia de la imposibilidad material de cumplir con aquella premisa que, presente en los sistemas penales de tinte inquisitivo, disponía que el Estado debía perseguir absolutamente todos los delitos, situación que en la práctica es claramente imposible, y que se traduce en dilaciones y congestionamientos injustificados del sistema. Por ello comienza a buscarse un mecanismo tendiente a alivianar la carga de trabajo de los tribunales y acelerar el avance de los procesos, con el objeto de que la persona sometida a proceso tenga una solución más pronta a la situación de incertidumbre jurídica que pesa sobre él.


Entonces, en aquellos casos en que está claro como acontecieron los hechos y no hay mayor discusión sobre los mismos, se considera que no tiene sentido poner en marcha la realización de un proceso penal, con todo lo que ello implica, pudiendo entonces el imputado optar por reconocer la comisión del hecho para acceder al juicio abreviado. El beneficio para el imputado radicaría en que, al optar por el juicio abreviado, puede lograr un acuerdo sobre la pena con fiscalía; es decir, fija un límite para su pena.


No obstante este beneficio, si es que se lo puede llamar así, lo cierto es que hay ciertos cuestionamientos desde el punto de vista defensista. Por ejemplo, suele aducirse que el instituto se convierte en un instrumento de presión a favor de los fiscales, porque en cierto sentido amenazan al imputado diciéndole que si va al juicio común pedirán pena muy elevada, para de esta manera persuadirlo para que acepte firmar una condena en juicio abreviado con una pena más breve. Otro cuestionamiento que se hace, es que se ve afectada la garantía del Juicio Previo, el cual es una garantía constitucional.


Por ello, no obstante la utilidad del instituto, el mismo puede ser pasible de ciertas críticas u objeciones, y habrá que buscar la manera de compatibilizar la modalidad del instituto con aquellos principios que pudiesen considerarse, por una razón u otra, vulnerados.

a. Vulneración a la garantía que prohíbe la autoincriminación?


Uno de los puntos de vista orientaba las críticas a la vulneración del principio que prohíbe la autoincriminación (nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo), ya que este instituto parte de la base de que el imputado reconoce la comisión del hecho.


Ahora bien, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Las garantías constitucionales o supranacionales son irrenunciables? A prima facie sería sensato decir que no puede renunciarse a ellas por tratarse de mandatos que emanan no sólo de la Constitución Nacional, sino de instrumentos internacionales incorporados por nuestro país. No obstante, podríamos pensar, por qué no, que un derecho protegido por tal o cual garantía, podría renunciarse en la medida en que haya algún beneficio que compense tal renuncia. Por ejemplo, si bien no se puede obligar a alguien a declarar contra sí mismo, tampoco puede obligarse a alguien a que no confiese. Entonces, quien confiesa aquejado por el peso del crimen que yace en su conciencia, estaría eligiendo, podríamos decir, declarar contra sí mismo, renunciando de esta manera a la garantía que veda la autoincriminación; y esto será válido en la medida en que, por supuesto, no haya sido obligado o coaccionado de alguna manera a confesar.


Con respecto al principio que veda la autoincriminación, se critica que el instituto genera situaciones en donde a veces los imputados aceptan su culpa en causa donde son inocentes, pues sabiendo acerca de las demoras en las causas judiciales, priorizan un arreglo que anticipe su libertad. Por ejemplo, el caso donde un imputado por un delito reprimido con pena relativamente breve pero no excarcelable, al haber pasado dos años en prisión preventiva, sabe que si firma el acuerdo de juicio abreviado por cuatro años como límite de la pena, podrá luego comenzar a gozar de las salidas que prevé la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena. Por ello preferirá celebrar un acuerdo abreviado aunque no haya cometido el hecho que se le imputa, a tener que seguir soportando las cargas y restricciones que el juicio penal impone sobre él. Y es en este sentido que podría decirse que existe coacción, y quizá desde este punto de vista pueda verse afectada, en cierto sentido, la garantía que prohíbe la autoincriminación.

b. Vulneración a la garantía del Juicio Previo?


Desde el punto de vista de la crítica al juicio previo, hay quienes consideran que esta garantía no se ve afectada, pues el imputado renuncia a ciertos derechos procesales como ofrecer prueba, al debate, pero no renuncia derechos ineludibles, como ser el derecho a su defensa, ni a la prohibición a la autoincriminación, ni a demás garantías fundamentales.


Otros sí critican constitucionalmente el instituto, pues consideran que se afectaría la garantía del juicio previo, ya que en virtud del Art. 18 de la Constitución Nacional, nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Entonces, prescindir del debate oral, el cual se considera como el juicio propiamente dicho, para algunos sería una afectación a esta garantía constitucional, porque equivaldría a prescindir del juicio propiamente dicho, con la gravedad de que se estaría imponiendo una pena sin ese juicio previo. Este suele ser el fundamento central de la crítica al instituto.

c. Regulación en el Código Procesal Penal de Jujuy – Ley 5623/09


Veamos cómo está regulado el instituto en nuestro código:

C.P.P.JUJUY Art. 385.- JUICIO ABREVIADO INICIAL. 
1. Si el Ministerio Fiscal, en la oportunidad prevista en los artículos anteriores, estimare suficiente una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla, podrá solicitar al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según este artículo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena. El acuerdo a que se refiere esta norma podrá también celebrarse durante los actos preliminares al juicio, hasta el inicio de la audiencia de debate. 
2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor sobre la existencia del hecho y la participación de aquél, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída. A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia. 
3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que, tomará conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada en la calificación legal admitida, llamará autos para sentencia, la que deberá dictarse en un plazo máximo de seis (6)as. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, le recabará su opini