REFLEXIONES SOBRE EL INSTITUTO DE JUICIO ABREVIADO.

Actualizado: 16 abr 2021



Reflexiones sobre el instituto de Juicio Abreviado.


Autor: Nígton Férmont - Argentina


El Juicio Abreviado es un instituto de derecho penal y procesal penal a través del cual se prescinde de ciertas etapas del proceso, como ser la llamada etapa intermedia (ofrecimiento de prueba, audiencia preliminar) y del Juicio propiamente dicho (el Debate Oral) para que el Tribunal dicte una sentencia en base a las pruebas producidas en la investigación, en virtud de un acuerdo al cual arriban el imputado (asistido por su defensor) con el fiscal, en el cual han acordado un límite para la pena.


Este instituto pretende fundamentarse en la necesidad de dar mayor celeridad al proceso, con el objeto de garantizar el derecho al plazo razonable del juzgamiento, para despejar lo antes posible la incertidumbre que pesa sobre la persona sometida a persecución penal; derecho que se encuentra consagrado en el Art. 13 del Código Procesal Penal de Jujuy, el cual reproduce lo expresado por el Art. 29 inc. 3 de la Constitución Provincial.


Art. 29 numeral inciso 3 de la Constitución de Jujuy: 3.- Toda persona que fuere parte en un proceso goza de garantía de que la sentencia definitiva se dicte dentro de un plazo razonable, no viole las normas constitucionales y sea una derivación razonada del derecho vigente, conforme a los hechos acreditados en la causa.

Se trata de un instituto que surge al momento en que los Estados toman conciencia de la imposibilidad material de cumplir con aquella premisa que, presente en los sistemas penales de tinte inquisitivo, disponía que el Estado debía perseguir absolutamente todos los delitos, situación que en la práctica es claramente imposible, y que se traduce en dilaciones y congestionamientos injustificados del sistema. Por ello comienza a buscarse un mecanismo tendiente a alivianar la carga de trabajo de los tribunales y acelerar el avance de los procesos, con el objeto de que la persona sometida a proceso tenga una solución más pronta a la situación de incertidumbre jurídica que pesa sobre él.


Entonces, en aquellos casos en que está claro como acontecieron los hechos y no hay mayor discusión sobre los mismos, se considera que no tiene sentido poner en marcha la realización de un proceso penal, con todo lo que ello implica, pudiendo entonces el imputado optar por reconocer la comisión del hecho para acceder al juicio abreviado. El beneficio para el imputado radicaría en que, al optar por el juicio abreviado, puede lograr un acuerdo sobre la pena con fiscalía; es decir, fija un límite para su pena.


No obstante este beneficio, si es que se lo puede llamar así, lo cierto es que hay ciertos cuestionamientos desde el punto de vista defensista. Por ejemplo, suele aducirse que el instituto se convierte en un instrumento de presión a favor de los fiscales, porque en cierto sentido amenazan al imputado diciéndole que si va al juicio común pedirán pena muy elevada, para de esta manera persuadirlo para que acepte firmar una condena en juicio abreviado con una pena más breve. Otro cuestionamiento que se hace, es que se ve afectada la garantía del Juicio Previo, el cual es una garantía constitucional.


Por ello, no obstante la utilidad del instituto, el mismo puede ser pasible de ciertas críticas u objeciones, y habrá que buscar la manera de compatibilizar la modalidad del instituto con aquellos principios que pudiesen considerarse, por una razón u otra, vulnerados.

a. Vulneración a la garantía que prohíbe la autoincriminación?


Uno de los puntos de vista orientaba las críticas a la vulneración del principio que prohíbe la autoincriminación (nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo), ya que este instituto parte de la base de que el imputado reconoce la comisión del hecho.


Ahora bien, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Las garantías constitucionales o supranacionales son irrenunciables? A prima facie sería sensato decir que no puede renunciarse a ellas por tratarse de mandatos que emanan no sólo de la Constitución Nacional, sino de instrumentos internacionales incorporados por nuestro país. No obstante, podríamos pensar, por qué no, que un derecho protegido por tal o cual garantía, podría renunciarse en la medida en que haya algún beneficio que compense tal renuncia. Por ejemplo, si bien no se puede obligar a alguien a declarar contra sí mismo, tampoco puede obligarse a alguien a que no confiese. Entonces, quien confiesa aquejado por el peso del crimen que yace en su conciencia, estaría eligiendo, podríamos decir, declarar contra sí mismo, renunciando de esta manera a la garantía que veda la autoincriminación; y esto será válido en la medida en que, por supuesto, no haya sido obligado o coaccionado de alguna manera a confesar.


Con respecto al principio que veda la autoincriminación, se critica que el instituto genera situaciones en donde a veces los imputados aceptan su culpa en causa donde son inocentes, pues sabiendo acerca de las demoras en las causas judiciales, priorizan un arreglo que anticipe su libertad. Por ejemplo, el caso donde un imputado por un delito reprimido con pena relativamente breve pero no excarcelable, al haber pasado dos años en prisión preventiva, sabe que si firma el acuerdo de juicio abreviado por cuatro años como límite de la pena, podrá luego comenzar a gozar de las salidas que prevé la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena. Por ello preferirá celebrar un acuerdo abreviado aunque no haya cometido el hecho que se le imputa, a tener que seguir soportando las cargas y restricciones que el juicio penal impone sobre él. Y es en este sentido que podría decirse que existe coacción, y quizá desde este punto de vista pueda verse afectada, en cierto sentido, la garantía que prohíbe la autoincriminación.

b. Vulneración a la garantía del Juicio Previo?


Desde el punto de vista de la crítica al juicio previo, hay quienes consideran que esta garantía no se ve afectada, pues el imputado renuncia a ciertos derechos procesales como ofrecer prueba, al debate, pero no renuncia derechos ineludibles, como ser el derecho a su defensa, ni a la prohibición a la autoincriminación, ni a demás garantías fundamentales.


Otros sí critican constitucionalmente el instituto, pues consideran que se afectaría la garantía del juicio previo, ya que en virtud del Art. 18 de la Constitución Nacional, nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Entonces, prescindir del debate oral, el cual se considera como el juicio propiamente dicho, para algunos sería una afectación a esta garantía constitucional, porque equivaldría a prescindir del juicio propiamente dicho, con la gravedad de que se estaría imponiendo una pena sin ese juicio previo. Este suele ser el fundamento central de la crítica al instituto.

c. Regulación en el Código Procesal Penal de Jujuy – Ley 5623/09


Veamos cómo está regulado el instituto en nuestro código:

C.P.P.JUJUY Art. 385.- JUICIO ABREVIADO INICIAL. 
1. Si el Ministerio Fiscal, en la oportunidad prevista en los artículos anteriores, estimare suficiente una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla, podrá solicitar al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según este artículo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena. El acuerdo a que se refiere esta norma podrá también celebrarse durante los actos preliminares al juicio, hasta el inicio de la audiencia de debate. 
2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor sobre la existencia del hecho y la participación de aquél, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída. A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia. 
3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que, tomará conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada en la calificación legal admitida, llamará autos para sentencia, la que deberá dictarse en un plazo máximo de seis (6)as. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, le recabará su opinión, la que no será vinculante. 
4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo abreviado, se procederá según las reglas del procedimiento común con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 (audiencia- oralidad y publicidad) y siguientes del Código Procesal Penal. En tal caso la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada como un indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vinculará al agente fiscal que actúe en el debate. 
5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas producidas durante la instrucción, y en su caso, en la admisión a que se refiere el inc. 2) de esta norma y no podrá imponerse una pena superior o más grave que la pedida por el Ministerio Fiscal. 
6. Contra la sentencia serán admisibles los recursos de casación e inconstitucionalidad según las disposiciones comunes. 
7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento de juicio abreviado, salvo que exista un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque se podrá deducir en sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer los recursos indicados en el inciso anterior en la medida que la sentencia puede influir sobre el resultado de una reclamación civil posterior. 
8. Lo dispuesto en este artículo no regirá en los supuestos de conexión de causas si el imputado no admitiera el requerimiento fiscal respecto a todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación (artículo 67). 
Cuando hubiere varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad. 
 
C.P.P Jujuy - Art. 494.- JUICIO ABREVIADO. TRÁMITE. Si el imputado confesare circunstanciada y llanamente su culpabilidad, podrá omitirse la recepción de la prueba tendiente a acreditarla, siempre que estuvieren de acuerdo el juez, el fiscal y los defensores. En tal caso, la sentencia se fundará en las pruebas recogidas en la investigación penal preparatoria y no se podrá imponer al imputado una sanción más grave que la pedida por el fiscal.  

A continuación, expondremos una serie de consideraciones, a fin de analizar ciertos requisitos y situaciones que existen a la hora de optar por abreviar el trámite, prescindiendo del debate oral para que el tribunal resuelva la acusación en base a la prueba producida en al investigación.


- Primera consideración: debe haber un acuerdo entre el imputado, (que tiene que estar asistido por su defensor) y el fiscal. ¿Es necesario oír a la víctima?


En este acuerdo no forman parte la víctima ni la querella. Si el acuerdo se celebra durante la investigación penal preparatoria, el fiscal presentará el acuerdo al juez de control, y este lo eleva al tribunal de juicio, el cual, si no rechaza el acuerdo, correrá vista a la querella al solo efecto de escuchar su opinión, la cual no es vinculante, antes de dictar sentencia.

El hecho de oír a la querella antes de dictar sentencia es, a todas luces, acertado. Si la propia ley concede participación al querellante durante el proceso, no parecería razonable no tener en cuenta su opinión en las conclusiones finales, a la hora de que el tribunal tome una decisión.

Por otro lado, la Ley 27372 de DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS, establece en su artículo 5 inc. K) que la víctima tiene el derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente.


La necesidad de oír a la querella tiene que ver con el derecho de tutela efectiva de la víctima. De tal modo, habrá que ver entonces cómo se compatibiliza este derecho, con el hecho de que la opinión de la querella no sea vinculante para llevar adelante el juicio abreviado. Consideramos que esto también se relaciona con las concepciones que se tengan acerca del delito; si consideramos que el delito siempre es una ofensa hacia el Estado, como sucede en ciertos países, parecería entonces que la voz de la querella no debiera ser tan importante. Ahora, si consideramos que el delito es un conflicto que se produce entre dos partes, o entre dos personas, entonces creo que en este caso si se le debería dar mayor importancia a la víctima y a la querella. Estamos hablando, por supuesto, en aquellos delitos en donde el afectado es otra persona, no en aquellos casos en donde el afectado es la Administración Pública propiamente dicha, casos específicos en donde aquí la víctima directa sería el Estado.


Así pues, si una ley procesal veda u omite admitir la opinión de la querella ante el juez antes de que se dicte sentencia de juicio abreviado, la querella sí podría plantear la inconstitucionalidad de la disposición legal y/o procesal que incurre en esta prohibición u omisión, en base a la vulneración de principios constitucionales y convencionales que hacen a la tutela judicial efectiva de la víctima.


- Segunda consideración: el imputado debe reconocer circunstanciada y llanamente la participación en el hecho establecido en el requerimiento de elevación a juicio y la calificación legal allí determinada.


Lo que podría no surgir claro del texto procesal para quién se está iniciando en la práctica penal, es que tiene que haber un Requerimiento de Citación a Juicio por parte de fiscalía, el cual debe cumplir con todas las formalidades que la ley dispone para este acto procesal bajo pena de nulidad (Arts. 384 CPP).


El hecho de que los códigos procesales dispongan que el imputado reconozca el hecho lisa y llanamente, trae aparejada la consecuencia de que no pueda hacer ningún tipo de aclaración sobre la mecánica del mismo ante el Juez, ya sea para aclarar si en realidad ocurrió de otra manera, o que él participó en tal sentido pero no en otro, pues debe aceptar el hecho tal cual se describió en el requerimiento de elevación a juicio.


Este requerimiento fiscal deberá contener un ítem que, de haberse seguido el procedimiento común, no estaría incluido: y es el apartado que informa el acuerdo de juico abreviado celebrado con el imputado, con el expreso pedido de pena formulado por el fiscal. Una vez que el requerimiento queda firme, el fiscal da por cerrada la investigación y se elevan las actuaciones al Tribunal en lo Criminal para que continúe el trámite de Juicio Abreviado.


Ahora, aquí comienzan los interrogantes.


Un supuesto se produce cuando el acuerdo entre el fiscal y el imputado se efectiviza antes del cierre de la investigación penal preparatoria. Esto facilita las cosas, ya que el requerimiento de elevación a juicio contendrá el acuerdo celebrado entre las partes, y así llegará al Tribunal Criminal.


Pero también existe un supuesto, quizá más complicado, que se produce cuando las partes manifiestan su voluntad de celebrar acuerdo de juico abreviado ya en etapa de Juicio, es decir, cuando ya hubo un requerimiento de citación a juicio sin abreviado, y así se cerró la investigación. Como ya vimos anteriormente, en Jujuy el procedimiento de Juicio Abreviado puede solicitarse hasta la apertura de la audiencia de debate.

En base a este segundo supuesto, a prima facie parecería que, si el hecho ya vino calificado en el requerimiento como robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, luego no podría llegarse a un acuerdo por robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para e disparo no ha podido demostrarse. Parecería sensato decir que, en principio, no se podría acordar por otra calificación legal, ya que la investigación se cerró con la acusación contenida en el requerimiento. Sobre este tema nos adentraremos más adelante.


Un dato a tener en cuenta, útil en la práctica, es el cambio de operatoria que se produjo recientemente en fiscalía. Durante el inicio de la existencia del Ministerio Público de la Acusación, estaban bien divididos los roles de los fiscales, tal cual lo dispone la ley adjetiva. Es decir que los fiscales de investigación actuaban hasta el cierre de la investigación, y luego eran los Fiscales de Cámara quienes se hacían cargo de sostener la acusación contra el imputado en Juicio. No obstante, el Ministerio Público de la Acusación eventualmente dispuso por operatoria interna, que sean los mismos fiscales de investigación los que continúen la causa en etapa de juicio, y que sean ellos quienes luego sostengan la acusación en el debate oral.


Esto trae aparejada la siguiente consecuencia para el practicante: y es que, probablemente, el acuerdo de juicio abreviado lo tenga que celebrar en juicio con el fiscal de investigación penal. Y vale también señalar, que al hacerle la petición al tribunal para iniciar el Juico Abreviado conviene, en la medida de lo posible, acompañar ya el acuerdo firmado entre las partes con el fiscal. Esto en la hipótesis de que recién se está por solicitar el procedimiento en etapa de juicio, sin habérselo solicitado antes, durante la investigación.


La comunicación entre los operadores del derecho, colegas fiscales, defensores y secretarios judiciales, cobra importancia en ciertos casos. Por ejemplo, piénsese en el supuesto en el que una causa elevada a juicio será continuada por un fiscal de otra circunscripción territorial. Esto sucede en Jujuy cuando son los fiscales de investigación de San Pedro los que continúan la causa en juicio. Aquí se complica un poco la situación para el abogado defensor de la ciudad, ya que debe acordar con el fiscal del Centro Judicial de San Pedro el juicio abreviado, y es la Secretaría de fiscalía la que debe elaborar el acta de acuerdo de juicio abreviado, la cual debe contener la firma del fiscal y el defensor, siendo esta el acta que debe llegar al Tribunal en lo Criminal al solicitarse el trámite. Esto trae aparejado que el abogado defensor, o tenga que viajar a San Pedro a efectos de firmar el acta de acuerdo de juicio abreviado con el fiscal, o bien de alguna manera coordine con el fiscal, para que ambos se reúnan a firmar el acta cuando el fiscal se encuentre en los tribunales de la ciudad.


- Tercera consideración: el imputado debe estar asistido por su defensor; necesidad de un asesoramiento correcto.


El asesoramiento del Defensor Penal es un requisito ineludible exigido por la ley. No obstante, es necesario que sea un asesoramiento eficaz, integral, de modo que el imputado realmente comprenda las implicancias de la aplicación del instituto, sobre todo cuando acarrea una condena, que es lo que generalmente ocurre.


En la práctica, se solicita a la fiscalía correspondiente que fije audiencia a efectos de celebrar acuerdo de juicio abreviado. Entonces se fijará la fecha en la cual el imputado con su defensor y el fiscal se reunirán para celebrar el acuerdo, el cual quedará plasmado en un acta. Los términos de éste acuerdo son los que el fiscal de investigación plasmará en el requerimiento de citación a juicio que se elevará al tribunal.


Se hace necesario que se aclaren todas las cuestiones importantes al imputado, para luego evitar malentendidos que puedan entorpecer o hasta frustrar el acuerdo. Por ejemplo, en el caso del imputado que lleva dos años en prisión preventiva, y firma un abreviado de cuatro años teniendo en mente que podrá empezar a gozar del derecho de libertad condicional acordado por la Ley 24.660, habría que explicarle que el acceso a la libertad condicional no es automático por el mero cumplimiento del tiempo establecido en la ley, sino que deberán cumplimentarse otros requisitos de carácter administrativo y legal ya en fase penitenciaria. Esto es así, ya que el Juez de Ejecución, que es quien en definitiva decidirá sobre la concesión o no de la libertad condicional, observará además que se hayan cumplido los requisitos que exige el Código Penal, así como los que exige la ley 24.660 en los Artículos 28, 29 y 29 bis relativos a la libertad condicional.


Por otro lado, es aconsejable para el defensor litigante, que al presentar la solicitud de audiencia para celebrar acuerdo de juicio abreviado al fiscal, o bien al tribunal en la etapa de juicio, se presente el escrito manifestando que se explicó al imputado los pormenores de la aplicación del instituto, y que dicho escrito sea firmado también por el imputado. Esto es una garantía para el defensor penal en aquellos casos con imputados complicados, que podrían luego llegar a negarle al fiscal o al juez que su defensor los haya asesorado. Esto a veces sucede en la práctica, por ejemplo porque el imputado luego habló con un familiar que lo convenció de que no firme el acuerdo de condena. De tal modo, procediendo de esta manera el defensor resguarda su buen proceder, ya que de lo contrario su buen asesoramiento pue