STJ - ALEGATO; PLAZO PERENTORIO; PLAZOS PROCESALES

Actualizado: 16 abr 2021



Expediente: 11201-2014

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia

Competencia: Recursiva

Fecha: 03/02/2016

Libro de Acuerdos: 58

N° de Registro: 984


Voces Jurídicas: ALEGATO; PLAZO PERENTORIO; PLAZOS PROCESALES;


Libro de Acuerdos Nº 58, Fº 3454/3459, Nº 984. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los tres días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunidos los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia doctores Clara Aurora De Langhe de Falcone, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Marcelo Jenefes y Sergio Ricardo González; bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº 11.201/14, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nº C-004.090/10 (Sala II – Tribunal Contencioso Administrativo) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Miranda, Miguel Marcelo c/ Municipalidad de San Pedro de Jujuy”, del cual;


La Dra. de Falcone, dijo:

Mediante resolutorio de fecha 10 de noviembre de 2.014, la Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo, resolvió en el punto 1.- rechazar el reclamo ante el Cuerpo deducido por la Dra. M.F.B, llamándole la atención a la letrada en el punto 2.-, haciéndole saber que de reiterar conductas como la analizada en los considerandos del pronunciamiento, sería pasible de severas sanciones.


Para decidir en tal sentido sostuvo que a fs. 166 se dispuso la clausura de la etapa probatoria y poniéndose los autos en estado de alegar, expresando la providencia: “...haciendo saber al actor y a la demandada que deberán presentar memoriales por escrito en el plazo de diez días y en forma sucesiva (art. 57 del C.C.A.). Autos a disposición de la actora”.


Sostuvo que el decreto referido fue notificado a las partes conforme constancias de fs. 167/169, formulando la actora alegatos a fs. 170/174, llamándose a autos para sentencia a fs. 175.


Dice que bajo tal orden de ideas, la providencia de fs. 166 puso los autos en estado de alegar tanto para la actora como para la demandada, haciéndolo en forma sucesiva. Expresa el a-quo, que el hecho de que se consignara la disposición de los autos a la parte actora, lo fue en razón de que correspondía que lo hicieren por su orden, lo que en nada obsta que esa disposición de plazo común genere efectos para ambas partes a las que se encontraba dirigida.


Expone que la demandada, vencidos los diez días otorgados a la actora, debió concurrir al Tribunal a los efectos de retirar los autos para presentar memoriales, y en caso de no encontrarse los mismos a su disposición, debió solicitar la suspensión de plazos, si lo consideraba pertinente.


Refieren los sentenciantes que sin embargo, no concurrió sino luego de la notificación del llamado de autos para resolver (fs. 178), conforme informe actuarial de fs. 178 vta.


Dicen que no puede sino entenderse que conforme a la providencia referida, el plazo para alegar es único (10 días) y corre en forma sucesiva, esto es, vencidos los diez días otorgados a la actora, automáticamente comienza a correr para la demandada idéntico plazo, sin que deba notificarse providencia alguna.


Señalan que la doctrina resulta conteste en sostener que “Es de buena práctica judicial que el Tribunal disponga el orden en que el expediente será retirado en préstamo por cada uno de los litigantes. Queda claro que la no devolución del expediente dentro del plazo faculta al juez a disponer la suspensión del plazo para alegar respecto de todos los litigantes que a partir de la fecha que tenían que retirarlo no lo pudieron hacer”.


Expresan que por otra parte, es principio general que pretender hacer caso omiso de los plazos llevaría a la imposibilidad de administrar justicia, porque abierta indefinidamente la posibilidad de argumentar en defensa de los propios intereses, no podría dictarse resolución.


Reiteran que por providencia de fs. 166 se pusieron los autos en estado de alegar en forma sucesiva y concurrió la demandada al Tribunal cuando fue notificada del llamado de autos para sentencia, cuando el expediente se encontraba a su disposición a partir del 14/09/14 sin que se presentase siquiera a compulsarlo.


Hace referencia y transcribe los artículos 155, 187, 188 y 190 del Código Procesal Civil para concluir que el reclamo de la demandada no sólo carece de fundamento sino que no ha expresado agravio alguno al momento de su interposición.


Entendió que el derecho de defensa no ampara el inapropiado e indecoroso uso de las excepciones y medios impugnaticios que el ordenamiento jurídico dispone, razón por la que dispone llamar la atención a la Dra. Baiud, haciéndole saber que de reiterar dichas conductas sería pasible de severas sanciones.


En contra del pronunciamiento la Dra. M.F.B deduce recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria a fs. 05/14.


Luego de hacer referencia a los antecedentes de la causa, esgrime como primer agravio la violación del derecho de defensa de su representada y la omisión del a-quo de habilitarle la posibilidad de alegar.


Refiere que por providencia de fecha 22 de septiembre de 2014, se dispuso: “En atención al informe actuarial que antecede y estado de autos, clausúrase la etapa probatoria, y pónganse los autos en estado de alegar, haciendo saber al actor y a la demandada que deberán presentar memoriales por escrito en el plazo de diez días y en forma sucesiva (art. 57 del C.C.A). Autos a disposición de la actora”.


Dice, que tal proveído es notificado a las partes el día viernes 26 de septiembre de 2.014, disponiéndose mediante decreto de fecha 29 de octubre de 2.014 que: “Atento al informe actuarial que antecede, téngase presente y por agregados alegatos por parte de la actora. En atención al estado de la causa, llámese autos para resolver” (art. 72 C.C.A.).


Entiende que la decisión adoptada vulnera el derecho de igualdad de raigambre constitucional, viéndose violentado en el proceso, toda vez que se informa a la parte actora que tiene los autos a disposición, pero jamás se notifica a su representada tal situación, lo que motivó la interposición de reclamación ante el cuerpo rechazada por sentencia del 10 de noviembre de 2.014.


Sostiene que la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo, debió proceder de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 2, 4, 5 y 8 del Código de Procedimiento Civil, es decir ejerciendo la dirección del proceso, no dándose un procedimiento distinto al que fijan las disposiciones del Código y principios fundamentales que ordenan la substanciación del proceso y respetando los principios de igualdad y probidad.


Dice que el Tribunal impone una carga a su mandante en desigualdad con la parte actora a quien se notifica que los autos se encuentran a su disposición, toda vez que su mandante debía contar los diez días que se concedieron a la parte actora para alegar, constituirse en el Tribunal a buscar el expediente y en caso de no encontrarse a su disposición, presentar un escrito solicitando la suspensión de términos, esperando luego que le sea notificada la decisión adoptada al respecto, para recién allí informarle el Tribunal que los autos se encuentran a su disposición.


Refiere que lo descripto precedentemente, viola el principio de igualdad entre las partes, cuestionando además el Tribunal su labor profesional y su conducta procesal, remitiéndonos a la lectura de las consideraciones efectuadas por la letrada al respecto en honor a la brevedad.